BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 13/11/2020

QUIÉN SE OPONE AL NUEVO LIBRAMIENTO

POR: César Barrera Vázquez

¿Quién se podría oponer, en un momento de crisis económica, a la generación de más de 3 mil empleos, la derrama económica de más de 2 mil millones de pesos y el beneficio para constructores, contratistas y proveedores locales del ramo de la construcción en el estado?

¿Quién estará en contra de la construcción de un nuevo libramiento, cuyo uso es gratis para todos los automovilistas con placas de Colima? ¿Habrá alguien que se oponga a un proyecto que inhibirá el tránsito del transporte pesado y peligroso por el Libramiento Ejército Nacional, evitando riesgos causados por accidentes viales y peatonales en ese tramo?

¿Quién dice no a un mejor ordenamiento territorial y urbano de la zona metropolitana, al desasociar el transporte de carga pesada y peligrosa con el de vehículos particulares? ¿Quién se siente seguro cuando maneja rodeado de tráileres?

Y pensando a futuro, ¿no es mejor evitar el estrangulamiento de la zona metropolitana al convertir el Libramiento Ejército Mexicano en una vialidad completamente urbana, donde transiten sólo vehículos particulares, a que continúen aumentando cada vez más el tránsito de transporte pesado y de material peligroso?

Vaya, en estos tiempos de austeridad, ¿quién está en contra de ahorrar millones de pesos en el mantenimiento de ese tramo, intensamente gastado por la circulación de este transporte pesado?

¿Quién se opone a un proyecto que no lastima las finanzas estatales, crea obra de infraestructura de primer nivel y que, al finalizar el plazo de concesión, el estado obtiene un activo valioso para su patrimonio, sin haberle costado un solo peso?

¿Habrá alguien que no vea que este proyecto embona con el crecimiento del puerto de Manzanillo y que concede, además, al gremio de transportistas un nuevo tramo de circulación más seguro y confiable al no pasar por las zonas urbanas, densamente pobladas y que encarecen el precio de los seguros por riesgos de accidentes?

Dentro de la fauna política, ¿habrá algún malaleche que pretenda dañar la imagen del estado, con el sainete del negocio particular, y mandar un mensaje de desconfianza e incertidumbre entre los inversionistas y, de esa forma, evitar que lleguen a Colima proyectos a futuro?

Ahora bien, en una asociación público-privada, donde los inversionistas van a invertir su dinero personal, ¿no es justo que exijan una garantía al estado de que aplicarán la ley e impedirán el paso del transporte de carga pesada, sustancias y materiales peligrosos por la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez?

De ahí, pues, que el gobierno del estado esté pidiendo al congreso del estado una fianza garantizable de inversión por los 65 millones de pesos a partir de las participaciones federales, esto para respaldar la inversión de más de 2 mil 100 millones de pesos.

Y es que, en ese sentido, la única forma en que se podría activar la fianza garantizable de inversión, se daría en dos supuestos remotos, casi imposible de que sucedan, de acuerdo a la autoridad estatal: que la empresa no le cobre la cuota de peaje a los usuario de carga pesada; y, por otro lado, que el gobierno estatal no cumpla con la restricción del paso.

¿Pero habrá, pues, quien piense lo peor y esté seguro de que el gobierno incumplirá a propósito esto? Los que están en contra, ¿tienen acaso otro proyecto que propicie una derrama económica de más de 2 mil millones de pesos? ¿Anunciarán algún proyecto que genere más de 3 mil empleos?

¿Qué van a esgrimir los que están en contra de este proyecto, a pesar de todos los beneficios ya mencionados? Lo triste es que seguro saldrán con algo, alguna acusación sin fundamento, una insidia para hacer grilla y llevar la contraria, sin importar las implicaciones que esto tenga.

DOS PUNTOS

La fianza que exige la empresa es un movimiento común, ordinario y de rigor en esta clase de esquemas de asociaciones público privadas. De no entender esto los legisladores, mandarán un terrible mensaje a inversionistas y generarán incertidumbre para futuros proyectos de inversión. Además, una fianza por poco más de 60 millones de pesos para amarar una inversión superior a los 2 mil millones de pesos, resulta risible.