PARACAÍDAS

Administrador Colimapm | Opinión | 27/04/2017

PARACAÍDAS

¿CÓMO VAMOS, BRUN?

El líder más visible de la organización ¿Cómo vamos, Colima?, Guillermo Brun, está realmente incordiado porque no consigue del Congreso del Estado la aprobación a la iniciativa de Ley enviada por el gobernador del Estado, Nacho Peralta, para poder obtener (vía el impuesto sobre la Nómina) muchos millones de pesos anuales a fin de que su organización pueda fiscalizar las cuentas del Estado. Hace unos días, incluso, amagaron a los legisladores (plantándose frente al Congreso con otro grupo de empresarios igualmente interesados en sacar partida de esta medida legal) para exigir que se le resuelva a favor la mencionada iniciativa, a la cual yo personalmente no me opondría si ese dinero obtenido del impuesto sobre la nómina fuera destinado a causas más nobles, como a desayunos y becas escolares, arreglo y equipamiento de escuelas, profesionalización docente, etcétera, y no a un grupo de empresarios, comandados por Brun, que lo utilizarán para hacer la labor que instituciones debidamente establecidas (como el Osafig) ya hacen y con repercusiones legales importantes. Esta organización, espuria y que tiene todo el rechazo de la sociedad, le quiere vender la idea a la ciudadanía (tal como hicieron los españoles con los espejitos) de que con ese dinero que obtendrán van a fiscalizar las cuentas del gobierno, para luego darnos su reporte (que no tienen ninguna fuerza legal) y nosotros como ciudadanía sepamos cómo vamos en Colima en términos de corrupción, transparencia, salud, seguridad, incluso hasta en educación. Si bien esta es también una forma en que el gobernador del Estado, Nacho Peralta, les pagará los favores que recibió de esta organización durante su campaña (de ahí que haya enviado esta desorbitada iniciativa), es totalmente injusto que la sociedad colimense tenga que pagar (porque eso es realmente lo que es, así se empeñen en decir que va vía impuestos sobres la Nómina y demás) los compromisos políticos y los intereses económicos de esta ilegítima organización. Si tanto interés tuvieran Guillermo Brun en ayudar a la población que padece hambre, inseguridad y desempleo, entonces que de su propio dinero (que no es poco) solventen esa organización o cuando menos lo utilicen para exigirle a las instituciones establecidas para desempeñar tal función (como el mencionado Osafig) que cumplan a cabalidad con su tarea. Pero no se puede esperar eso pues  hay antecedentes de que usan sus privilegios (económicos y, por extensión, políticos) para obtener beneficios que un ciudadano común no podría. Por ejemplo: a mi correo electrónico llegó un documento (enviado por un ciudadano que pidió anonimato para evitar represalias) en donde se constata que Guillermo Bruno (él es quien firma la petición precisamente dirigida a Nacho Peralta, entonces presidente municipal de Colima) obtuvo permiso para el espacio aéreo (espacio que es de los ciudadanos) que ocupa La Marina San Fernando y para lo cual sólo paga en especie un local comercial que usa el municipio para trámites administrativos.  Quisiera qué pasaría si yo compro dos casas (una enfrente de la otra, con una calle de por medio) y luego le pido al Ayuntamiento que me permita conectarlas por arriba para evitarme la pena de cruzar la calle, tal como hicieron los dueños de La Marina. ¿Me lo permitirían? A raíz de una publicación que hice de esto en Facebook, muchos ciudadanos se manifestaron no sólo en contra de esta organización, sino que también refirieron otras situaciones de similar tipo cometidas por Guillermo Brun y familia (como el caso Altozano, etcétera), que las autoridades correspondientes deberían verificar. Nada bueno indica, pues, que esta organización se quiera ahora erigir como juez de la transparencia y la rendición de cuentas cuando hay evidencias claras de que sólo se quiere conseguir el beneficio de un grupo de personas, respaldados por otro grupo de empresarios que podrían igualmente salir beneficiados con esos donativos, pues en nuestro país la corrupción ha permeado sobremanera el sector empresarial también. Yo apelo desde aquí a los legisladores a que sean claros y contundentes con esta resolución: no pueden sentar un precedente de este tipo porque la ley es muy clara y siempre atiende al bien común, no a un grupo de personas a las que lo único que les interesa es conservar (y agrandar, incluso) sus privilegios. 

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