El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedh), Roberto Chapula de la Mora, condenó el atentado a la libertad de expresión, la cual está garantizada por la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y es una garantía individual y un derecho humano que costó sangre y dolor al pueblo de México para plasmarla en ese ordenamiento jurídico político que rige la vida de los mexicanos.
Lo anterior luego de que elementos de la Armada de México intentaron impedir que periodistas locales dieran cobertura a un operativo realizado por esas fuerzas armadas, a lo que dijo Chapula de la Mora que “nadie puede y debe estar por encima de la Constitución, cualquier acto de autoridad debe ser fundamentado como lo marca y debe conducirse con estricto apego a derecho, por lo que deberán de abstenerse de incurrir en prácticas ilegales como efectuar detenciones sin mandato legítimo de autoridad y de la flagrancia de conducta delictiva.
Indicó que las detenciones únicamente se podrán realizar cuando se haya cometido un delito y una vez efectuadas deberán poner a quien presumiblemente infrinja la ley de forma inmediata a disposición de las autoridades competentes más cercanas sin falsear acusaciones y, a su vez los detenidos, deben ser tratados de manera enérgica, pero con respeto y en forma humanitaria, sin importar la raza, el idioma, la clase social, la ideología política o religiosa y la nacionalidad.
Chapula de la Mora comentó que la población no debe sufrir ataques ni debe ser objeto de ataques por parte de ningún grupo armado con el argumento de que se encuentran infiltrados. Ni tampoco debe haber amenazas a la población con el fin de atemorizar a la sociedad, ya que la población civil y sus bienes deben gozar siempre de la protección de las fuerzas armadas que operan en la región para proteger las actividades totalmente licitas.
Aseguró que “las fuerzas armadas no se deben introducir con engaños, violencia o sin permiso de los dueños o poseedores del lugar, a menos que tengan una orden de una autoridad competente”.
Además las autoridades militarres deben dar todas las facilidades a los organismos públicos de derechos humanos para que lleven a cabo sus investigaciones y cumplan con su medida protectora a los derechos fundamentales.
Por otro lado, mencionó que las autoridades navales deberán proporcionar a periodistas acreditados las facilidades conducentes al cumplimiento de sus funciones señalando las áreas en las que no corren peligro.
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