Se queja Indira Vizcaíno de una campaña de odio en su contra

Administrador Colimapm | Colima | 21/11/2019

*Jamás he violado la ley ni he cometido ningún delito, mucho menos alguno que afecte a la Hacienda Pública, afirma

Indira Vizcaíno Silva, delegada de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal, en Colima, a través de una misiva enviada a los distintos medios de comunicación y reporteros, finalmente, se defendió de las acusaciones que obran en su contra por acciones realizadas durante su periodo de presidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, principalmente por haberse beneficiado de la negociación de terrenos Altozano vendidos en su gestión a la iniciativa privada.

En su misiva, Vizcaíno Silva se queja “de la existencia de una campaña de odio en su contra” y aclara que “la honestidad y la responsabilidad personal son inherentes a mi vida pública. Jamás he violado la ley ni he cometido ningún delito, mucho menos alguno que afecte a la Hacienda Pública. Con plena seguridad de mi inocencia, expongo un asunto que autoridades de la Fiscalía General del Estado de Colima han querido hacer ver como jurídico cuando en realidad su trasfondo es político”.

Dio a conocer que la noche del miércoles 20 de noviembre, ante el Agente del Ministerio Público Especializado en el Combate a la Corrupción, dio contestación a hechos relativos a la denuncia que se interpuso en su contra y de otras personas, por la sustitución de áreas de cesión del Condominio Altozano.

“Denuncié la campaña de odio y desprestigio emprendida contra mi persona, a través de la cual se violentan mis Derechos Humanos, se vulnera mi dignidad humana y mi presunción de inocencia; se violenta, además, mi derecho a la no discriminación, se pone en riesgo mi integridad física y se me niega el derecho a la igualdad”, señaló en la misiva.

Señala en su escrito que una vez que tuvo acceso a la carpeta de investigación de una denuncia presentada en su contra desde hace 2 años, pero de la cual se le notificó apenas el 28 de octubre de 2019, día en que solicitó conocer el caso y para ello se presentó en la Fiscalía Anticorrupción, y, según sostuvo, “he contestado al Ministerio Público correspondiente, con toda la certeza, con toda mi calidad moral y la argumentación legal de que no he cometido delito alguno”.

Resaltó que en su respuesta por escrito, le solicitó al Ministerio Pública “que amplíe su investigación en contra del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José de Jesús Sánchez Romo; del Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, y del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quienes tuvieron participación en el trámite administrativo de sustitución de áreas de cesión en mención”.

Insistió en que en todo este asunto “lo que existe es una campaña de odio, a través de la cual se busca desprestigiar mi persona y se atenta contra mi dignidad humana.

“¿Por qué afirmo esto? Porque con pruebas demuestro que la sustitución de áreas de cesión entre Invercol y el Ayuntamiento de Cuauhtémoc fue revisado, sancionado y aprobado por diversos entes”.

Hizo una relatoría del procedimiento seguido para esta cesión de los terrenos.

DOLO Y MALA FE

Aparte del dolo del Ministerio Público de Cuauhtémoc al haber reclasificado, sin elementos, los hechos como Peculado con el fin de mantener operante la investigación, se ha excedido ilegalmente en el plazo determinado por tesis jurisprudenciales para la resolución final de la carpeta.

“Por si fuera poco, este MP facilitó copias a los denunciantes y al asesor legal de los mismos, violando los artículos 105 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; copias que han sido publicadas en medios de comunicación, con el propósito de denostarme y hacerme ver ante la opinión pública como culpable.

“La ignorancia de la autoridad ministerial es palpable y evidencia su intención dolosa y de mala fe en mi contra. Quienes tomamos las decisiones que se mencionan en este escrito fuimos, por lo menos, 10 servidores públicos, integrantes de un órgano colegiado, el Cabildo. En todo caso y suponiendo sin conceder, que esas decisiones hubieran sido constitutivas de delito, seríamos responsables todos nosotros y no, como lo están investigando tendenciosamente, solamente el Síndico y la suscrita, con el carácter que tuve de Presidenta Municipal.

“Tanto el MP como el Fiscal Anticorrupción han sido omisos para citar a declarar a numerosas personas que tienen evidente relación con los hechos, como el titular de la Seidur, José de Jesús Sánchez Romo; el Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, y el Gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez. Ya se ha solicitado al Fiscal Anticorrupción que cite a estas personas”.

CAMPAÑA DE ODIO

Insistió que en  su declaración ministerial ha sostenido que no se configura el delito de Peculado que se investiga en su contra.

Precisó que en este tema “nunca hubo un aprovechamiento propio o ajeno de las referidas áreas de cesión, ya que las mismas no fueron enajenadas ni objeto de ninguna operación para comerciar con ellas y han sido entregadas al Ayuntamiento; la sustitución autorizada significó un beneficio para la Comuna por el incremento de hectáreas y porque es un bien público para los habitantes del municipio.

“Nunca existió la “disposición ilícita” que exige el tipo penal de Peculado, ya que del área original nunca se dispuso porque nunca fue incorporada al municipio, y la aprobación de sustitución de la nueva área fue una operación lícita, revisada y autorizada por el Osafig, la Seidur, la Sedatu, la Secretaría General de Gobierno y por el propio titular del Ejecutivo Estatal.

Sostuvo que “seis años han pasado desde la fecha en que se llevó a cabo la sustitución de estos terrenos. De manera coyuntural, en cada época electoral el caso se reaviva con el afán de causarme daño como servidora pública y como persona.

“Esta vez están muy adelantados en los tiempos político-electorales, pues desde hace meses, en medios de comunicación no cesan los ataques en mi contra, a través de notas periodísticas y comentarios editoriales plagados de infundios, falsedades y calumnias. Se trata de una campaña de odio direccionada a mi persona.

Exigió la representante de López Obrador en Colima “que el Fiscal Anticorrupción haga su trabajo y frene la campaña de odio en mi contra; que investigue a quien entregó copias del expediente donde se me involucra; que proceda a actuar conforme a la ley contra quienes mostraron y publicaron esos documentos; que en adelante se conduzca con la legalidad y la responsabilidad que demanda el importante cargo que ostenta, y que cite a comparecer a los servidores públicos citados anteriormente, los cuales, inexplicablemente, no han sido llamados a dar testimonio del caso que nos ocupa”, concluye su misiva.