Diputados locales presentan denuncia ante la CNDH

Administrador Colimapm | Colima | 07/06/2018

*Se dicen “agredidos” por la Policía Federal durante la toma y liberación violenta de la caseta de Cuyutlán.

Por considerar que sufrieron agresiones por parte de la Policía Federal durante la toma y liberación de la Caseta de Peaje de Cuyutlán, sobre la autopista Colima-Manzanillo a la altura de Armería, en hechos ocurridos el pasado domingo 27 de mayo, los diputados locales Luis Humberto Ladino Ochoa (PAN), Nabor Ochoa López (PVEM) y Leticia Zepeda Mesina (MC) presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los tres diputados locales participaron en la toma y liberación violenta de la Caseta de Cuyutlán a invitación del autollamado Congreso Nacional Ciudadano (CONACI) que se ha dedicado cada domingo a realizar este tipo de acciones propiciando enfrentamientos contra policías federales y  grupos de trabajadores de la concesionaria de la Autopista, llegando incluso a agredir a reporteros.

Sin embargo, Ladino Ochoa destacó en su denuncia que los tres diputados sufrieron agresiones durante la manifestación pacífica de la Caseta de Cuyutlán, que se realizó el pasado domingo 27 de mayo, en donde elementos de la Policía Federal hicieron “uso desmedido de la fuerza en contra de los manifestantes y de ellos mismos”.

En rueda de prensa, ofrecida Luis Humberto Ladino Ochoa, quien es además candidato de la Coalición PAN-PRD-MC al Senado de la República, y la Diputada Leticia Mesina de Movimiento Ciudadano afirmaron que con esta denuncia se pretende que “esta agresión no quede impune”.

Ambos legisladores dieron sus puntos de vista sobre la toma y liberación de la Caseta de Cuyutlán, y afirmaron que durante estos hechos (la agresión de Policías Federales) “no se veía en lo absoluto su intención de proteger a los manifestantes y si agredirlos”.

Luis Ladino refirió que esta Caseta de Cobro “es ilegal, porque la Concesión de la misma se dio en 1990 y el Artículo 147, es muy claro, al mencionar que ninguna concesión puede extenderse más de 20 años”.

Afirmó que la concesión debió haber concluido en noviembre del 2010 y “ya tiene 8 años funcionando ilegalmente, por lo que adelantó que habrán de buscar todos los mecanismos legales para que sea retirada”, medida en la que también coincide la legisladora Leticia Zepeda.