LECTURAS

NOE GUERRA PIMENTEL | Opinión | 17/02/2012

FEPADE ¿JUEZ Y PARTE?

Si Calderón pensaba que sacando a Moreira de la jugada se iban a terminar los dolores de cabeza que le estaba dando por sus erráticas políticas gubernamentales, ya quedó claro que estaba equivocado, el relevo en la dirigencia nacional del CEN priista, Pedro Joaquín Coldwell, se ve que no le dejará pasar ni una, con el adicional de que a éste poco o nada le podrán sacar, ni real ni inventado, como si lo hicieron contra el defenestrado coahuilense.

Para muestra la fundada reacción del quintanarroense con el turbio y por demás irregular cambio en la FEPADE, arbitraria acción de la Presidencia ejecutada a través de la PGR, de la que caen en la mesa varias dudas que acusan al obligado “sospechosismo” (Creel dixit), destacando el hecho que se traduce como una ordinaria vendetta contra el anterior titular, al haber fallado sin acatar la temeraria acusación de Calderón, cuando sin pruebas indició que el crimen organizado había influido en los resultados de Michoacán, buscando con ello la nulidad de las elecciones a favor de su hermana Cocoa, pero a la vez con otros alcances que habrán de tener su desenlace en el ya cercano 1 de julio.

Una decisión a todas luces autoritaria contra una institución de confianza, que de paso busca debilitar o hacer a modo a instituciones clave del Estado, en lugar de buscar fortalecerlas como es su obligación en cuanto a credibilidad, certeza y la equidad que le urgen al País. Un cambio que en la burda lógica presidencial se veía venir, tal y como lo adelantó el CEN priista y que ni así se dudó en ejecutar, pero ¿Hacia dónde lleva esta acción, por no llamarle abuso desde el Poder?

Vamos por partes, primero, al sustituir a un fiscal en delitos electorales cuando el proceso ya está en marcha, a cuatro meses de las elecciones, debe haber una explicación, más que legal, legítima, ya que si bien la ley faculta al titular del Ejecutivo Federal con esa atribución, sí hizo falta la pertinente, cabal y sobre todo convincente información de un gobierno que pretenda transparencia, justicia, equidad, respeto institucional y democracia.

Más aun cuando la información de que se dispone, afirma que el desempeño gubernamental del anterior fiscal funcionaba no sólo dentro de la normalidad, bastante bien, regular y claro en sus informes mensuales ante el Consejo General del IFE, con un 92% de sentencias condenatorias, cuando comparativamente ninguna dependencia de la PGR tiene esa eficacia productiva, ninguna. En los números se indica que el funcionario que sí cumplió, de pronto es removido sin explicación alguna a la sociedad ¿Porqué?

Pero no es todo, hay más razones que dan la respuesta, hará mes y medio, cuando José Luis Vargas Valdés, el exFiscal estuvo en Washington, ante el Consejo de las Américas, donde dijo dos cosas opuestas a la que ha venido sosteniendo el Gobierno panista: El titular del Ejecutivo debe convocar a los partidos a hacer un pacto, para evitar la captura del Estado, pero sin uso partidario, ni uso electorero del tema de combate al narco, que hagamos de esto una política de Estado; pero dijo otra cosa más, que consideraba imposible que alguien pudiera alterar un resultado electoral de manera masiva, por los candados del sistema, la confiabilidad y vigilancia que existe hacia el mismo.

Es evidente que el Gobierno Federal y su partido hacen uso partidista y faccioso de las instituciones de procuración de justicia, lo que es muy grave y por demás atentatorio contra la sociedad pues pone en riesgo la credibilidad de los procesos electorales en puerta.

A esto, cabe un llamado a la sensatez, a la prudencia, estamos a tiempo para que México tenga un proceso electoral competido, intenso y si se quiere debatido, pero limpio, que todos nosotros los ciudadanos podamos libremente expresar nuestras preferencias, nuestras propuestas y poder analizar los profundos cambios que el país necesita para salir de estas crisis en las estamos inmersos.