Anuncia Gobernador pago de aguinaldos este viernes 8

Administrador Colimapm | Colima | 08/12/2017

*También informó que con refinanciamiento de deuda se pagarán menos intereses a los bancos *Presenta JIPS iniciativa de Ley de Justicia Administrativa *Forma parte del paquete de nuevas leyes y reformas que se han venido promoviendo para dar operatividad al Sistema Estatal Anticorrupción

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció que el gobierno que encabeza ha logrado las condiciones financieras adecuadas para que el aguinaldo sea depositado este viernes 8 de diciembre a la totalidad de las y los trabajadores de Gobierno del Estado, incluidos los organismos públicos descentralizados, el magisterio y el personal de las instituciones de seguridad, aun cuando la Ley indica que el Gobierno del Estado tiene como fecha límite hasta antes del 19 de diciembre.

En ese sentido, ponderó que hasta el último día de su gobierno mantendrá la disciplina en el manejo de los recursos y el trabajo de saneamiento financiero, pues eso les ha permitido el pago a tiempo de becas, pensiones y salarios, como hasta ahora se ha hecho.

Al brindar un mensaje a la población a través de redes sociales, el titular del Ejecutivo recordó que la administración que preside recibió las finanzas públicas prácticamente deshechas. “Tan sólo la cifra del adeudo a bancos ascendía a 2 mil 805 millones de pesos”.

Además, comentó que la falta de pagos de la administración anterior, ocasionó que las deudas se contrataran en las condiciones más desventajosas para la entidad.

“Les doy un dato: en la suma de los años 2016 y 2017, pagamos 674 millones de pesos a los bancos, de los cuales, sólo 177.6 millones de pesos se concentraron en el pago de la deuda y 496.5 millones de pesos se dilapidaron en intereses”, ejemplificó.

Es decir, que de cada 10 pesos que se paga a los bancos, 7 pesos con 30 centavos se fueron a intereses y sólo  2 pesos con 70 centavos al pago de la deuda, y “esto es inaceptable”.

Indicó que a pesar de ello, con el manejo honesto y disciplinado de los recursos se logró una disminución del 6% de la deuda, “pero si las condiciones de los créditos hubieran sido otras, actualmente deberíamos mucho menos”.

Por lo anterior, dio a conocer que solicitó al Congreso del Estado, -y ya fue autorizado-, un refinanciamiento hasta por mil 436 millones de pesos, con el cual aclaró, que no se incrementa la deuda, como tampoco se incrementan los años en los que se tendrá que pagar, sino que por el contrario, “lo que sí se logrará es pagar menos intereses a los bancos”.

Por ello resaltó que ha instruido al secretario de Planeación y Finanzas, para que  busque las mejores condiciones de mercado para el refinanciamiento, “lo que nos permitirá que las y los colimenses paguemos menos intereses a los bancos en este 2018”.

Antes de concluir, expresó a la población que está seguro que el pago anticipado de los aguinaldos será un aliciente para las y los trabajadores del gobierno estatal, “a quienes les reconozco toda su labor a lo largo del año. Un trabajo que nos ha permitido avanzar en la construcción del Colima que anhelamos”.

PRESENTA JIPS INICIATIVA DE LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Con el objetivo de reconfigurar el actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, regular los juicios en materia contenciosa administrativa y fiscal, así como resolver sobre la imposición de sanciones a servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves, el  gobernador José Ignacio Peralta Sánchez envió al Congreso del Estado la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima.

El mandatario estatal explicó que se prevé al Tribunal de Justicia Administrativa como un órgano estatal autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, a cargo de la función jurisdiccional especializada en materia administrativa, fiscal y de responsabilidades y con plena jurisdicción para emitir y ejecutar sus fallos.

El Tribunal formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima.

Dicho órgano contará esencialmente con dos funciones: Conocer y resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades estatales y municipales con relación a los particulares, o las que surjan entre éstas.

Además de conocer y resolver las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves promovidas por el Órgano Superior  de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado (OSAFIG), la Contraloría General del Estado y las contralorías de los municipios.

Esta función actualmente corresponde al Poder Legislativo, es decir, un órgano eminentemente político es el encargado de imponer sanciones derivadas de responsabilidades por la revisión de la cuenta pública, con la propuesta de nueva Ley, esta facultad pasará al Tribunal, como órgano jurisdiccional, especializado y técnico en la materia.

El gobernador señaló que se impulsa esta iniciativa de Ley que forma parte del paquete de nuevas leyes y reformas que se han venido promoviendo para dar operatividad al Sistema Estatal Anticorrupción y dotar a las autoridades de control correspondientes de las atribuciones y herramientas necesarias para poder investigar, substanciar y sancionar las faltas en materia administrativa.

El Tribunal de Justicia Administrativa se integrará con carácter de colegiado, es decir conformado por tres magistrados que actuarán de manera individual y en pleno. Además el Tribunal tendrá un presidente, que será el magistrado que por mayoría de voto de los demás magistrados sea elegido para fungir como tal, cuya duración en el cargo será de dos años.

El funcionamiento administrativo del Tribunal y sus servidores públicos será vigilado por un órgano interno de control dotado de plena autonomía de actuación, por lo que se propone que el nombramiento de su titular lo realice el Congreso del Estado con el voto mayoritario de sus miembros, a propuesta en terna que le haga el pleno del Tribunal.