ESTACIÓN SUFRAGIO

Administrador Colimapm | Opinión | 31/05/2017

POR: Adalberto Carvajal

La reforma estructural al sistema de pensiones no exime a los tres poderes de la obligación moral de investigar dónde quedó el dinero faltante y recuperarlo.

DOS PROBLEMAS DIFERENTES: SOCIAL Y FINANCIERO

Colima ha sido el paraíso social y es hora que empiece a ser un paraíso económico. Ah, y una cosa excluye a la otra. No se puede tener un régimen de seguridad social tan benévolo con burócratas y maestros estatales, al mismo tiempo que buenas finanzas públicas.  

En eso coincidieron el secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar, y el actuario Francisco Miguel Aguirre, representante de Valuaciones Actuariales del Norte, quienes se reunieron con periodistas y empresarios en el transcurso de este martes, para exponer el diagnóstico sobre el sistema de Pensiones en Colima y sensibilizarlos sobre la necesidad de emprender una reforma estructural del mismo.

Urge una reforma de fondo y no sólo ajustes administrativos, dijeron. Se requiere una nueva normatividad para el retiro de los servidores públicos y el pago de sus pensiones y jubilaciones, que culmine con cambios en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, y en la relación contractual con los maestros del estado (adheridos a la Sección 39 del SNTE).

La situación es tan grave, explicada por el actuario con pesos, esperanza de vida y años de servicio, que ni aun inyectándole mil 500 millones de pesos para fortalecer un fondo de pensiones que, además, empiece a hacerse cargo de las jubilaciones que actualmente se pagan con cargo a la nómina, se puede impedir que el sistema termine quebrando en uno o dos años.

Ante este diagnóstico tan pesimista no pude dejar de pensar en la ironía de una administración como la de Ignacio Peralta que prometió en campaña una vida segura y feliz. Si este gobierno ya no te garantiza la seguridad pública, mucho menos puede responsabilizarse de la seguridad social de esa parte importante de la población colimenses que integran los burócratas sindicalizados, el magisterio estatal, los servidores públicos (de base y contrato, mas no de carrera) y los elementos de las fuerzas policiacas.

El secretario Meiners y el actuario Aguirre consiguieron algo que no sé si buscaban: convencer a una buena parte de los columnistas que asistieron a la reunión de la mañana en el Complejo Administrativo, de que los culpables de la bancarrota del sistema de pensiones son los trabajadores del gobierno.

Por lo menos, dejaron entrever, son privilegiados pues gozan de niveles salariales y una serie de prestaciones económicas atípicas en el mercado laboral de Colima. Y siendo un sector minoritario de la sociedad (aunque tengo la impresión de que en la zona metropolitana capitalina un alto porcentaje de las familias dependen económicamente de la nómina estatal), los beneficios que reciben burócratas y maestros impactan desmedidamente en las finanzas públicas.

“El pasivo contingente [esto es, lo que el Estado terminará pagando hasta que fallezca el último de los jubilados y de los trabajadores todavía en activo protegidos por este esquema] supera el 140% del producto interno bruto (PIB). Más de la mitad de este pasivo corresponde a servidores públicos y universitarios (16 puntos por millón y 3.3 puntos por millón)”, se asienta en el estudio actuarial que está disponible en el portal de la SAyGP (http://www.administracionygestionpublica.col.gob.mx/index.php/detalle/contenido/OTQzMQ).

Por lo demás: “El pago a pensiones en 2017 representa cerca del 15% del presupuesto de egresos de la Federación (PEF) y se espera que siga creciendo durante los próximos 20 años para después disminuir como efecto de las reformas”.

Pese al entusiasmo de algunos de mis colegas por culpar a lo que a ellos les parece una codiciosa burocracia, los trabajadores sindicalizados del gobierno no diseñaron el esquema de pensiones para llevar a la bancarrota al estado. Está plasmado en una ley y corresponde a los diputados cambiar las leyes.

Además, el verdadero problema financiero lo representan los maestros: la lista de prestaciones que gozan los afiliados al SNTE 39 es tres veces más larga que las conquistas sindicales de los integrantes del STSGE. Por su parte, los ingresos extra salariales de los trabajadores de confianza son mínimos por una sencilla razón: a ellos no los ampara ninguna ley ni los defiende ninguna organización sindical para no ser despojados de beneficios que ya la patronal les había otorgado.

En los tiempos en que Colima era un paraíso priista, los servidores públicos de confianza se beneficiaron al parejo de las conquistas salariales y económicas de los burócratas sindicalizados, hasta que los gobernadores decidieron ensayar la política de austeridad con sus colaboradores directos. Los recortes sistemáticos en sueldos que ha venido sufriendo el personal de confianza, explican en buena medida por qué hoy existen puestos sindicalizados con un salario más alto al del titular de una Secretaría.

¿Por qué ha sido tan consentida la burocracia en Colima? Porque los trabajadores del gobierno contribuyeron con su entusiasmo y el de sus familias a la continuidad de los gobiernos priistas. Y podríamos decir que el gremio de maestros recibió mayores premios, sencillamente porque el trabajo que desempañaron los trabajadores de la educación, en tareas tan delicadas como la alquimia electoral, no tiene precio.

De ahí que a muchos preocupe tanto el riesgo electoral que corre el PRI si emprende la reforma a Pensiones. Meiners piensa que es un acto de responsabilidad de un gobierno decidido a sanear las finanzas y a reorientar el presupuesto para que los dineros públicos se gasten en obras y beneficios para toda la población, no en salarios. Y sí, puede ser una buena inversión de tiempo y energía, pero tendrá enormes costos políticos.

Hay una dimensión económica en este borrón y cuenta nueva que molesta. La Suprema Corte ya determinó que las reformas pueden afectar a los trabajadores en activo. Salvo los que ya tienen 30 años cumplidos (28 en el caso de las mujeres) de servicio, todos los demás burócratas tienen una “expectativa de derechos”, no “derechos adquiridos”. Sin embargo, su vida laboral transcurrió bajo un esquema de futuras jubilaciones en el que ellos cumplieron con lo establecido, mientras la patronal, administrador del virtual sistema de ahorros para el retiro, no cumplía con su obligación de fondear las pensiones.

Se ha hablado de una reforma a Pensiones desde 1997 y no se ha emprendido por temor a revivir el conflicto laboral que enfrentó el gobernador Carlos de la Madrid al desaparecer mil y tantos puestos de trabajo… y por falta de disciplina fiscal y de transparencia en el gasto.

La inminente quiebra de un sistema de pensiones que ni siquiera ha empezado a pensionar trabajadores retirados, no responde exclusivamente a los factores que enlistó Aguirre: Incremento en la esperanza de vida (cambia el concepto de senectud); Decremento en la tasa de natalidad; Inexistencia de normatividad para la creación de reservas; Reconocimiento de antigüedad; Tasas bajas de interés en créditos a afiliados; Insuficiencia de aportaciones o Inexistencia de sueldo regulador.

Hay también un componente todavía no calculado que incluye el déficit de las aportaciones gubernamentales no hechas, el monto de los créditos no cobrados (por ejemplo a funcionarios que recibieron un préstamo hipotecario y dejaron de pagarlo cuando salieron de la administración) y sus intereses, el pago de jubilaciones exageradas por recompensas políticas y las retenciones a los trabajadores no enteradas al fondo, más los rendimientos financieros que todas esas cuentas pendientes debieron haber generado al paso de los años.

Si bien Kristian Meiners y Francisco Miguel Aguirre coincidieron también en que ese dinero no está a la mano, el actuario señaló con toda claridad que la reforma estructural al sistema de pensiones, la legislación urgente de un nuevo marco jurídico y la creación de un organismo de Pensiones Civiles que realmente libere a la actual dirección general de Capital Humano de la obligación de pagar las jubilaciones, no exime a los tres poderes del estado de la obligación moral de investigar dónde quedó ese dinero y, tampoco, de buscar recuperarlo.

Mientras no haya voluntad política para reponer esos fondos, a Meiners le va a resultar difícil convencer a los burócratas en activo de aportar un porcentaje mayor de su sueldo para su cuenta de retiro, y de sumar uno o más años de servicio (dependiendo de qué tan lejos estén de completar los 30) antes de tener derecho a jubilarse.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.