Comparecencias de secretarios para la glosa del quinto Informe de Gobierno

Administrador Colimapm | Colima | 21/10/2020

*Gobierno del Estado con orden y disciplina ante la peor crisis financiera del país *Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, Carlos Noriega destacó los trabajos hechos para aminorar el impacto de la disminución de recursos federales *Gobierno de Colima, IMSS y Sindicato logran acuerdo histórico; los trabajadores cotizarán en salario real *Meiners Tovar precisa que el tema de la cotización de los trabajadores en el IMSS tenía décadas sin resolverse *Con dicho acuerdo, se regulariza la cotización de los trabajadores a salario real en el IMSS *Este acuerdo histórico debe replicarse en otras entidades públicas

Ante los temores de que la economía mexicana colapse por los efectos de la pandemia y la crisis financiera, el gobierno de Colima le hace frente a este adverso escenario con orden, disciplina financiera y buen manejo de gasto público, afirmó el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (Seplafin), Carlos Arturo Noriega, durante su comparecencia ante legisladores locales, en el marco de la glosa por el 5to Informe de Gobierno.

El funcionario precisó que no obstante que la pandemia por el Covid-19, ha golpeado con severidad a todos los sectores productivos de la entidad, trayendo consigo un desplome en los ingresos tributarios, se aplazaron el pago de impuestos y se aplicaron diversos incentivos fiscales, acción necesaria para apoyar la economía de las familias colimenses y del empresariado, cuya estimación representaba una disminución de ingresos cercano a los 105 millones de pesos por concepto de recaudación.

Resaltó la sensibilidad y responsabilidad del gobierno estatal, al aplicar estos apoyos y mantener los compromisos de gasto social, pese a que los efectos de la pandemia sobrepasaron las expectativas y, de marzo a septiembre, los ingresos tributarios descendieron en un 23.9%, equivalente a 313 millones de pesos.

En cuanto a la deuda pública, Noriega García precisó que al día de hoy la deuda pública del estado es por 3 mil 258 millones de pesos; y desmintió que sea mayor a 6 mil millones de pesos, como aseguran algunos actores políticos.

 “Los números no mienten y ahí están las respectivas cuentas públicas, solo hay que estudiarlas y entenderlas sin distorsión alguna. Directa 2702.2, más corto 555.5 nos da 3,258 al cierre de septiembre de 2020. Es la Ley misma, de Disciplina Financiera, la que determina qué es deuda pública; no es algo que esté sujeto a interpretaciones o a gusto de nadie. Entonces, para hablar de deuda pública solo a partir de lo establecido por la ley; la deuda pública está definida y no vamos a reinventarla” puntualizó.

Aclaró la necesidad de contratación de 740 millones de pesos, pues la pandemia sobre pasó, y por mucho, toda capacidad institucional en el mundo entero, ya que no se contaba con recursos extraordinarios, así que el instrumento de deuda pública se aplicó responsablemente y en apego a las disposiciones de ley.

Agregó, que este recurso también se utilizará para concluir la obra física y equipamiento tecnológico del C5, lo que permitirá atender a la presente y futuras administraciones, la seguridad pública de los colimenses.

“Este tema, como muchos más de la administración, demandan evolucionar para estar a la altura de las necesidades y ser competitivos. No atender estas necesidades hubiese sido sumamente irresponsable, pero también habría sido en detrimento de los colimenses” apuntó.

Ante los legisladores, Noriega García recalcó que la deuda contraída se traduce en infraestructura y equipamiento que queda para la seguridad y salud de nuestra población, una inversión tangible que está a la vista de todos.

“Seguimos haciendo frente a los compromisos del desarrollo, haciendo frente a circunstancias adversas como la reducción y ajustes permanentes de los recursos federales, que ronda ya la cifra de los 2 mil 800 millones de pesos”, señaló.

Ante recortes de tales dimensiones, explicó que se limita el ejercicio presupuestal en temas como educación, proyectos de desarrollo regional, obra pública, pensiones para adultos y jornaleros agrícolas, turismo, infraestructura carretera, espacios públicos y mejoramiento de vivienda, entre otros.

“Las entidades seguimos enfrentando un decrecimiento en su coeficiente efectivo del Fondo General de Participaciones, lo que también se traduce en una menor cantidad de recursos recibidos. Estos recortes representan una afectación real; irremediablemente generan presiones en el manejo de la deuda de corto plazo para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, en los términos previstos por la ley” puntualizó Noriega García.

Reconoció que esta situación acrecienta los retos, pero aseguró que se tiene absoluta claridad de los compromisos, aunado a un buen trabajo financiero que ha permitido apalancar inversiones públicas de gran calado en materia de infraestructura en seguridad pública, salud y desarrollo urbano, que perdurarán por muchos años en beneficio de la población.

Carlos Noriega resaltó que debe considerarse que las obras y acciones realizadas con los recursos de financiamiento son tangibles, como los terrenos de la Calzada Galván donde se situaba anteriormente la vigésima Zona Militar, que se traduce en un activo a favor del gobierno estatal; además las unidades de cuidados intensivos neonatales en los municipios de Colima y Manzanillo; así como el edificio C5i), cuya inversión, marca un referente histórico en materia de seguridad pública en el estado.

Aprovechó su intervención para defender los fideicomisos y fondos, “necesitamos impedir la concentración que el gobierno federal pretende hacer de 68 mil millones de pesos que estaban en los fideicomisos, y que hoy los quieren transformar en producto o aprovechamiento y, al ser excedente, tenerlo como recurso de libre disposición en detrimento de las entidades”.

Explicó que a partir de diciembre de 2018, el Plan Estatal de Desarrollo, ha sido impactado como resultado de ajustes a programas y políticas públicas del Gobierno federal.

“Lo es así, porque en términos de la Ley Nacional de Planeación, las entidades deben alinear sus planes de desarrollo al Plan Nacional. En diferente proporción e intensidad, las decisiones del gobierno federal siguen generando incertidumbre en las 34 metas y 516 líneas de acción contenidas en nuestro Plan Estatal de Desarrollo” reiteró.

En ese sentido, agregó que será, hasta una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, que estemos en posibilidad de determinar la necesidad de ajustes, así como exponer una estimación de su cumplimiento.

Finalmente, Carlos Noriega expuso que estos cinco años han sido de tarea constante, diaria y tenaz para fortalecer a nuestras instituciones, caminando hacia nuevos horizontes con perspectivas más promisorias, con esperanza y la mirada puesta en el porvenir.

GOBIERNO DE COLIMA, IMSS Y SINDICATO LOGRAN ACUERDO HISTÓRICO; LOS TRABAJADORES COTIZARÁN EN SALARIO REAL

En su comparecencia ante el Congreso del Estado, con motivo de la glosa del 5to. Informe del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el secretario de Administración y Gestión Pública (SAyGP), Kristian Meiners Tovar, dio a conocer que se logró un acuerdo histórico entre el Gobierno de Colima, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima (STSGE), con el que se regulariza la cotización de los trabajadores a salario real en el IMSS.

De esta manera, dijo, el Gobierno del Estado reafirma el respeto de los derechos de los trabajadores, resolviendo a la vez un problema histórico que tenía décadas sin tratarse y que implicaba un riesgo financiero muy relevante.

Afirmó que las acciones para regularizar la cotización de los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, iniciaron desde el 2019 y, gracias a la disposición de las partes, se logró este acuerdo que debiera replicarse en el resto de las entidades públicas del Estado.

Al referirse al tema de las pensiones de los servidores públicos, Meiners Tovar precisó que es un tema muy importante, que tenía décadas desatendido, por ello el Gobierno del Estado, decidió emprender acciones para resolverlo, a pesar de las enormes dificultades políticas y legales que implicaba.

Indicó que la Primera Ley de Pensiones de los Servidores Públicos se realizó en 1962 y careció durante décadas de estudios actuariales y acciones que permitieran construir un fondo de ahorro, que le hiciera frente al gasto futuro que le iba a representar para pagar la pensión a los trabajadores: “Lo más fácil para esta administración hubiera sido seguir pagando las pensiones del gasto corriente y heredarle el problema a las siguientes administraciones y por lo tanto a las siguientes generaciones de colimenses”.

Pero no fue así, recalcó Meiners Tovar, quien agregó que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez consideró necesario hacer una reforma que lograra un sistema de pensiones sustentable.

Para lograrlo, explicó, era necesario llevar a cabo tres grandes cambios:  Modificar de manera paulatina las condiciones de jubilación de los trabajadores, adoptándolas a los niveles de expectativa de vida actuales; incrementar las aportaciones patronales y de los trabajadores y Fortalecer la Institución que administra las Pensiones del Estado ello logró una nueva ley de pensiones que entró en vigor en enero de 2019 y que creó el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (Ipecol).

Dijo que vale la pena resaltar, que derivado de la información que llega al Ipecol de las diferentes entidades, ha sido necesario que se activen los mecanismos de autoridad fiscal que tiene el propio Instituto, los cuales son similares a los que utiliza el IMSS, de esta manera llegarán los recursos que las entidades están obligadas a aportar.

Sobre los adeudos que tiene el Gobierno del Estado con el Ipecol, dijo que a través de un proceso de autodeterminación, se le fincó un crédito fiscal a la administración estatal por 147 millones de pesos, mismo que está en proceso de ejecución. Adicionalmente, se tiene una propuesta por la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que realice en los siguientes meses los pagos faltantes, con garantía de participaciones federales, y así ponerse al corriente de sus aportaciones. Dicha propuesta está siendo analizada por el Consejo del Instituto.

Indicó que el Ipecol en este 2020 ha otorgado 2 mil 105 préstamos por un monto total de 139 millones de pesos, asimismo autorizó 359 solicitudes de pensión al mismo número de trabajadores.

Por otra parte, resaltó que el Congreso del Estado haya solicitado el Sistema de Control Patrimonial (SICOP) que utiliza el Gobierno del Estado, con el cual, el Poder Legislativo mejorará el control y resguardo de sus bienes patrimoniales.

Con esta versión web del Sistema de Control Patrimonial SICOP, se tiene un adecuado control del activo fijo, haciendo un vínculo con la contabilidad a la vez que proporciona una herramienta efectiva para el control físico de los bienes patrimoniales, mediante un entorno web totalmente intuitivo, fácil de usar e incorporando lo último en ingeniería de software.

En el área de tecnología, el Gobierno del Estado lanzó recientemente el programa “Colima Conecta” mediante el cual, en una primera etapa, 25 mil personas tienen acceso gratuito a comunicación digital, a través de 73 sitios en diversas comunidades, 46 de ellos son vía satelital, con ello se cierra la brecha digital y se genera un alto impacto social.

Afirmó que el área de Adquisiciones, se realizaron 109 procesos, de los cuales 59 fueron Compra Directa con 3 cotizaciones, 36 fueron mediante Invitación restringida, 5 licitaciones públicas nacionales y 9 licitaciones públicas consolidadas, sumando 204 Millones de pesos. Todos estos procesos se transmitieron en vivo y se realizaron conforme lo estipula la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del estado de Colima.

Para concluir, Kristian Meiners precisó que ante la pandemia que está originando el Covid-19, el Gobierno del Estado tomó las medidas pertinentes para que las dependencias gubernamentales continúen con la mayor operatividad posible, en especial con las actividades esenciales, evitando en la medida posible los riesgos de contagio, estableciendo como medida principal el trabajo en casa.