Padres de familia ya no seremos las 'cajas chicas' de las escuelas: Julio Magaña

Administrador Colimapm | Colima | 20/06/2017

Derivado de la reforma educativa, los padres de familia juegan un papel fundamental en el sistema educativo, con el propósito de coadyuvar en las tareas formativas de los alumnos del nivel básico.

Así lo dio a conocer Julio Magaña Cervantes, Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia en Colima, quien precisó además que “con los nuevos esquemas de participación los padres de familia ya no seremos las ‘cajas chicas’ de las escuelas, sino que seremos tomados en cuenta en los Consejos de Participación en la Educación para incluso hacer propuestas en el tema técnico-pedagógico y cuestiones administrativas”.

Este paso fundamental, señaló, va a generar una nueva dinámica de rendición de cuentas, de transparencia y sobre todo de oportunidad de opinar y de participar activamente en lo que será la generación de este nuevo modelo educativo, “desde luego esperando que nuestros hijos reciban una educación de mejor calidad”.

Recordó que como Asociación de Padres de Familia ya se tiene una participación activa en diversos Consejos de temas que atañen a la educación de los hijos, como son: el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, en el Consejo Estatal de Prevención del Embarazo adolescente, en el Comité Interinstitucional en el Combate a la Trata de Personas, y así tenemos una presencia constante y permanentemente se tiene el uso de la voz a nombre de los padres de familia para generar propuesta entorno a la dinámica que el Estado debe generar como políticas públicas.

“Estamos insistiendo incluso en el tema de la seguridad, en el que se reglamente la Ley de Seguridad Escolar, la cual tendrá que sentar las bases para la conformación de brigadas escolares de asistencia en emergencias escolares, protección civil y en el tema de seguridad”, comentó.

Consideró de suma importancia, en este sentido, que los Consejos municipales y el Consejo Estatal de Seguridad Integral Escolar deberá llevar un registro muy puntual de eventos de agresividad, rebeldía, violencia o bullying que se pudieran dar en los planteles y el manejo adecuado e integral que el Estado está obligado conforme a la Ley para canalizar a los niños, tanto víctimas como agresores para que reciban una mejor atención y que eso redunde en que su participación dentro de la escuela sea pacífica.