ESTACIÓN SUFRAGIO

Administrador Colimapm | Opinión | 04/12/2017

POR: Adalberto Carvajal

El destape de Meade, candidato que requiere de la unidad priista, hace inviable discutir durante el año electoral la nueva Ley de Pensiones en Colima.

UN POLÍTICO CONCILIADOR:

A Kristian Meiners, secretario de Administración del gobierno de Ignacio Peralta, deberían otorgarle el Premio Nobel de la Paz. Logró lo imposible: unificar a los sindicatos de trabajadores al servicio del estado, a quienes el aparato del poder había logrado dividir desde hace tres sexenios.

Además de los dos gremios perfectamente diferenciados en sus bases (el de los maestros del antiguo sistema estatal y el de los burócratas) y hasta contrapuestos en sus intereses (por ejemplo, en cuanto al servicio médico particular del que gozan los afiliados a la Sección 39ª del SNTE, frente a la atención médica en el IMSS que reciben los trabajadores administrativos y de servicios afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado –STSGE), una cosa es la burocracia estatal y otra la plantilla laboral de base en los ayuntamientos o los trabajadores sindicalizados en los organismos descentralizados.

En algún momento de su historia, el STSGE hizo causa común con sus similares municipales y en los órganos desconcentrados, como es el caso de la representación laboral del Instituto de Vivienda (Insuvi), a través de la Unión de Sindicatos. Pero esta unidad se rompió cuando algunas de esas organizaciones se escindieron para fundar, un poco más adelante, la Federación de Sindicatos.

Curiosamente, uno de los factores que impulsaron la fractura de la burocracia fue la expectativa de una reforma a la Ley de Pensiones, ante la cual el sindicato de Tecomán que encabeza Audelino Flores Jurado y el de Villa de Álvarez que lidera Teresa Ramírez, asumieron una posición contraria a la de Víctor Vázquez Cerda, entonces secretario general del STSGE, y la Martín Flores Castañeda que estaba en la jefatura de la Unión de Sindicatos.

La ruptura, por lo visto, se basó en los prejuicios que cada uno de los bloques concibió respecto a lo que los otros dirigentes harían en caso de una eventual reforma a Pensiones que resultara lesiva para los trabajadores.

Y aunque las estrategias de lucha tanto de Flores Castañeda como de Flores Jurado parecían irreconciliables, acabaron coincidiendo cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso del Estado una iniciativa de nueva Ley de Pensiones que resulta claramente ventajosa para la patronal.

En los reclamos ante un proyecto de ley que no considera la postura sindical, coincidieron también los maestros, quienes en voz de su actual dirigente, Humberto Valladares, pidieron enérgicamente la intercesión de los diputados que han sido secretarios generales del SNTE 39: Federico Rangel (PRI), Nicolás Contreras (Independiente) y José Adrián Orozco Neri (Panal).

Cuando todos los supuestos beneficiarios o claramente afectados de esta ley hicieron oír su voz en el parlamento local, se hizo evidente que, para los congresistas que conforman la mayoría oficialista, resulta ya inviable aprobarla, al menos en los términos en que la redactaron los autores de la iniciativa.

Y para el régimen, obligado como está el gobernador Peralta a pavimentar el camino de José Antonio Meade a Los Pinos, en lugar de obstaculizar la relación del virtual candidato presidencial del PRI con las bases de ese partido, se ha vuelto imposible emprender la reforma a Pensiones en pleno año electoral.

NO LA SUPIERON PLANCHAR:

La reforma a Pensiones se empantanó desde el momento en que el secretario de Administración asumió erróneamente que la iniciativa ya estaba planchada.

La falta de oficio político le impidió a Kristian Meiners darse cuenta que no bastaba con exponer a los sindicatos el estudio actuarial elaborado por un despacho especializado en estos temas, pues aunque los representantes de los trabajadores pudieran estar de acuerdo con el diagnóstico, tenían propuestas de solución distintas.

La prueba está en que, con las mismas cifras manejadas por el actuario que contrató Gobierno del Estado, Martín Flores elaboró una contrapropuesta mucho más viable, equitativa y justa que la contenida en la iniciativa de ley que el Ejecutivo envió al Congreso.

En el debate sobre las pensiones, no hay encuestas que valgan respecto a si la ciudadanía está de acuerdo en que los burócratas se jubilen tan jóvenes. O si es problema de los servidores públicos vivir hasta una edad avanzada, cuando la esperanza de vida que se calculó hace medio siglo era de menos años.

Tampoco es cuestión de si nos gusta o no a quienes carecemos de un plan de jubilación como el de ellos, que los burócratas cobren una pensión proporcional al sueldo que tenían como trabajadores activos.

Aquí no se trata de discursos cargados de sofismas en donde se promedian las pensiones de los trabajadores de base con las de los altos funcionarios, para hacernos creer que la pensión mínima es mayor a veintitantos mil pesos, cuando hay jubilados municipales que reciben una jubilación meramente simbólica.

Lo urgente es establecer nuevas reglas para calcular las aportaciones de su sueldo que el trabajador hará para crear un ahorro para el retiro, suficiente además para costear su pensión (y la de viudez de su cónyuge) por los años de vida que el desarrollo actual y futuro de la medicina le permitan.

Pero también se trata de que el Gobierno haga las aportaciones proporcionales a ese nuevo esquema de ahorro de los trabajadores. Y, sobre todo, que reponga las cuotas patronales que no hizo en 19 años, incluidas las aportaciones de los trabajadores que retuvo de nómina y que no enteró al sistema de Pensiones con el pretexto de que no había un fondo de retiro.

ACUÉRDENSE DE LOS SOTANEROS:

Este debate se va a ganar con estados financieros claros, no con propaganda gubernamental que parece inspirada en la comunicación política de Geobbels, el ministro de Hitler, o en las campañas de odio de Donald Trump.

Y es un asunto que tendría arreglarse en una mesa de negociación política. No con una votación mayoritaria en el Congreso, pues no debería el gobierno de Ignacio Peralta olvidar a qué llevó el “sotanazo” (llamado así porque se aprobó en los sótanos del Palacio Legislativo), aquel decreto de Carlos de la Madrid para eliminar un buen número de plazas.

El mayoriteo contra los burócratas llevó a un conflicto laboral que fortaleció a la dirigencia de Martín Flores y desprestigió a un mandatario que había llegado con la legitimidad de una elección interna, en donde las huestes locales del PRI se opusieron a las directrices del PRI nacional que apoyaban la postulación de Socorro Díaz.

A medida que se generaliza la percepción social de que la quiebra en el sistema de Pensiones se debe al manejo discrecional que hizo el Gobierno como patrón, de los recursos que deberían estar en un fondo, y conforme se evidencia que el Ejecutivo cometió un error político al enviar una iniciativa que no estaba consensuada con sus presuntos beneficiarios, se vuelve más difícil que la iniciativa se discuta en el Congreso antes que concluya esta Legislatura.

No será, por lo pronto, en un año electoral cuando se fracture la relación del Gobierno con sus trabajadores. Y menos cuando José Antonio Meade, en su discurso de aceptación de la precandidatura a la Presidencia de la República, hizo patente que no puede prescindir del PRI.

Si bien, para ganar el voto del mercado electoral conviene que Meade sea un abanderado del tricolor que no se reconozca como priista (lo que le presuntamente daría ese plus que necesita para romper el empate técnico con López Obrador), ante las dirigencias de los sectores y frente a las estructuras territoriales del Revolucionario Institucional, Pepe no deja de ser un tecnócrata que necesita del voto duro que le pueden garantizar los gobiernos (federal, estatales y municipales), grupos políticos y organizaciones (entre ellas los sindicatos) identificadas con el PRI.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en el sitio web carvajalberber.com y sus redes sociales.