Para que no sólo las materias civil y familiar sean suceptibles de ser resuletas a través de la justicia alternativa, el diputado Víctor Vázquez Cerda presentó una iniciativa para que las controversias del orden mercántil puedan resolverse también mediante la conciliación.
La iniciativa que el legislador priista presentó a nombre de sus compañeros de bancada, de los diputados del Partido Nueva Alianza y del diputado único del PT, busca también disminuir la carga de trabajo de los juzgados y ofrecer una alternativa de solución de conflictos a la población, es que se propone reformar, además de la Ley de Justicia Alternativa, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.
De aprobarse la reforma al Código de Procedimientos Civiles, al dictar el auto de radicación en términos del artículo 10 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima, los juzgados informaran a las partes la posibilidad que tienen de someter el asunto a la mediación o conciliación, las cuales tendrán un término de cinco días hábiles para manifestar su intención de resolver su controversia de carácter jurídica a través de la justicia alternativa.
Explicó que otra de las razones por las que propone reformar el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, es que a través de los medios alternativos de solución de conflictos, las controversias se podrán resolver en menor tiempo, pues éstos se solucionan mediante el diálogo, con procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.
Vázquez Cerda manifestó que a través de los medios de justicia alternativa, se propicia que los órganos jurisdiccionales puedan abatir costos en recursos humanos, económicos y materiales, pero principalmente, lograr que las partes en conflicto queden satisfechas con el acuerdo, convenio o contrato que hayan alcanzado.
Señaló que juicio de los diputados iniciadores, con la aprobación de las propuestas de reforma legal, se avanzaría en la tendencia moderna de ampliar los márgenes de acción de los juzgadores y no limitarlos a un mal entendido principio de legalidad en el procedimiento que les impide tomar decisiones que contribuyan en la práctica a una justicia más rápida y expedita.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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