ESTACIÓN SUFRAGIO

Administrador Colimapm | Opinión | 27/04/2017

POR: Adalberto Carvajal

Si las policías tienen a la vista los números y el sistema celular es capaz de decir la ubicación de cada móvil, ¿por qué no atrapan a los extorsionadores?

LA RESPONSABILIDAD ES DEL ESTADO:

Sin duda, para enfrentar el problema de la inseguridad se requiere de una ciudadanía corresponsable. Pero la responsabilidad directa sigue siendo del Estado.

Es cierto, el fenomenal crecimiento de la delincuencia se explica por el deterioro del tejido social.  Sin embargo, ¿no fue determinante para la destrucción de este tejido social la corrupción de las instituciones públicas relacionadas con la seguridad pública: policías, procuradurías de Justicia y tribunales?

Ahora ya no se habla de un Estado fallido, sino de un verdadero Estado criminal: un entramado de intereses y complicidades que prosperan (obviamente al margen de la ley pero no de la inteligencia gubernamental) en función del impresionante poder económico de las mafias.

Las industrias delictivas (que no sólo son el narcotráfico) generan tal cantidad de recursos financieros que en muchos países acabaron con la ética política. En esas naciones –las películas de acción hablan siempre de Europa del este y la antigua Unión Soviética– el poder instituido está al servicio del poder fáctico. Pero en el cine de Robert Rodríguez, director de El Mariachi, o en cintas como El Infierno de Luis Estrada, ésa es también la realidad mexicana.

Mientras las autoridades no sean capaces de depurarse a sí mismas, con oficinas de Asuntos Internos como los que tienen las mejores policías, poco es lo que puede hacer la sociedad civil en democracias como la mexicana donde los ciudadanos no votamos al sheriff ni al fiscal de distrito.

No obstante, en ese estrecho margen de acción sí pueden hacer señalamientos. Y esa es la función de los observatorios ciudadanos que han conseguido, por ejemplo, establecer semáforos delictivos cuyo propósito es encender los focos amarillos de alerta o rojos de alarma.

En todo el país, el discurso de estos ciudadanos observadores se resume en afirmar que la estrategia de seguridad desplegada por el Estado mexicano es un fracaso, que dicha estrategia –la cual consiste fundamentalmente en atrapar capos del narcotráfico y extraditarlos– solo causa olas de violencia ya que, al quedar descabezados los cárteles, se desata mayor violencia al iniciar disputas entre los lugartenientes de esas organizaciones o a nivel interno.

Gracias a las millonarias utilidades que deja el trasiego de drogas, los grupos criminales consiguieron anular el Estado de derecho y asegurar altos niveles de impunidad, la cual les permite florecer a otras formas de la delincuencia organizada: desde la piratería que parece no hacerle daño a nadie hasta el cobro de piso; desde la extorsión que se supone sólo afecta al que cae en el garlito hasta el secuestro; desde la trata de blancas a la pornografía infantil u otras formas de esclavitud moderna.

Cuando una autoridad “vende la plaza” por codicia o creyendo que el dinero del narcotráfico impulsará a la economía local, le está abriendo las puertas a otros delitos que afectan a la población en general y no sólo a los consumidores de enervantes. Si la delincuencia organizada logra capturar al Estado, es porque antes los titulares de las instituciones públicas abrieron las puertas a los criminales.

Otra cosa es cómo se explican estos fenómenos delictivos las autoridades de Seguridad y a quién responsabilizan o hacen corresponsable. En Colima, particularmente, la antigua tesis que explicaba oficialmente la ola de homicidios violentos en función de la disputa por la plaza entre dos de los más peligrosos cárteles del narcotráfico que operan en el país, ha sido sustituida por una narrativa en la que tan desproporcionada cantidad de asesinatos en relación al número de habitantes responde a una lógica de ajuste de cuentas “entre ellos”.

Nos hablan de un esquema de ajusticiamiento para adictos que no pagaron sus consumos o de narcomenudistas que invadieron puntos de venta que fueron asignados a otros. De la ejecución de una sentencia a muerte dictada en contra de alguien que, por lo demás, decidió voluntariamente involucrarse en “el negocio”.

De acuerdo a esa tesis, el móvil de tanto delito del orden común (no sólo homicidios sino robos a casa habitación y negocios, asaltos o incluso secuestros) es la urgente necesidad de dosis que tienen los drogadictos.

Pero si bien la actividad criminal es ya una amenaza real para la personas y sus bienes, el origen de este problema no es la creciente cantidad de potenciales delincuentes –resultado de un severo deterioro del tejido social– sino la impunidad con la que se mueven.

 “YO NO CAIGO”:

Impunidad es lo que denunció hace unos días el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), Carlos Ignacio Maldonado Orozco, al dar a conocer una lista de 139 números de teléfono con lada de Colima (312) desde los cuales están llamando para extorsionar. Para el joven empresario, “esto no quiere decir que se esté llamando desde Colima, los chips pueden haber sido comprados aquí y están llamando desde otras partes del país”.

La industria de la extorsión telefónica indigna a la sociedad por los niveles de impunidad con los que se da. Como un lector de esta columna señaló, “si las policías tienen a la vista los números y el sistema celular es capaz de decir la ubicación de cada aparato móvil, con precisión de dos o tres metros, sin pedírselo, ¿por qué no los atrapan? ¿Son socios (o dueños de la empresa)?”

La impunidad no sólo facilita a los extorsionadores operar desde reclusorios (donde la tecnología disponible permitiría bloquear el paso de señales inalámbricas y monitorear las llamadas que se hagan desde teléfonos fijos) sino recaudar el dinero de las víctimas a través de un banco asociado a una cadena de tiendas departamentales o de conveniencia.

Es cierto, son unos actores consumados (ese que te dice “soy el comandante” fulano, “jefe de la plaza” de tal o cual cartel, tiene una voz que ya la quisiera Narciso Busquets), preparan muy bien los timos (para el número del falso secuestro, llaman un día antes, piden hablar con el titular de la línea, si no se encuentra éste registran el nombre del hijo o la madre que contestó, y al día siguiente vuelven a marcar diciendo que están vigilando tu casa en tal calle y número –la dirección aparece en el directorio telefónico y Google maps les muestra en tercera dimensión cómo luce tu vecindario) y abusan de la ingenuidad y el temor creciente de la población.

Pero todavía nadie ha podido explicar por qué ese dinero que la víctima depositó con engaños en una cuenta, puede ser retirado tranquilamente por los delincuentes sin que el banco o Hacienda puedan impedirlo.

En la campaña denominada “Yo No Caigo”, los 18 representantes de organismos de la sociedad civil, estudiantiles, de padres de familia, vecinales, religiosos, empresariales, sindicales, de profesionistas y organizaciones no gubernamentales que conforman el CCSP, se definen como “ciudadanos cuidando ciudadanos”.

Se le reconoce a este “órgano colegiado de consulta, análisis, opinión y evaluación, que tiene por objeto coadyuvar con las autoridades de seguridad pública del estado de Colima en la evaluación de acciones y programas en materia de prevención social del delito, seguridad pública y protección civil”, que lance esta campaña contra extorsiones que, ciertamente, se terminarán cuando la gente aprenda a identificar estas llamadas y cuelgue el teléfono.

Con todo, los consejeros le quedan a deber al sentido común la pregunta acerca de cómo es posible que funcione esta industria delictiva. Y ojalá a esta campaña siga otra, por ejemplo, en contra de los levantones que han sufrido ya algunos microempresarios por parte de sujetos que quieren cobrarles piso. Aunque creo que la principal obligación del Consejo Ciudadano es exigir a las autoridades de Seguridad acciones contundentes en contra de la impunidad.

Pueden hacerlo con la misma institucionalidad y la elegancia con la que le ayudaron a la administración estatal, con solo salir a los medios, a probar que el gobierno de Ignacio Peralta ya tienen suficientes vínculos con la sociedad civil y no es necesario canalizar recursos fiscales para ¿Cómo Vamos?, Colima.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.