La sociedad exige orden y seguridad, asegura Presidente del STJE

Administrador Colimapm | Colima | 14/11/2017

*Trabaja STJ para estar a la altura de los colimenses, señala el magistrado presidente del STJ en su Primer Informe de Labores *Destaca el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno *El nuevo Sistema de Justicia Penal no fue ideado para salvar delincuentes, sino para proteger el derecho de los inocentes, asegura

La sociedad exige orden y seguridad y el Poder Judicial quiere participar en ese gran objetivo señaló el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Bernardo Alfredo Salazar Santana, durante su Primer Informe de Labores.

Afirmó que el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno logrará un Poder Judicial a la altura de los colimenses.

El Magistrado Presidente informó que durante el año judicial 2016-2017, se terminaron 12,418 juicios en primera instancia, de los cuales 1,079 son en materia civil, 4,203 en materia familiar, 5,561 en materia mercantil y 1,575 en materia penal. En lo que respecta a la segunda instancia, se turnaron 797 tocas, de los cuales 303 corresponden a la materia civil, 289 a la materia familiar, 114 a la materia mercantil y 91 tocas administrativos. Durante este periodo se resolvieron, además, 718 tocas de apelación de fondo.

Agregó que durante este año judicial se atendió a 4,261 personas y se iniciaron 2,202 controversias jurídicas: 868 en materia civil, 801 en materia familiar, 519 en materia mercantil y 14 en materia de adolescentes.

El evento se realizó en el auditorio Carlos de la Madrid Béjar, en presencia de los 10 magistrados del STJ, el Gobernador del Estado, Ignacio Peralta Sánchez y del Presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Joel Padilla Peña.

El Magistrado Presidente manifestó que uno de los retos del STJ es consolidar el nuevo Sistema de Justicia Penal, que fue ideado por el Estado Mexicano para superar décadas de abuso de autoridad, de encarcelamiento de inocentes, de condenas basadas en evidencias circunstanciales o incluso prefabricadas.

Recalcó que no fue ideado para salvar delincuentes, sino para proteger el derecho de los inocentes, y, de acuerdo al mandato constitucional, para que se esclarezcan los hechos, que el delito no quede impune, se castigue al culpable, se repare el delito y se respalde a la víctima.

Salazar santana dijo que tanto el Poder Judicial como las instancias de procuración de justicia, que son las responsables de la integración de las investigaciones y de la capacidad acusatoria del Estado, deben organizarse para alcanzar una mayor eficiencia y calidad en sus procedimientos y resultados.

Considerando la capacidad de acción de la delincuencia, tanto la organizada como la del fuero común, como resultado de factores externos a las circunstancias de la entidad, el Poder Judicial desea hacer su aportación, respaldando el esfuerzo que está realizando el Gobierno del Estado, así como las instancias de procuración de justicia y seguridad pública.

Por ello, continúo, emprendimos ejercicios permanentes de comunicación entre las instancias policiales y de procuración con el propio Poder Judicial, con el objeto de armonizar criterios, compartir experiencias y determinar modelos de actuación que permitan que los delincuentes no eviten, por errores de procedimiento, resolver su situación jurídica.

“Estoy seguro que con esta unión de voluntades y propósitos entre los Poderes, podremos ofrecerle más seguridad a nuestra sociedad, al mismo tiempo que lograremos que siga prevaleciendo la fuerza del derecho, sin experimentar el retorno al derecho de la fuerza”, enfatizó el Magistrado presidente.

Informó además, que en enero próximo entrará en vigor la reforma por la cual los juicios mercantiles ejecutivos se tramitarán en juicio oral y de manera gradual, la oralidad se irá imponiendo en todos los procesos mercantiles, por lo que se requiere infraestructura necesaria para sustentar la necesidad que impone esa nueva dinámica procesal.

Deberá asumirse, a la vez, la justicia laboral, sin que aún se cuente con el recurso suficiente para el funcionamiento mínimo de los tres juzgados que se harán necesarios.

Aclarando que no se trata sólo de transferir el presupuesto actual de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como se supone erróneamente, pues el Gobierno del Estado deberá crear el Centro de Mediación, que se considera la etapa previa al juicio laboral y que es donde deberán invertirse dichos recursos.

Otro reto de gran magnitud es la modernización tecnológica del Poder Judicial, para que se agilice la operación de los juzgados y se brinde un trámite más expedito y puntual a todos los procesos.

Eso implicará, por supuesto, generar una plataforma informática confiable que deberá acompañarse de una posterior reforma para que el correo electrónico sea la única forma de hacer notificaciones.

Bernardo Salazar enfatizó que el Poder Judicial debe estar incrustado en la nueva dinámica del aprovechamiento informático, combinando su tradición jurídica con la innovación tecnológica.