BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 06/12/2017

EL FUTURO DEL OSAFIG

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) investiga que el dinero de los colimenses se aplique de manera correcta. Por eso, cuando identifica irregularidades, las revela y notifica al congreso del estado.

Luego el congreso, con base a las pruebas que muestra el Osagif, aprueba (o no) una serie de sanciones, las cuales,  en los hechos, pocas veces se materializan. Las sanciones pueden ir desde inhabilitar al funcionario imputado o que regrese el dinero. Sin embargo, hasta el momento, no conozco de alguien que regresara dinero por una sanción resarcitoria.

Pero la falta de coercitividad para hacer efectivas las sanciones no demerita el trabajo que desde el 2015 realizó como titular del Osafig Armando Zamora Gutiérrez. Fue un trabajo inédito: presentó denuncias penales, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR), contra el ex gobernador Mario Anguiano y algunos de sus colaboradores más cercanos.

Asimismo, acreditó que durante el 2013, 2014 y 2015 el gobierno de Mario Anguiano generó un déficit de mil 867 millones 696 mil 154 pesos en la partida de servicios personales, “falseando información contable respecto al origen, registro y veracidad de los movimientos contables”; ocultó, por medio de simulación de registros, el pago de nómina no presupuestada, incrementando indebidamente con las reclasificaciones observadas, conceptos de infraestructura y obra pública “que no fue real ni ejecutada”.

Hubo, además, una simulación de reintegro a fondos federales de los ejercicios fiscales 2014, 2013 y anteriores; la desaparición de asfalto y combustibles donados por Petróleos Mexicanos, por un valor superior a 38 millones de pesos, de los que una parte fueron a parar a dos gasolineras del ex secretario general de Gobierno Rafael Gutiérrez Villalobos; y el derroche millonario de recursos del Despacho del Gobernador en gastos no autorizados como viajes de familiares del mandatario, regalos, alcohol, restaurantes, hospedaje y el desvío de cerca de 2 mil millones de pesos.

Recientemente, el 20 de noviembre pasado, Zamora Gutiérrez presentó una denuncia contra 10 ex funcionarios del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado (Sefidec) por el probable daño a la hacienda pública de 52 millones de pesos: se identificó una cuenta del Banco del Bajío, a nombre del Sefidec –sin registro en la contabilidad del organismo—en la que se ingresaron recursos económicos por el orden de 52 millones de pesos, detectándose transferencias electrónicas y la emisión de cheques por un monto superior a los 25 millones de pesos.

Por todo eso, el trabajo de Armando Zamora en el Osafig es digno de encomio. En los hechos, tanto el Osafig como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deben ser  instancias de equilibrio entre el poder absolutista de las autoridades.  Si bien tienen autonomía, se requiere además de que cuenten con los mecanismos que les permitan, en el momento de la detección de irregularidades, establecer los procedimientos para iniciar procesos penales que castiguen estos actos de corrupción.

El problema tanto de la ASF como del Osafig es que tienen un carácter meramente de informadores o notificadores de actos de corrupción con fondos públicos. Por eso urge que se rediseñe estos órganos de auditoría gubernamental para que sean verdaderos vigilantes y garanticen el adecuado uso de los recursos públicos, pero que también no impere la impunidad en los actos de corrupción.

Dos puntos

Armando Zamora renunció al Osafig por motivos personales. Cuando se es funcionario y se tiene una responsabilidad de ese nivel, el tiempo de calidad que comparte con la familia es muy precario. El trabajo abstrae y nos aleja, tanto física como mentalmente, de nuestros seres queridos. Algunos hacen ese sacrificio, otros no. Independientemente de quién quede en el Osafig, tendrá que hacer un trabajo apegado a la legalidad y adecuado para revelar todos los actos de corrupción de los gobiernos.