POR: Guillermo Montelón Nava
La actitud asumida por el presidente Andrés Manuel López en su afán de terminar con la corrupción, lo está llevando a implementar políticas públicas en contra de la sociedad civil organizada para, supuestamente, eliminar a los intermediarios en el manejo de recursos, aunque, a mí me parece que en el fondo lo que el presidente busca es limitar los márgenes de maniobra de la propia sociedad en casos de inconformidad, o dicho de otra forma, facilitar el control total de los sectores más manipulables.
Primero fue la disposición de eliminar el subsidio a las guarderías infantiles, afectando no solo a miles de niños, sino también a cientos de familias y también a miles de mujeres trabajadoras, como si cuidar niños fuera solo tenerlos bajo techo mientras las madres trabajan, sin pensar en la especialización que ello requiere cuando se habla de cuidados maternales, de educación inicial, de sana alimentación y de muchos otros aspectos.
Luego la emprendió contra todas las asociaciones civiles que desde hace muchas décadas han sido una forma eficaz de atender y apoyar a diversos grupos de la población que no alcanzan a ser atendidos por las instituciones de gobierno. Se trata de grupos vulnerables, sectores que, mediante el trabajo comunitario organizado, contribuyen al bienestar de millones de personas. Aquí hablamos desde asilos de ancianos, asociaciones de discapacitados, asociaciones de lucha contra el cáncer, asociaciones que apoyan a los enfermos de alcoholismo, a las que previenen y atienden la farmacodependencia, asociaciones ecologistas, las que promueven la cultura, el arte las artesanías y también las que luchan contra la violencia de género, las que protegen a niños y a adolescentes o las que impulsan proyectos productivos en el campo y en la ciudad, solo por citar algunas.
Las reacciones ante esas posturas de un gobierno centralista que busca ser controlador de los sectores más desprotegidos y necesitados de justicia y desarrollo social, no se han hecho esperar, pero la respuesta del presidente, en medio de algunas declaraciones contradictorias hechas por funcionarios de su gobierno, es de que se mantendrá firme y de que deben perder la esperanza en que se les entreguen recursos a las asociaciones.
El presidente insiste en que los recursos se entregarán directamente a las personas necesitadas y yo me pregunto si un drogadicto o un alcohólico tendrá la capacidad para administrar el apoyo que le den para los gastos en psicólogos, médicos, maestros, trabajadores sociales o especialistas en terapia ocupacional. Igual cabe preguntarse si las mujeres violentadas que hasta ahora han sido atendidas por asociaciones que les brindan refugio y protección con psicólogos, abogados, médicos y otros especialistas ¿también podrán quedar sin ese apoyo y tendrán la paz y la tranquilidad para auto gestionar su propia protección con los recursos que les den?
Me parece que el presidente, o no tiene la sensibilidad que se requiere o no tiene la información suficiente de lo que la sociedad civil organizada hace en beneficio de este país. Será una lástima que, con estas políticas públicas en contra del bienestar, no solo se incremente la problemática social en materia de salud, de violencia de género, o el estancamiento cultural, sino que incluso se incrementen los feminicidios, las muertes por falta de atención a enfermos de cáncer, de alcoholismo, los suicidios de los drogadictos o de los enfermos mentales.
Seguramente AMLO ignora que, por ley, el INDESOL y hacienda, entre otras dependencias, mantienen una estricta fiscalización y control de los recursos que se entregan a las asociaciones. Cierto que hay muchas AC patito y vividoras, pero esas son las menos, y no justifica el afán de llegar al control y a la manipulación mediante la entrega directa de dinero. Eso nos advierte de la posibilidad de peligros mayores, a los que habrá que estar atentos.
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