LA PANGA

MAYAHUEL HURTADO | Opinión | 14/03/2017

QUE NOS LES SORPRENDA, LAS PLAZAS ERAN ILÍCITAS

Una de las realidades que no permitió desde hace décadas a los maestros en servicio obtener de manera legal y transparente, sus plazas como docentes y en el caso de secundaria el incremento de horas, era el no respeto a los resultados del tan esperado examen de oposición. Recuerdo que eran largas filas las que se concentraban durante el mes de julio para demostrar ante la autoridad en turno, la capacidad de cada docente para adjudicarse dicho beneficio.

Por lo menos en mi historia, querido lector, como maestra de la materia de español, presenté en cinco ocasiones ese examen, quedando en el primer lugar, en tercer lugar, segundo lugar, cuarto y séptimo respectivamente, jamás recibí una sola hora por haber obtenido el mejor resultado a pesar de haber existido suficientes horas en el municipio de Manzanillo, que supuestamente estaban sometidas a concurso.

Eran los tiempos en donde los compadrazgos tenían más valor que el conocimiento de los docentes. Pero no sólo eso, se consolidó la era en donde el director de Educación Básica, el del Primarias y el Secundarias, en complicidad con el SNTE, se repartían a diestra y siniestra las plazas y horas en concurso, puedo citar, las veces que toqué las puertas de la subdirección de Educación Secundaria en donde el encargado vitalicio y hoy defenestrado y exhibido públicamente Arnoldo Gutiérrez Larios, una y otra y otra vez pisoteó mis derechos para acceder de manera legítima a mi plaza docente. Me gané las horas en un examen, y me las robaron con una decisión de escritorio para ser repartidas a familiares y amigos de las diferentes cabezas de la Secretaría de Educación en Colima.

Estoy hablando de una historia de hace siete u ocho años, en donde al verme robada, me acerqué no como maestra, sino como reportera, al entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, recuerdo muy bien que en ese evento en Manzanillo, le entregué desesperadamente mi oficio y me dijo “le van a hablar maestra”. Yo sonreí, estaba tan acostumbrada a que me dijeran eso, que creí que una vez más me había visto la cara. Meses después, recibí la llamada de la oficina de Atención Ciudadana de la Residencia Oficial de Los Pinos, y también recibí un correo electrónico en donde se me indicaba que pasara de inmediato a la Secretaría de Educación para recibir mis horas que me había ganado durante años anteriores.

Al llegar a esa oficina, recuerdo a Arnoldo Gutiérrez Larios quien en tono amenazante me dijo “no era necesario ir con el presidente de la República”, a lo que respondí “se equivoca maestro, no tenía dinero para viajar hasta México, tuve la suerte de abordarlo en un evento público y vengo por mis horas que me fueron robadas a pesar de haber ganado mi examen de oposición”. Ese documento firmado por el presidente, está guardado como prueba fiel de que durante muchos años, el clan que se apoderó de la SE en Colima, se robó las horas de muchos maestros que habían ganado en los exámenes de oposición. Después nos dimos cuenta con el paso del tiempo, que esos beneficiarios del robo eran, en realidad, soldados electorales de un proyecto político que quiso apoderarse de la candidatura del PRI en el año 2015.

Pero su mezquindad no tenía límites o debo decir su cinismo y a pesar de haber sido acordadas las tres leyes secundarias en materia educativa impulsadas por la Presidencia, aprobadas por diputados federales y senadores de los diferentes partidos políticos, y muy importante, con plena anuencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que fueron junto con las secretarías de cada entidad, quienes realizaron las mesas de trabajo para hacer las adecuaciones pertinentes y tras ser publicadas el once de septiembre del 2013, quedaron muchos temas que tenían que ser regularizados de manera inmediata para poder otorgar los espacios para concursar plazas docentes en los diferentes niveles de educación básica, y de esta manera, tener un proceso justo, equitativo, apegado a derecho y transparente.

Los afectados directos son la última generación de beneficiarios que formaban parte del bastión electoral de una dinastía que tuvo tres representantes entre los años 2009 y 2015, como jefes de la Secretaría de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente representaba la llave para abrir cientos de puertas y miles de oportunidades para los maestros que teniendo el conocimiento y la experiencia no podían mejorar sus condiciones laborales. Había más profesionistas que docentes y es demasiado indigno ver que un profesionista sin la vocación de servicio docente tuviera un tiempo completo o doble plaza por el simple hecho de pertenecer a un club de privilegiados. Resalto una vez más que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en sus secciones, la 6 y la 39 estuvieron de acuerdo en avalar dicha Reforma y si existe alguna arista en la etapa de observaciones de las tres leyes secundarias y mantuvieron un estatismo antes, durante y posterior a su publicación, se ven inmorales al tomar un escenario mediático para desgarrarse las vestiduras y haciendo el papel de vocero, pretender enturbiar un proceso que ha permitido a cientos de docentes en Colima tener hoy una plaza y un empleo seguro. Pero lo mejor, sin necesidad de un padrino o de un compadre.

Por lo tanto, quien recibió un nombramiento posterior a la presentación de la Reforma Educativa fue engañado vilmente por quien se lo entregó. Sabían de antemano que ese nombramiento era apócrifo e inmoral, porque pisoteaba los derechos de terceros, pero además, quienes no lo recibieron fue precisamente porque al emitir dichos documentos cometían serias faltas y violaciones a la Reforma Educativa publicada en el 2013. Nada, ni nadie, ni siquiera los padrinos o los compadres que regalaron nombramientos, están por encima de la Ley. A ellos, les llegó la hora de dar la cara. Las plazas eran ilícitas.