AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
En las últimas semanas diversos actores políticos y académicos han manifestado su respaldo a la autonomía universitaria. La Universidad de Colima ha sido un foro importante para la discusión reflexiva sobre este tema. Ahí, precisamente, miembros destacados de la cuarta transformación se decantaron por defender la autonomía universitaria.
Un caso ejemplar fue la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien aseguró que “es muy importante defender, proteger y robustecer la Autonomía de universidades como ésta y de todas las universidades públicas y autónomas estatales y nacionales del país”.
Días antes, Ricardo Peralta, subsecretario de la Secretaría de Gobernación, manifestó su “apoyo irrestricto a esta Casa de Estudios, a su autonomía, a sus autoridades, académicos y estudiantes”. El funcionario federal aseguró que “ésta no solamente debe ser una lucha de egresados y universitarios, sino también de las autoridades, de la población, pero principalmente de los estudiantes”.
Es claro, pues, que dentro del gobierno del presidente Andrés Manuel, así como el mismo mandatario federal, defienden la autonomía universitaria. Y este respaldo es digno de reconocer, ante verdaderas intentonas por injerir en la vida interna de las universidades.
De ahí el posicionamiento del rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, quien pidió a la Secretaría de Educación Pública que ayude a defender la autonomía en las universidades públicas. Lo anterior en medio de la crisis por la intervención del gobierno y el congreso local de Nayarit, que modificó la ley orgánica de la universidad autónoma de Nayarit.
El llamado del rector no es ocioso, si bien ya hay todo un andamiaje jurídico que garantiza y salvaguarda la autonomía universitaria. En el caso de la Universidad de Colima, el artículo 101 de la constitución política establece que es un “organismos público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, que con pleno derecho a su autonomía tiene por fines impartir la enseñanza en sus niveles medio superior, superior y postgrado; fomentar la investigación científica y social…”.
A su vez, el artículo 3, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa en favor de esta idea lo siguiente: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas…”.
A menudo se confunde la autonomía universitaria con el principio de libertad de cátedra e investigación, pero el término es más amplio, por lo que no debe constreñirse: la autonomía consiste básicamente en la capacidad de las universidades de regir su comportamiento por normas establecidas por ella misma. La autonomía se refiere a las relaciones de la universidad con el estado y, en general, con el mundo externo.
La autonomía es, pues, la facultad que el estado otorga a una comunidad académica a través de una ley (en este caso la de 1962 y que fue reformada en 1980) para dictarse a sí mismas las normas que rigen su organización y su vida interna. Ya hay, incluso, jurisprudencia que protegen la autonomía universitaria.
Por lo tanto, si se buscan hacer cambios en la misma vida interna de la universidad de Colima, tiene que pasar por el consenso del consejo universitario, la máxima autoridad de la universidad. Sólo ahí se pueden legitimar las decisiones que impliquen cambios en la vida interna universitaria.
DOS PUNTOS
La autonomía universitaria es fundamental para el curso independiente y democrático de nuestro país. La autonomía, más que un privilegio, es una responsabilidad que le compete a todos los miembros de la comunidad universitaria.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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