Un nutrido grupo de indígenas de la comunidad de San Miguel Aquila, del estado de Michoacán, llevaron a cabo una manifestación frente a las oficinas del Tribunal Unitario Agrario con sede en la ciudad de Colima, quienes exigen que sean detenidas las sentencias de juicio presentadas por un grupo que se conforma de manera ilegal como representantes, en tanto no se resuelva quien es el verdadero Comisario de Bienes Comunales de la comunidad indígena.
El abogado de los manifestantes, Ricardo Lagunes, explicó que este día tienen una audiencia respecto a un juicio promovido por 140 comuneros de Aquila contra un documento que “fabricó” un grupo de la comunidad para usurpar la Comisaria de Bienes Comunales de San Miguel de Aquila y así poder representar ilegalmente a la comunidad en diversos juicios, en contra de la comunidad para reclamar cantidades millonarias de dinero.
“La inconformidad de los comuneros es que el Tribunal Agrario parece aplicar un criterio que más que resolver el problema crea más conflicto, un criterio que no obstante el Tribunal Nacional en Michoacán negó la inscripción a este grupo al acta que presentaron, el Tribunal Unitario le sigue dando reconocimiento a este grupo de personas”, abundó.
Reiteró que no obstante que ya se acreditó que este grupo que en su momento participaba como demandante en contra de la comunidad ahora se ostenta como representante de la misma, “es como un negocio redondo, porque meten juicios, se dejan perder, después se hacen pasar por representantes de la comunidad y obtienen recursos millonarios”.
De esta situación, abundó, ya tienen conocimiento tanto el Magistrado que lleva el caso, como el secretario de acuerdos, para que detengan los juicios en tanto no se resuelva quien es el comisario comunitario.
Recordó que en la comunidad hay una explotación de mineral, cada mes varía el costo de cómo se esté cotizando el hierro en ese momento y cada comunero recibe un pago proporcional de las ganancias; pero actualmente hay una ampliación de la explotación minera y se firmó un convenio con la empresa minera y actualmente se está a la espera de diversos pagos y son en estos pagos donde el grupo pretende obtener un porcentaje.
Ya el Tribunal ordenó a la empresa que retenga ese porcentaje que puede oscilar de alrededor de 32 millones de pesos para que sea depositado en el Tribunal y se garantice el pago a este grupo de demandantes que son alrededor de 50 personas, sin que todavía tengan un reconocimiento de su legalidad como representantes. Derecho, subrayó, que no le reconoce la comunidad.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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