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El homicidio del alcalde de la Piedad Michoacán, Ricardo Guzmán Romero, evidencia como la figura institucional del alcalde esté expuesta sobremanera a la presiones de la delincuencia organizada, opinó el abogado Francisco José Yáñez Centeno.
El coordinador general de Democracia Sustentable A. C., hizo entrever como los presidentes municipales de nuestro país tiene entre sus funciones gestionar aspectos de la reglamentación urbana que son de alto interés por los grupos delincuenciales, como la expedición y revisión de las licencias comerciales, permisos de construcción y seguridad pública.
Francisco Yáñez Centeno señaló como una prioridad que se proceda a ejercer reformas que, sin alterar la autonomía municipal, promuevan instancias de revisión federales en clave anti delincuencial, y que cuanto menos compartan la responsabilidad de otorgar o rechazar permisos y licencias.
“Hoy los alcaldes cargan solos con esta responsabilidad y están sujetos a presiones y amenazas que no tiene forma de contrastar, así que en muchas ocasiones están obligados a sujetarse a las presiones recibidas para no ser victimas de represalias”, declaró el también asesor jurídico de la fracción parlamentaria del PAN.
Yáñez Centeno consideró que la creación de una oficina federal de certificación para negocios, desarrollos habitacionales y actividad económica en general sería un paso importante para la lucha al lavado de dinero, y se convertiría en un marco jurídico importante para la tutela y la seguridad de los alcaldes.
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