POR: Adalberto Carvajal
Arnoldo Ochoa no ha elaborado el protocolo para la publicidad oficial porque no sabe en la que se metió; hay medios que pretenden monopolizar el presupuesto.
RECOMENDACIÓN PENDIENTE:
La recomendación (número 08/2016) emitida por la Comisión (estatal) de Derechos Humanos el 19 de diciembre del año anterior, y el exhorto que acaba de hacer el Congreso del Estado al secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, a fin de que se dé cumplimiento a la misma, ponen el dedo en la llaga respecto a uno de los temas más espinosos en la relación del poder y los medios: la asignación de la publicidad oficial.
El punto de acuerdo que redundó en el exhorto fue presentado por la diputada panista Martha Leticia Sosa Govea, quien dijo que a pesar de que la autoridad aceptó la recomendación emitida por el ombudsman, e informó que está en proceso la elaboración de un protocolo para el otorgamiento y distribución de publicidad oficial, a cuatro meses de que se venciera el plazo establecido por la CEDH el proceso de cumplimiento de la recomendación se encuentra estancado.
Como ello es en demérito de los periodistas y de los medios de comunicación de la entidad, Sosa Govea consideró necesaria mayor rapidez en la diligencia para cesar la violación a los derechos humanos de los comunicadores sociales.
En octubre de 2012, el propietario de Diario Avanzada presentó una queja ante la Comisión por considerar que el Gobierno estatal violenta “diversos derechos que tiene como persona, periodista y medio de comunicación”.
En esa queja se asentó que el Poder Ejecutivo hace “uso de la publicidad oficial como instrumento de presión y amenaza hacia los periodistas y medios de comunicación de la entidad, para intervenir en su criterio editorial”, recordó la exalcaldesa de Manzanillo.
La CEDH consideró fundada y motivada esta queja, procedió a su estudio y tras un análisis el ombudsman consideró las pruebas y alegatos presentados por el medio quejoso, pero también consideró los allegados por la Secretaría General de Gobierno.
VIOLACIÓN CONSTANTE:
La recomendación se emitió con la finalidad, primero, de que se giren instrucciones a quien corresponda para que se emitan lineamientos claros y criterios objetivos, imparciales y transparentes que deberán hacerse públicos, buscando garantizar la igualdad de oportunidades en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación.
Segundo, que el Ejecutivo gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleve a cabo la supervisión de la asignación de publicidad oficial por parte de las distintas dependencias y organismos públicos estatales, que incluya la evaluación adecuada de la asignación en la contratación que realice conforme a procedimientos y criterios claros, imparciales y transparentes.
Aquí lo interesante son los motivos que llevan al grupo parlamentario del PAN a dar seguimiento y vigilar que se cumpla la recomendación: los diputados panistas comprobaron según ellos que los actos y las decisiones del Gobierno estatal “son contrarias de manera permanente al respeto de los derechos de libertad de expresión, legalidad, seguridad jurídica y derecho de informar a la sociedad”.
En ese sentido, la iniciativa de Sosa Govea para buscar el punto de acuerdo “busca contribuir a la protección y al respeto de los derechos humanos de los ciudadanos del estado, sobre todo, a aquellos que la Comisión de Derechos ha dictaminado, con pruebas fehacientes, como víctimas de violaciones a sus derechos por parte de autoridades gubernamentales”.
La ex coordinadora de la bancada albiazul afirmó que los periodistas y los medios de comunicación en que laboran, han sido sujetos de transgresión al derecho de libertad de expresión y de informar a la sociedad, resumió en su nota el reportero de El Comentario, Juan Ramón Negrete.
COMERCIAL O POLÍTICO:
La gran pregunta es qué tipo de pruebas debe presentar la Secretaría General de Gobierno para demostrar que la administración de Ignacio Peralta ha cumplido la recomendación de Derechos Humanos.
Se habla de un protocolo, lo que reviste ciertamente una mayor formalidad que una serie de lineamientos. Aunque, de entrada, no es aplicable el criterio lopezportillista de: “No pago para que me peguen”. Ni se admiten actos de autocensura como los que derivan de expresiones serviles: “Hay que ejercer la libertad de expresión, pero no el libertinaje”.
Especialmente en economías como la nuestra, con una precario mercado de anunciantes y una marcada concentración de los medios de comunicación, ¿el Gobierno está obligado a anunciarse en aquellos periódicos, radiodifusoras, televisoras o portales de internet que difícilmente podrían sobrevivir sin un subsidio?
Hay enfoques que privilegian el aspecto comercial. En algunos sistemas de comunicación social los medios se catalogan en función de su influencia, medida por tirajes, circulación, audiencia o número de suscriptores; valores que son más fáciles de certificar en los medios electrónicos y, ahora, en los digitales.
En otros sistemas comunicacionales se hace un reconocimiento a la representatividad de los medios: cuáles dan voz a grupos vulnerables o marginales de la población. O a su pertinencia: cuáles ejercen un periodismo que contribuya a la democratización de la sociedad o la educación del pueblo.
Para calificar a los medios en atención a la pluralidad política o en función de su pertinencia social, en otros países se han integrado consejos ciudadanos o se deja la responsabilidad de decidir a un organismo público aprobado por el parlamento.
Un protocolo de esta naturaleza para Colima debe partir de considerar a los comunicadores y, especialmente a los periodistas, agentes para la mediación social; debe comenzar por entender a la prensa como un auténtico cuarto poder e, incluso, como oposición; y de aceptar que en la sociedad de la información, la opinión pública ya no se agota en las industrias mediáticas pues cada vez es más notorio el peso de las redes sociales.
Empiezo a entender por qué no ha cumplido Arnoldo Ochoa con el compromiso de elaborar un protocolo para el otorgamiento y distribución de publicidad oficial. No sabe en la que se metió el secretario general de Gobierno, concretamente porque hay medios que, por su cercanía al poder, pretenden monopolizar el presupuesto estatal de comunicación social.
Cfr. http://elcomentario.ucol.mx/?p=7681
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en el sitio web CARVAJALBERBER: www.aacb2.com
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