
POR: Raúl Merced Lares
COMBATE A LA INSEGURIDAD
Desde el 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto dejó de combatir a los grupos de la delincuencia organizada, luego de hacerlo en la primera parte de su administración y tras el falso combate a los grupos delictivos que maquillaron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes se dedicaron sólo a publicitarse como autoridades que combatían el narcotráfico, pero sólo atrapando o eliminando a capos que les señalaba el gobierno de Estados Unidos como parte de la regulación que hacen los vecinos del norte en este tema.
Esta actitud del gobierno federal permitió que muchos integrantes de la delincuencia organizada aumentaran su presencia e hicieran disparar desde hace 10 años las cifras de otros delitos como secuestros, extorsiones, asaltos, violaciones, feminicidios y robos a viviendas y vehículos.
La decisión, forzada quizá, del gobierno federal de EPN de abandonar el combate a los grupos delincuenciales se ha mantenido en el gobierno de Morena que comenzó desde diciembre del año pasado, cuando se esperaba que esta situación empezara a cambiar, tomando en cuenta la promesa que hizo en campaña y que ratificó en su toma de posesión el presidente López Obrador de disminuir la inseguridad.
El agravamiento de tal situación se ha reflejado en varios estados de la república, en donde los gobiernos estatales se han visto impotentes para reducir los delitos de alto impacto que provienen de la delincuencia organizada y a los cuales corresponde enfrentar principalmente el gobierno federal.
La inseguridad, pues, ha aumentado en entidades como Colima, que vio desde el 2016 cómo se disparaban diversos delitos, no sólo los homicidios dolosos, y para los cuales es indispensable la participación de las fuerzas armadas y los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno para poder enfrentarlos y controlarlos de tal manera que la población no viva en la zozobra o el miedo.
Y pese a que López Obrador falsamente dice que ha disminuido la delincuencia, las cifras y la percepción ciudadana dicen lo contrario. El actual gobierno federal se ha limitado a hacer dos cosas: señalar simuladamente que se revisan y se modifican las estrategias para combatir la delincuencia y conformar la Guardia Nacional, aunque ésta aún no termina de instalar y la traen en otros menesteres, menos en lo que se esperaba: el combate a la delincuencia.
Sin ser pesimistas, pero esta situación que agravia enormemente a los mexicanos, a la sociedad, va a continuar porque el gobierno de López Obrador le apuesta a la Guardia Nacional como parte de la solución de este gran problema de la inseguridad, cuando es ya evidente que esta nueva corporación policiaca es básicamente para la protección de los ciudadanos y para inhibir a la delincuencia, no para combatirla o controlarla.
De cualquier manera y bajo estas circunstancias, Colima saldría ganando con la presencia de la Guardia Nacional porque al menos inhibiría los delitos y detendría el avance que ha tenido la delincuencia organizada en la entidad desde el 2009, cuando se hizo visible y notoria primeramente en la capital del estado y enseguida en Villa de Alvarez y años después en los municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo.
Si hay que repartir culpas por la alta inseguridad, habría que voltear primero a ver al gobierno federal porque desde el 2000 –excepto los primeros tres años de EPN- no ha combatido realmente los delitos federales que le corresponde enfrentar, como los homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y asaltos a mano armada. El único dedo que ha movido el gobierno de López Obrador en este sentido es la creación de la Guardia Nacional, pero ésta ni termina de integrarse ni opera en todos los estados en donde hay más inseguridad, como en Colima.
En este sentido, les consta a muchos colimenses –ahí están las hemerotecas y archivos de los medios de comunicación y las redes sociales- que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ha pugnado, ha insistido, en que Colima requiere ya de la presencia de la Guardia Nacional, lo cual no ha quedado en la mera declaración, sino en las gestiones que ha realizado ante el gobierno federal para que este cuerpo policiaco opere en Colima.
Regresar a aquella tranquilidad en la que los colimenses podrían andar sin ninguna preocupación en donde sea y a la hora que fuere implica la intervención y la coordinación real de los tres niveles de gobierno. Un solo gobierno o dos de los tres no va a poder. Tienen que ser, juntos, los gobiernos federal, estatal y municipales.
El gobierno de Nacho Peralta ha realizado esfuerzos para que en este tema le entren también los ayuntamientos para frenar y controlar los delitos de asaltos y robos, pero desde el año pasado se ha complicado porque el origen político de la mayoría de las autoridades municipales es diferente al del gobernador del estado.
En este contexto, hay que citar que Alberto Sanmiguel Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Colima (SSP), acaba de señalar que todos los días la dependencia estatal está asegurando delincuentes, armas y drogas, pero que no todos hacen la parte que les toca. “Si unos le entramos y otros no, no es igual, la gente lo ve diario, ve quién no le entra; por eso necesitamos que haya concientización en todos y esto sería diferente, porque tenemos que bajarle el índice a los homicidios a como dé lugar”, afirmó el jefe policiaco.
Y por lo que se ha denunciado, uno de los ayuntamientos que no le ha entrado a esta tarea coordinada es Manzanillo, debido a que este municipio tiene una alcaldesa (Griselda Martínez) soberbia, ignorante y, sobre todo, con un recelo político que no le permite colaborar con el gobierno del estado, lo que ha causado que en el puerto se hayan disparado los delitos de alto impacto.
El narcotráfico existirá hasta que los vecinos del Norte dejen de ser los primeros consumidores de drogas. Es decir, falta muchísimo y tal vez nunca se va a terminar, por lo que México requiere de acciones o planes más integrales y regionales para mantener un control adecuado que permita a los mexicanos vivir sin temor.
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