BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 23/04/2021

RECETA PARA UNA TRAGEDIA

El escándalo de Altozano, que representó un quebranto de 90 millones de pesos en las arcas municipales de Cuauhtémoc, no representa nada ante la vida en riesgo de niñas y niños, en las comunidades más marginadas del estado, por la mala aplicación del programa la Escuela es nuestra.

Indira Vizcaíno, entonces titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo de Colima (DPDC), tenía una sola responsabilidad: vigilar que los programas del gobierno de López Obrador se aplicaran adecuadamente, conforme a las reglas de operación.

No se hizo y ahora pone en riesgo la vida de cientos de niñas y niños que reciben clases en escuelas que fueron construidas o modificadas incumpliendo la norma de infraestructura educativa, por lo que no son espacios estructuralmente seguros.

En un reportaje que publicó Newsweek en español documento todo este fracaso de aplicación de una política pública. El caso más grave de omisión está en el Sauz, Minatitlán. Ahí se construyó una escuela, donde actualmente reciben clases cerca de 14 estudiantes, de preescolar y bachillerato.

Las instalaciones se construyeron en una ladera, con riesgo de derrumbe, de acuerdo a los análisis técnicos que hizo el Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa (Incoifed). La construyeron padres de familia y gente de la misma comunidad, lo cual es bueno, pero debieron hacerlo con acompañamiento técnico.

Indira Vizcaíno era la responsable de vigilar que así fuera, como lo marca las reglas de operación del programa, pero no fue así, a pesar de que la misma delegada de la DPDC visitó esa escuela el año pasado. Ni así se dio cuenta de que estaba avalando una escuela insegura.

Recordemos lo que pasó en el colegio Rébsamen, en la Ciudad de México, donde murieron 19 niñas y niños, así como siete adultos, aplastados por una escuela mal construida, iguales a las que se hicieron el año pasado con La escuela es nuestra y que la misma Indira avaló como titular de la DPDC.

Aquí no entran colores. No es grilla. No son ataques con adjetivos o de índole política, sino una estruendosa omisión que la tipifica para sanciones conforme a la Ley de Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 47, fracción I, II, XX y XXII.

Indira ganaba como delegada un sueldo bruto mensual superior a los 120 mil pesos, una buena lana porque, entre sus responsabilidades, la más importante, era vigilar que los programas federales se aplicaran correctamente y conforme las reglas de operación.

¿Qué estaba haciendo Indira o en qué estaba distraída para incumplir con los objetivos primordiales de su función? ¿Qué nos dice esta omisión terrible de su trabajo como funcionaria pública? Son hechos, acciones –en este caso omisiones—que no pueden pasar por alto, porque no se vale que siempre se afecte a los más vulnerables, en este caso a la infancia de las comunidades rurales del estado.

Ahora bien, está el caso del Sauz, el de Agua Dulce, en Villa de Álvarez y el de la Lomita, también en Mina, pero podrían ser muchos más, pues les entregaron a los padres de familia 16 millones 050 mil pesos para modificar o construir escuelas: 101 escuelas entraron en esa bolsa de recursos, pero solo 20 planteles tuvieron acompañamiento técnico. Eso de acuerdo a la información que me dio la DPDC.

Pero, recientemente, el gobierno federal respondió una solicitud de transparencia que formulé, en la que me entregaron el padrón de escuelas beneficiadas (resulta que son dos escuelas menos) y 15 millones 700 mil pesos lo que le reportó Indira al gobierno de López Obrador. Es decir, hay un faltante, no reportado al gobierno de AMLO, de 350 mil pesos.

Independientemente de que pasó con esa lana, que luego tendrán que explicar en las auditorías, lo realmente preocupante es que no hay forma de verificar y acreditar que esos más de 17 millones de pesos se ejercieron para cumplir con los objetivos del programa.

Solicité, en ese sentido, el formato de control de gastos de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) de cada plantel beneficiado, el formato de rendición de cuentas, los comprobantes de gastos correspondientes al 2020 y, también, los planes de trabajo de cada plantel beneficiado durante ese año.

Misteriosamente, ninguna de esa información se me entregó, por lo que ya presenté una queja ante la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Qué sospecho con esto? Que lo más seguro es que la DPDC no tiene esa información o que es inexistente. Luego, no hay manera de comprobar que el recurso fue debidamente ejercido o, si quiera, entregado a las comunidades.

DOS PUNTOS

Colima es un estado donde convergen diversos fenómenos naturales que incrementan las situaciones de riesgo, ante la omisiones y negligencias de las autoridades. Los temblores y huracanes no matan a las personas, sino escuelas, edificios, estructuras deficientemente construidas y que, a la más leve trepidación o fuertes lluvias, causan una tragedia.