Con 24 votos de diputados del PRI, Partido Nueva Alianza y Partido del Trabajo, este martes el Poder Legislativo aprobó la reforma constitucional en materia político-electoral, que contempla modificar el proceso de designación de consejeros del Instituto Electoral del Estado, la prohibición de las campañas negras y establece la paridad de géneros y la incorporación de jóvenes en las candidaturas de representación proporcional.
El dictamen de la reforma constitucional no consideró las propuestas de reducción en el número de integrantes del Congreso del Estado, presentadas por Nicolás Contreras Cortés, diputado del Partido Nueva Alianza, y por los grupos parlamentarios del PRI, Panal y PAN, porque no cuentan los legisladores con los estudios técnicos necesarios para abordar el asunto de una manera integral y sistémica.
En la exposición de motivos, el dictamen a favor de la reforma electoral detalla los acuerdos entre diputados alcanzados luego de varias sesiones de trabajo, los cuales fueron concretados tras la reunión del pasado ocho de julio, a la que convocó la diputada Itzel Ríos de la Mora, presidenta de la Comisión de Gobierno Interno, y en la que participaron los coordinadores de los grupos parlamentarios y el diputado único del PT.
Ante ello, el dictamen expone que entre los acuerdos alcanzados por los coordinadores de los grupos parlamentarios, está no incluir en la actual reforma las propuestas para modificar la integración del Congreso del Estado ni la de garantizar que con la obtención del 2% de la votación emitida, se alcance una representación en el Congreso, ya que para hacerla son necesarios los estudios técnicos, mismos que realiza el INEGI, el IFE y el IEE.
Señala también que los diputados locales asumen el compromiso de retomar el tema de la redistritación electoral y la reducción de diputados electos bajo el principio de representación proporcional en esta misma Legislatura, para, previo análisis, estar en posibilidades de realizar las reformas constitucionales conducentes.
En el mismo sentido se alcanzó el acuerdo con respecto a la integración de los ayuntamientos, toda vez que PRI, PAN y Partido Nueva Alianza, proponían la reducción del número de regidores, mientras la propuesta del PT era que con la obtención del 2% de la votación emitida, se alcanzara una representación en los ayuntamientos, coincidiendo también en no incluir estos temas en la reforma constitucional en materia político-electoral.
La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, responsable de elaborar el dictamen, estimó materialmente imposible llevar a cabo el proceso de redistritación, toda vez que éste implica modificar la delimitación de la geografía o cartografía electoral, cuya unidad básica es la sección electoral, por lo que se requiere de una serie de actividades de un alto grado de dificultad técnica, que se traduce en la necesidad de realizar diversos estudios y planeación, así como contar con una metodología, personal especializado, infraestructura adecuada y, además, la participación de l
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