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Administrador Colimapm | Opinión | 18/12/2019

POR: Raúl Merced Lares

AUTONOMÍA

El 12 de octubre de 2016 se documentó legal y constitucionalmente en el Congreso del Estado la inviolabilidad de la autonomía de la Universidad de Colima y se dejó una referencia histórica para todos aquellos que inútilmente intenten violentarla, como ahora está sucediendo con los diputados locales de Morena, al presentarse en aquella ocasión un dictamen histórico ante un intento por violar precisamente la autonomía universitaria.

En aquella ocasión, según lo explica José Gilberto García Nava -abogado colimense reconocido como el principal estudioso de la Constitución- en su cuadernillo “Dictamen histórico: la autonomía de la Universidad de Colima”, pese a que una propuesta ciudadana de nueva ley orgánica de la Universidad de Colima no ameritaba entrar al fondo del asunto porque era un mero planteamiento y no una iniciativa popular como lo establece la Constitución, los legisladores integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones del Congreso local determinaron hacerlo para ratificar con firmeza y claridad que los únicos que tienen la facultad de modificar la ley orgánica de la UdeC son los propios universitarios; nadie más.

Más allá de una mera propuesta para una nueva ley orgánica de la UdeC, ese año hubo una intentona del ciudadano Manuel Salvador González Villa por violentar la autonomía universitaria ya establecida en la Constitución y la propia ley universitaria que se decretó en noviembre de 1980, actualmente en vigencia. Y así lo establece el dictamen de la comisión del Congreso local: “(…) se puede afirmar con toda convicción que esta propuesta profusa y ampliamente analizada constituye un riesgo para la autonomía, la estabilidad y el desarrollo de la vida académica de nuestra Máxima Casa de Estudios”.

Pese a que esa propuesta no era una iniciativa popular, los diputados integrantes de la citada comisión legislativa decidieron entrar al fondo del análisis del planteamiento, para garantizar lo que dispone el artículo primero de la Constitución federal en el sentido de analizar un asunto relacionado con un derecho humano y cumplir con la obligación constitucional de otorgar a las personas la protección más amplia.

Más allá de la improcedencia legal de esta propuesta, el análisis jurídico de esta misma sirvió para reafirmar que la UdeC tiene autonomía legal y constitucional para gobernarse a sí misma al ser aprobado en forma unánime en el Congreso del Estado un dictamen que estableció, en síntesis, que debe ser la propia institución académica, por conducto de su órgano superior de gobierno (consejo universitario), el medio autorizado para solicitar al Poder Legislativo (Congreso del Estado) una nueva ley orgánica o reformas a la vigente.

Y si bien los legisladores están autorizados a presentar iniciativas para el caso de una relacionada con la Universidad de Colima, como ahora lo están haciendo, el abogado que ha participado en la elaboración de más de 80 anteproyectos de leyes y reformas a la Constitución del Estado señala en la presentación de su libro que “(…) el Congreso tendría que analizar puntualmente si dicha iniciativa respeta el contenido constitucional de la autonomía universitaria concedida a todas las universidades públicas y si va en consonancia con ella e, invariablemente, tendría que solicitar su opinión al Consejo Universitario. La decisión del Congreso tendría que ser, a no dudarlo, ajustada a la Constitución”.

Y contrario a lo que pretenden hacerlo creer, la autonomía de la UdeC no es, desde luego, exclusiva, de la UdeC. La tienen todas las universidades públicas en el país. No es ningún coto, sino una facultad que el Estado otorga a una comunidad académica, la Universidad, para dictarse a sí misma las normas que rigen su organización y su vida interna, sin la intervención de éste, en tres renglones fundamentales: el de gobierno, el académico y el financiero, tal como se indica en la citada publicación.

Por lo pronto, la comunidad universitaria unida enfrenta con firmeza y determinación una eventual intromisión de los diputados de Morena en la vida interna de la Universidad de Colima, no por razones legales o de justicia, sino por razones políticas e ideológicas porque como izquierdistas que son, al menos los más radicales, han pretendido convertir a las universidad públicas en sitios de parásitos, “filósofos” o “idealistas”, por no decir flojos y vividores.

Es claro que quienes intentan violar la autonomía universitaria, como ahora lo hace el diputado Parra en contubernio con la delegada de los programas sociales clientelares del gobierno de López Obrador, se toparán con la Constitución, así como con directivos, académicos, estudiantes, egresados y trabajadores universitarios –que pueden sumar ya más de un centenar de miles de colimenses que han estudiado en la Máxima Casa de Estudios-, dispuestos a defender con todo a la institución.

Y si todavía hay alguna duda sobre la plena libertad que tiene la Universidad de Colima de gobernarse a sí misma, el gobierno federal, a través de las secretarías de Gobernación y de Educación, ha enviado desde aquí el claro mensaje de que la autonomía no se toca ni se trastoca.

Falta saber si lo quieren entender los diputados de Morena o si quieren seguir en una aventura incierta y riesgosa de apoyar una ambición política del clan nocivo para Colma, Vizcaíno-Parra, con la “esperanza” de que sean incluidos en un proyecto político-gubernamental frágil ante el otro grupo político que también busca la candidatura de Morena a la gubernatura del estado.