
¿IRÁ EL PRESIDENTE CONTRA PEÑA?
En su discurso, el presidente Andrés Manuel de manera recurrente achaca los problemas actuales a la corrupción del pasado. Le funcionó en campaña para impulsar sus aspiraciones, pero ahora en el poder este recurso retórico pierde cada vez más efectividad, ante la ausencia de acciones, hechos que respalden las palabras del presidente.
En el fondo, es una situación de sentido común: si los grandes problemas de la nación derivan de los actos de corrupción del pasado, entiéndase el régimen anterior, ¿por qué no hay las denuncias, las acciones jurídicas y los procesos legales para castigarla, abatir la impunidad y dar con los corruptos?
Y no me refiero a acciones mediáticas, como el caso Elba Esther Gordillo en el sexenio pasado, sino realmente a dejar un precedente, un claro ejemplo, contundente, de que realmente el sistema político mexicano cambió. Creo que el gran error de la cuarta transformación radicó precisamente en eso: darle la vuelta a la hoja de la corrupción del pasado.
Al perdonar, al no perseguir a los corruptos, el gobierno del presidente Andrés Manuel se deslegitima, pues si achaca los problemas actuales a la corrupción, ¿entonces por qué no se combate? ¿Por qué no se lleva a la cárcel a los corruptos y se acaba con la impunidad, su principal aliciente?
Y ojo, no hablo de una persecución de brujas, de un show mediático, sino del fortalecimiento del estado de derecho, de nuestras instituciones para combatir la corrupción e impartir la justicia, de ésa que tanta hambre tiene el pueblo. Por eso sorprende, que sea el gobierno de Estados Unidos y no el de la 4T el que, por primera vez, plantee una investigación por corrupción contra el ex presidente Enrique Peña Nieto.
En esta columna he ponderado los logros y resultados del sexenio de Peña Nieto—más de 4 millones de empleos generados y un récord en inversión extranjera directa--, pero eso no lo exime de cualquier responsabilidad. De ahí la importancia de que se investigue, y que investiguen también las instituciones de nuestro país.
De acuerdo a la información en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un testigo, bajo pena de perjurio, aseguró que el en su momento presidente Peña Nieto recibió un soborno por “autorizar” la compra de la empresa privada Fertinal con un sobreprecio que dañó el patrimonio de Pemex y al erario.
Con antelación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y consultoras advirtieron que dicha empresa se encontraba en quiebra, pues tenía una deuda bancaria de 264 millones de dólares, y sólo disponía de 12 mil dólares en efectivo en cajas. Según este testigo protegido el pago excesivo fue posible gracias a la aprobación de la transacción, mediante el soborno –a Peña Nieto—que el accionista mayoritario de Fertinal, el empresario italiano Fabio Massimo, pagó usando el fideicomiso 470, creado para formalizar la operación de compra venta. Ese fue el mecanismo con el cual se pagó, según este testimonio, el soborno.
Sorprende, por otro lado, que ayer cuestionado sobre este asunto, el presidente Andrés Manuel desconociera totalmente el tema, a pesar de que siempre habla de la corrupción en términos admonitorios y la culpa de los problemas actuales. Contestó: “No tengo información. No he visto la nota, pero la voy a revisar. El día de hoy”.
Ante el laconismo de la respuesta, el reportero de El Universal insiste y pregunta si las autoridades de Estados Unidos no han notificado a México de esta investigación. “No—responde AMLO--. Lo que existe es la denuncia que se presentó ante la fiscalía general y las órdenes de aprehensión que dictó la fiscalía para quienes están involucrados en este asunto” (Emilio Lozoya, principalmente).
Si el presidente señala que todos esos financiamientos –junto con los de Obredetch en el sexenio pasado—se hicieron por medio de la Banca de Desarrollo, cuyo recurso es público, proveniente del presupuesto, entonces con mayor razón debe impulsar las acciones, denuncias y procesos que lleven ante la justicia a quienes dañaron la confianza de las instituciones de nuestro país y el erario de la nación.
Aquí no entra la fórmula del presidente de “ver hacia delante” y de que “la venganza no es mi fuerte”, sino de fortalecer el estado de derecho. Porque siempre está un día sí y otro también achacando los males del país a la corrupción del pasado y los males de 35 años de neoliberalismo, pero no hay un solo detenido, un solo corrupto a la cárcel. No se trata de perseguir, sino hacer justicia. Y los mexicanos tenemos mucha hambre y sed de justicia.
DOS PUNTOS
Peor: no se trata de hacer una consulta para llevar a un juicio mediático a los ex presidentes de la república, como sugirió ayer el presidente Andrés Manuel, sino de fortalecer el estado de derecho. Genera suspicacia, por otro lado, el mutismo del presidente y de las instituciones de la 4T, pues fue una dependencia de Estados Unidos la que revela todo este caso contra el ex presidente Peña Nieto. ¿En realidad, en un país donde todo lo conoce el presidente, Andrés Manuel no tenía conocimiento de este hecho?
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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