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BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 18/02/2020

CASO MARIO, ¿JUSTICIA O VENGANZA? 

Si fuese venganza lo del caso Mario Anguiano por qué no está en la cárcel, como le sucede a otros políticos que realmente son perseguidos con fines vindicativos. Ahí está Rosario Robles, quien está en prisión preventiva por un delito menor que no amerita cárcel y porque la fiscalía de la ciudad de México presentó una credencial falsa.

El ex gobernador asevera que es víctima de una persecución política porque le fiscalizaron en cuatro ocasiones las cuentas públicas. Es decir, no rechaza las irregularidades identificadas, sino que lo revisaron mucho y bien y le encontraron cosas, cuando lo normal, al parecer de Anguiano Moreno, es que nomás se revise una vez y que todo quede bien.

Que no se nos olvide, además, la precarización financiera del estado en las últimas semanas del gobierno anguianista, al grado de que se les dejó de pagar a trabajadores de la sección 39 del SNTE sus quincenas, se acumularon los adeudos en apoyos a adultos mayores y el gobierno dejó de pagar sus obligaciones lo que degradó, como nunca antes, su calificación crediticia.

Por todo esto, ¿no había elementos objetivos, fundamentados que motivaran una revisión más exhaustiva de los órganos fiscalizadores? En especial cuando las cuentas públicas del último trienio de Mario fueron revisadas y aprobadas por un congreso afín, liderado por su alfil político Martín Flores Castañeda, quien por cierto marchó con él la semana pasada a la fiscalía.

¿Dónde está la responsabilidad de las y los diputados de la 57 legislatura que aprobaron las cuentas públicas sin identificar las irregularidades que se revelaron en las auditorías extraordinarias de los últimos años del gobierno anguianista?

El ex gobernador puede recurrir al argumento jurídico que considere adecuado para su defensa, pero argüir una persecución política para desvirtuar estos señalamientos tiene poco sustento y se presta más a la victimización, tan lucrativa electoral y mediáticamente.

En ese sentido ¿por qué, si es un perseguido político, la misma comisión de justicia que dictaminó sus sanciones lo exoneró en tres de las cuatro acusaciones?  ¿Por qué si una venganza y persecución del gobierno estatal, el congreso local y el poder judicial el ex gobernador reconoce lo que refiere el considerando tercer del decreto 613?

Es decir, ¿por qué les da la razón a sus inquisidores? Recordemos lo que determina atribuible al ex gobernador este documento: distraer o permitir distraer los caudales públicos de los objetos a que están destinados por ley; realizar o permitir el pago del crédito contratado el 08 de diciembre del 2014 con los ingresos de otro crédito celebrado el 2 de enero del 2015, sin realizar el registro del pasivo de 478 millones de pesos y sin la autorización de la legislatura local, simulando su pago el 31 de diciembre del 2014, con la emisión del cheque 7 mil 477 de la cuenta bancaria BBVA  Bancomer 0446533620 sin suficiencia financiera y con ello pretender simular su pago dentro del ejercicio de contratación, registrándose como la finalidad del crédito la compra de un predio por 478 millones de pesos, sin efectivamente efectuarse.

Mario dice que en lo del predio se aclaró que fue un movimiento contable, pero reconoce que el origen del crédito fueron de corto plazo y que no tenía para pagarlos. Así, el mismo Mario le da la razón a quienes, sostiene el ex gobernador, lo persiguen políticamente.

DOS PUNTOS

La impunidad de la clase política prevalecerá mientras no haya casos ejemplares y antecedentes claros de combate a la corrupción. El ex gobernador Mario no se robó ningún dinero, pero actuó en situaciones irregulares que, de acuerdo a la comisión de responsabilidades del congreso, ameritan sanciones.

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