PARACAÍDAS

ROGELIO GUEDEA | Opinión | 02/02/2017

DIPUTADA JUANA ANDRÉS, INICIATIVA SOBRE EDUCACIÓN

El 23 de enero pasado, la diputada priista Juana Andrés, apoyada por el grupo parlamentario del PRI, Nueva Alianza, Verde Ecologista y Partido del Trabajo (ojalá en su momento cuente con el apoyo del PAN) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Colima para la modificación del artículo 14 Bis, con el cual se intenta dar obligatoriedad en las escuelas de educación básica a la presencia de una psicóloga y una trabajadora social, lo anterior con el argumento  -muy válido- de que, más allá de trabajar los aspectos intelectuales de los estudiantes, también se internen en sus problemáticas psicológicas y de conducta social.

La iniciativa presentada por la diputada priista no tuvo desafortunadamente el eco que debió haber tenido, incluso un medio local la ninguneó por supuestamente fuera de lugar, pero dada la situación social que vive nuestra entidad (y el país en general) la idea de reforzar las escuelas con la labor de una psicóloga y una trabajadora social, como un imperativo, viene a convertirse en una urgencia.

Las escuelas que cuentan con una psicóloga y una trabajadora social, me consta, se ven sensiblemente beneficiadas con la aportación de estos profesionales, sobre todo cuando son comprometidos con su entorno y su propia labor. Tengamos claro que nuestro tejido social está desgarrado y, en muchos sectores, completamente roto. La pérdida de valores y el recrudecimiento de la violencia han conseguido penetrar incluso en la tierna infancia, a la que han puesto a vivenciar hechos tan traumáticos (de violencia en las calles e incluso intrafamiliar) no aptos para su desarrollo emocional, espiritual y psicológico, sobre todo en las escuelas ubicadas en entornos sociales hostiles y de mayor vulnerabilidad económica, donde las carencias de todo tipo (incluidas las afectivas) están socavando el futuro de estos niños y jóvenes, léase, por tanto, el porvenir de nuestra comunidad.

Los que vean en cualquier iniciativa de ley en favor de la educación algo prescindible lo único que están demostrando es un desconocimiento rotundo con respecto a la única vía real que puede recomponer esta espiral de barbarie y violencia que vivimos. Yo aspiraría a que a esta iniciativa se uniera otra encaminada a brindar mayor presupuesto a las escuelas de educación básica para que puedan operar financieramente sin necesidad de doblegar los bolsillos de los padres de familia, pues de esta manera el compromiso social de la educación estaría a la altura de nuestra circunstancia actual, desgarrada y desesperanzadora, en la que sólo en el pasado mes de enero padeció 78 homicidios dolosos.

Entre los diputados de la actual legislatura hay dos bien reconocidos maestros que podrían hacer mucho por la educación y quienes, me consta, no están ajenos a este compromiso: Nico Contreras y Federico Rangel Lozano. ¿Por qué no hacer un frente con el resto de los diferentes grupos parlamentarios para, de una buena vez, reformar la Ley de Educación colimense en favor de quienes le dan razón de ser y sentido: sus estudiantes? Apelo a que, por lo pronto, esta iniciativa de la diputada Juana Andrés sea arropada por todos los grupos parlamentarios, sea aprobada y se busquen los mecanismos presupuestales para que, lo antes posible, pueda responderse a esta necesidad apremiante.

Esta inversión, porque eso es lo que es (una inversión, no un gasto), le dará viabilidad a la esperanza de volver a tener un estado próspero, armónico y con calidad de vida, nunca más los tiempos aciagos que estamos padeciendo ahora.