BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 27/05/2020

TRANSPARENCIA VS CORRUPCIÓN

La corrupción se combate con la transparencia, y en ese rubro el gobierno de Ignacio Peralta ha descollado, particularmente en dos indicadores que evalúa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): el Índice de Calidad de la Información (ICI) y el Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED).

En el primero Colima se ubica en la quinta entidad de la república que mejor informa al gobierno de Andrés Manuel cómo ejecuta el gasto federal; en cuanto al PbR-SED, Colima pasó de la posición número 28 a la 12, por lo que fue la segunda entidad que más avanzó en este indicador que mide la calidad del gasto.

Estos son hechos, no palabras; logros que desacreditan los señalamientos de opacidad y corrupción, puesto que en lo transparente, en lo que se fiscaliza, en lo que se informa adecuadamente no cabe la corrupción. Y es que un gobierno corrupto, por ende, es un gobierno opaco, porque las mañas y las tranzas se hacen en lo oscurito.

Se ven mal, en ese sentido, los actores de Morena que arguyen opacidad en el gobierno estatal, cuando es uno de los mejores evaluados por el gobierno de Andrés Manuel. ¿O sugerirán que el presidente está en contubernio con el gobernador, pues sólo así se entendería que exista corrupción en un gobierno transparente?

Mientras que los señalamientos de estos actores de Morena parten de la subjetividad, del discurso político pendenciero, estos indicadores de la SHCP se respaldan en documentos contables, así como en metodologías de carácter cuantitativo y cualitativo.

Por otro lado, resulta un sinsentido que el estado de Colima, uno de los que más le aportan recursos a la federación sea, también, uno de los que menos dinero recibe de la federación: de acuerdo a datos oficiales, de la SHCP, la federación le regresa a Colima 24 centavos por cada peso recaudado. Y esto ha ido disminuyendo cada vez más, pero con mayor énfasis durante el gobierno de Andrés Manuel.

¿Por qué, si Colima demuestra que ejecuta de manera adecuada el gasto federal, se le disminuyen las partidas federales, cuyo techo financiero representa el 90 por ciento del presupuesto estatal? Y esto se aprecia con mayor claridad en el presupuesto 2018 y 2019, cuando Colima tenía un presupuesto superior a los 19 mil millones de pesos, cantidad que contrasta con los 17 mil millones aprobados en este 2020.

Y esto se explica, sí, por una baja recaudación federal y la caída constante del PIB durante el 2019, pero también a una política presupuestaria que ha beneficiado a los gobiernos emanados de Morena: el gobierno de Colima recibía, durante las presidencias del PAN y el PRI, entre 18 y 24 centavos de cada peso recaudado, ahora recibe 11.

Reitero: por qué si el gobierno de Ignacio Peralta es uno de los más transparentes y eficientes en gasto federal, recibe tan poco, considerando que sólo por el puerto de Manzanillo la federación recauda más de 100 mil millones de pesos al año. No nos llegan ni las migajas, pero padecemos toda la violencia que representa la principal puerta de trasiego de drogas del pacífico.

Con base en esto, tienen toda la razón los gobernadores de varias entidades en armar un frente para exigir una mayor equidad y justicia en la repartición de los recursos federales, producto de lo que pagamos nosotros, máxime cuando vemos que el dinero se va para programas asistencialistas, susceptibles a la compra del voto, que no dinamizan la economía.

Es gasto corriente, contraproducente, que no resuelve los problemas de pobreza ni falta de empleos, esta última principal necesidad de los mexicanos. Y es que los mexicanos no queremos becas ni apoyos asistencialistas, sino trabajos de calidad, cuyo salario permita solventar las principales necesidades; darnos uno buena vida. ¿Quién sobrevive un mes con 3 mil 200 pesos?

Pero cómo van a entender esto los diputados, senadores, funcionarios públicos de primer nivel, cuyas quincenas sobrepasan los 70 mil pesos mensuales. Para ellos la austeridad es un discurso muy vendible, pero no afecta sus sagrados emolumentos. Ahí están los diputados de morena del congreso local, que prometieron bajarse sus ingresos al 50 por ciento y no han cumplido.

DOS PUNTOS

Durante la campaña electoral del 2018, Andrés Manuel López Obrador dijo que a partir de que llegara a la presidencia, los fraudes electorales se acabarían, puesto que el gobierno vigilaría que la voluntad del pueblo se respetara. Violando normas y procedimientos legales, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación una consulta pública para el establecimiento de una norma mexicana para la organización de las elecciones en México, emitida por la Secretaría de Economía. Lo anterior representa un grave peligro para nuestra democracia mexicana, pues vulnera y viola las atribuciones del INE.