BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 05/06/2019

AGUAFIESTAS

Disculpen, pero no comparto el júbilo colectivo por el anuncio de la tarifa cero en la Caseta de Cuyutlán. Todo bien, que los automovilistas no paguemos, nomás que se nos olvida lo de fondo, lo importante, lo que activó todas las protestas: la presunción de irregularidad de la actual concesión, que amplió –se presume—de manera ilegal hasta por 60 años la operación de Pinfra en Cuyutlán.

Vienen más preguntas, ¿sigue en pie el proceso, las denuncias interpuestas por el gobierno del estado, impulsadas por el gobernador Ignacio Peralta, o con el mensaje del presidente todo eso terminó? Hasta donde sé el gobernador fue el único actor político que pasó de los mediático a lo jurídico: su administración inició una serie de gestiones de las que han dado cuenta públicamente, a partir del 9 de julio de 2018 con una solicitud de retiro de la concesión de la caseta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Posteriormente, ante el Tribunal de Justicia Administrativa para litigar dos temas: la legalidad de las ampliaciones de los plazos de la concesión y el de la transparencia en los pagos de la concesionaria a través de una auditoría contable que diera cuenta, cabal, del adeudo y las amortizaciones correspondientes.

Vaya que eso, y no las manifestaciones ni posicionamientos mediáticos de políticos oportunistas, fue lo que hizo temblar a la concesionaria, que luego luego cambió su actitud, bajó tarifas, aplicó descuentos y ahora, con la llamada del presidente, cedió a manejar una tarifa cero para automovilistas.

¡Pero qué chida y buena onda es la empresa concesionaria de la Caseta de Cuyutlán! Y todo hubiera quedado en una historia feliz, pero disculpen, soy un aguafiestas; me molesta, me irrita eso de no cumplir la ley o, por lo menos, no seguir cierta formalidad legal.

Y no es por darme ínfulas de idólatra de la ley, como todo un juarista, sino más bien es sentido común. Porque ahorita todo está bien, no nos va a cobrar la empresa, ¿pero quién nos garantiza que dentro de un año, dos o terminado el sexenio de AMLO no regresan los cobros? Acuérdense: tienen una concesión por 60 años. Así que no, gracias, pero no.

Lo ideal, lo correcto, es que se demuestre jurídicamente si la concesión es legal, y si lo es, pues que cobren, que se les pague lo justo, pero si no es así –que para allá apunta la transigencia de Pinfra—, si es irregular la concesión y ya se les pagó con creces en más de 20 años de usufructo de la garita, que se vayan; adiós, señores concesionarios.

¿Sólo bastó una llamada del presidente o hay un convenio, una negociación con la empresa Pinfra? Y lo reitero, lo importante, lo de fondo es lo legal, respetar la ley y fortalecer el estado de derecho. Lo dice el mismo presidente: todo con la ley y nada al margen de ésta. Bueno, pues hay que ser congruente.

Creo que no ganamos los colimenses: gana una empresa privada que mantiene un privilegio y una mina de oro, en perjuicio de la hacienda pública, porque lo ideal, lo que nos favorecería colectivamente, es que la administración de la garita pase al estado para que no se les cobre a los automovilistas, sino a los choferes de carga contenerizada y que ese recurso se canalice en el adecuado mantenimiento de la autopista, pero también para impulsar obra pública de Manzanillo, Tecomán y Armería, y no seguir engrosando más los bolsillos de, en palabras del presidente, “una minoría rapaz”.

Me molesta, además, que toda esta escenificación redunde en glorificar la imagen presidencial: con una llamada el presidente cumplió el anhelo de las y los colimenses. ¿Y las leyes, la normatividad, el proceso? Sólo bastó el uso de su voz y su voluntad y zas, se acabó el cobro de la Caseta de Cuyutlán.

Creo que eso no es lo correcto: la ruta legal, el camino de las leyes que, reitero, el único que lo emprendió fue el gobernador. Sólo el presentó denuncias. Y esa ruta es la que se tiene que seguir para darnos certidumbre y fortalecer el estado de derecho. Disculpen que lo diga: soy un aguafiestas. Lo sé, casi un amargado. 

DOS PUNTOS

El gobernador vetó parcialmente la reforma a la ley de Movilidad, esto con el objetivo de obtener un esquema que permita garantizar el descuento universal para estudiantes en el transporte público, sin que se ponga en riesgo las finanzas públicas. No bastan buenas intenciones de los legisladores, sino un trabajo legislativo serio, profesional, que garantice el cumplimiento de la norma. Hubo negligencia por parte de las y los diputados, pues esta reforma se hizo sin un estudio financiera que cuantificara el impacto presupuestario. Ahora se va hacer. Hay voluntad del gobernador, y al parecer también de los legisladores, para que se universalice el descuento.