El Presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Colima, Mario de la Madrid Andrade avaló que el gobierno del Estado haya puesto énfasis en la atención a los servicios que se prestan en la defensoría pública, “hemos visto este interés del Gobierno del Estado que se ha materializado con apoyos que el área correspondiente ha venido recibiendo”.
Se han dado pasos interesantes para proveer a la población de un servicio de calidad, lo cual ha sido la tónica del gobierno del estado actual, y nos parece bastante adecuado por parte de los abogados, consideró.
Señaló que aun cuando se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de hacer una revisión de la ley de Defensoría Pública, “me parece que hay algunos aspectos que habría que analizar con más detalle para ver si esta adecuación es necesaria; pero al principio nos parece que pudiera no ser indispensable la modificación a la legislación”.
Recordó que el proveer el servicio de defensoría de oficio por parte del estado tiene que ver con uno de los principales derechos fundamentales previstos en la constitución que implica que toda persona tenga la posibilidad de ser defendida y defenderse, “en ese sentido le impone el deber al estado de construir alrededor de esta necesidad todo el entramado que tiene que ver con la defensoría de oficio pública”.
Recordó que al principio había 35 defensores de oficio, actualmente se duplicó la cantidad, son 64 lo cual permite un abanico mayor para dar una mejor atención “y también a petición de los abogados el gobierno del estado definió como una de sus áreas prioritarias, para su atención, los aspectos que tiene que ver con el tema de la justicia, precisamente a enfocarse a estructurar como servicio de calidad atendiendo ciertos parámetros el servicio que presta a través de la defensoría de oficio”.
De la Madrid Andrade señaló que es difícil hablar sobre si es necesarias una adecuación a la ley que rige a la defensoría de oficio, “en la forma como está actualmente estructurada, nos parece que está más o menos completa, cubriendo todas las áreas correspondientes que deben preverse en esta legislación y en realidad sería difícil calificar o estructurar la ley en función de algún tipo de asuntos que deba atenderse o dejar de atenderse”.
Refirió que esto se debe a que en muchos de los casos cualquiera asunto requiere de una atención de urgencia, “pues pensemos que hay un plazo para contestar una demanda y si se siguiera al pie de la letra el trámite de obtener un estudio socioeconómico para atender el asunto, se pasarían los plazos”.
El presidente de los abogados comentó que no se pude dejar de desconocer que al final del día el gobernado tiene un derecho de ser defendido “y si el estado tiene la posibilidad de proveerle del servicio de defensoría pública gratuita en un aspecto de primera impresión, eso le facultaría al propio estado para atender los asuntos que se le lleguen a plantear”.
Al abundar sobre la ley, reiteró que “desde nuestra perspectiva, aun cuando se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de hacer una revisión de la ley, me parece que hay algunos aspectos que habría que analizar con más detalle para ver si esta adecuación es necesaria, pero al principio nos parece que pudiera no ser indispensable la modificación a la legislación”.
Total de Visitas 236063498
A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
Desarrollada por HMH Sistemas
Template by OS Templates