

Villa de Álvarez, Col. Aun cuando la síndica del ayuntamiento de Villa de Álvarez, Karina Heredia, está impedida para participar en actos proselitistas por cualquier partido político, este martes por la mañana acompañó al candidato a la gubernatura de Colima del partido Verde Ecologista de México (PVEM), Virgilio Mendoza, a realizar un recorrido por los negocios instalados alrededor del jardín principal de este municipio.
De acuerdo con el Código Electoral del Estado de Colima “todos los funcionarios públicos (estatales o municipales)”, en los que se incluye a síndicos y regidores de los Cabildos se encuentran “impedidos de participar en campañas electorales de los candidatos a cargos de elección popular”.
Es por ello que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima advirtió que la participación de funcionarios públicos, estatales o municipales, en las campañas electorales “puede generar sanciones”.
De conformidad con dicho Código, en su Título Segundo, relativo a los derechos y obligaciones político electorales, Capítulo I, artículo 7, Fracción IX, se establece la prohibición de participación de los servidores públicos en campañas electorales.
La fracción IX de dicho artículo señala: “Cuando se trate de funcionario público deberá participar con sus recursos propios y fuera del horario de trabajo oficial”.
Al referir el Código Electoral el término de “funcionario público” se debe entender que son todos: secretarios, directores e incluso síndicos y regidores.
Es de mencionar que algunos síndicos y regidores, e incluso funcionarios de administraciones municipales, están participando activamente con algunos candidatos a la gubernatura del Estado, tal es el caso de Mayrén Polanco, regidora de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, y Karina Heredia, síndico del Ayuntamiento de Villa de Álvarez quien ha participado en actividades del Candidato a la Gubernatura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Virgilio Mendoza Amezcua.
Sin embargo, se aclaró en el órgano electoral que la participación de funcionarios en las campañas político electorales deben de ser denunciada por los propios partidos políticos, pues el IEE no puede intervenir por oficio.

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