BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 11/06/2020

SOLO DISCURSO

La lucha contra la corrupción es la principal bandera del presidente Andrés Manuel. Y también es su principal deuda con la sociedad. Desde la campaña electoral, el discurso orbitó alrededor del tema de la corrupción: se nos dijo que los grandes problemas del país, de fondo, venían de la corrupción: la pobreza, la inseguridad y la violencia.

Un día sí y otro también, desde que asumió la presidencia de la república, el presidente nos recuerda los males pasados y presentes, todos productos de la corrupción neoliberal y conservadora. Es, pues, su tema más recurrente y favorito, con el cual ataca más a sus adversarios políticos y justifica la falta de logros y problemas actuales.

Ciertamente, el presidente tiene razón cuando dice que la corrupción es uno de peores males de la sociedad y de los temas pendientes, irresueltos, que más lastiman a nuestra democracia.

El problema no es cómo conceptualiza el presidente la corrupción, sino cómo la ataca y busca resolver esta problemática. De entrada, no es con el ejemplo, como pregonó en campaña, como se va acabar, pues los estudios más recientes confirman que esta problemática ha aumentado.

Ni se enjuició a los expresidentes –presuntos artífices de la corrupción, de acuerdo al discurso presidencial--, y los datos más recientes la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del Inegi revelan que las víctimas de actos de corrupción, en la prestación de servicios básicos, creció 7.5% entre 2017 y 2019.

No se trata de percepción, sino de la cuantificación de actos de corrupción. Datos duros basado en hechos. Otro estudio validado y autentificado, elaborado por la Sociedad de las Américas, la Unesco y el Consejos de las Américas, refiere el fracaso de la estrategia de la 4T para combatir la corrupción.

Como lo hemos mencionado ya en este espacio, el estudio diagnostica que el problema del presidente es que basa su campaña anticorrupción en torno a su capacidad personal para erradicar el problema, dejando de lado (ninguneando) al Sistema Nacional Anticorrupción y desestimando los controles internos, que permitan identificar y atacar la corrupción.

El tema de la corrupción, más que una meta con objetivo claros y bien sustentados en una planeación de gobierno, para el presidente es un tema de revanchismo político. De ahí que el estudio refiera que prevalece la duda de hasta dónde llega la influencia presidencial en el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Eso explicaría, en gran parte, por qué con los adversarios del presidente actúa con eficiencia, pero con sus aliados, como Manuel Bartlett o su hijo, se pierden las acciones en el laberinto burocrático de las investigaciones y su sigilo.

El estudio en mención refiere, entre otras cosas, que las calificaciones de México disminuyeron en temas relacionados con la autonomía y eficiencia de las agencias anticorrupción. Particularmente en variables como capacidad legal, independencia y eficiencia del sistema judicial, México aparece por debajo de países como Perú, Colombia y Brasil, y muy cercano a Guatemala y República Dominicana.

Por otro lado, el presidente ha asumido una postura beligerante contra las organizaciones civiles que combaten la corrupción, minando su trabajo e incluso quitándoles la bandera de lucha. Y si se cree que el estudio es neoliberal o prianista, nada más lejos de la realidad, pues el mismo recomienda seguir los procesos contra Emilio Lozoya, Javier Duarte, Genero García Luna, entre otros, sin importar las consecuencias políticas.

Más allá de todo esto, el presidente tiene razón: la raíz de todos los males es la corrupción. Por eso, en gran medida, la violencia, la delincuencia, la pobreza y los males que aquejan este país, y que se han agravado en este último año, son resultado del aumento de la corrupción.

Y esto se explica porque el presidente no la combate, al menos que tenga la marca de sus adversarios políticos. También, por eso el presidente aumentó la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, sin adecuados controles ni licitaciones, sino que todo es por dedazo presidencial. Ahí están los resultados.

Ahí están, además, los ataques contra organismos autónomos, para acabar con ese último baluarte de autonomía y defender los intereses autoritarios del gobierno. Eso responde porqué la Comisión Reguladora de Energía defendió los intereses monopólicos de la CFE, en detrimento del consumidor y de la oferta de energías renovables.

Queda claro, pues, que el gobierno sólo utiliza el tema de la corrupción con fines retóricos, especialmente para insultar a sus adversarios y a todo aquel que discrepe con el punto de vista oficial. Pero no hay avance de reformas institucionales de largo plazo, que garanticen, en un futuro, que la corrupción en México se castigue.

DOS PUNTOS

En un informe situacional sobre las causas de desaparición forzada, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se identificó que una de las principales causas por las que se da este delito es por la corrupción que impera entre las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Una razón más por lo cual la estrategia anticorrupción debería ser integral, y no sólo una cuestión de voluntarismo o coyuntura política.