PARACAÍDAS

ROGELIO GUEDEA | Opinión | 07/07/2016

CRIMEN CONTRA EL ESTADO

El reciente asesinato de Jaime Vázquez Montes, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), más allá de las razones personales que motivaron el caso, es un crimen contra el Estado, un crimen que se convierte en la cereza del pastel que le faltaba a la ola de violencia que estremece a nuestra entidad, donde sólo el pasado miércoles se contabilizaron tres crímenes (dos de ellos contra menores de edad) más el hallazgo en Manzanillo de tres fosas clandestinas. Aun cuando los medios aliados al gobierno de Nacho Peralta (a la cabeza de ellos Diario de Colima) intenten persuadir a la población de que no hay nada de qué alarmarse, a fin de cotidianizar la violencia en virtud de que se trata de una mera guerra de cárteles, la psicosis que vive la sociedad es real y contundente: ya nadie puede salir a la calle sin el temor de sentir que será la siguiente víctima. Esta alarmante violencia ha penetrado ahora en el Estado, costándole la vida al delegado Jaime Vázquez Montes, hermano del ex gobernador Gustavo Vázquez Montes, también muerto trágicamente. Lo que duele de esta muerte, y de todas las sucedidas en los últimos cinco meses que lleva esta gestión, hoy en primer lugar nacional en violencia, es el grado de impunidad con el que se están cometiendo los crímenes y la satanización con que se trata a las víctimas, a quienes prácticamente se les acusa de ser los responsables de su propia muerte con el argumento de haber andado en malos pasos, al menos esto fue lo que declaró al inicio de esta administración Arnoldo Ochoa González, secretario general de gobierno y encargado de la política interna estatal. Con esta visión criminalizante de Estado, el mensaje es claro: cuídese cada quien como pueda y, si les pasa algo, será porque ustedes se lo buscaron y se lo merecieron. El Estado no se hace responsable de nada y, sobre todo, ya tiene la justificación específica para evadir todo compromiso. Sería muy lamentable, siguiendo esta perspectiva, que personas honorables murieran con el estigma de haber andado metidos en malos pasos, como tal vez sea el caso del propio delegado Jaime Vázquez Montes. La autoridad no puede por ningún motivo evadirse de la obligación de generar paz y armonía entre los habitantes pues haciéndolo cometería la mayor de las irresponsabilidades. El Estado está y existe, precisamente, para proveer esta concordia entre los ciudadanos. Si no lo consigue, entonces su existencia carece de sentido. Por eso, el gobernador Nacho Peralta, quien en su campaña prometió que viviríamos seguros y que ahora pareciera que en este rubro el destino se lo ha puesto todo en contra, está doblemente obligado a responder a esta violencia que incluso ya se ha metido hasta con uno de los suyos, dejándolo sin más opción que, ahora sí sin excusa, salir a dar una explicación clara y precisa no sólo sobre lo sucedido en los últimos meses con respecto a esta violencia que nos lastima, sino también sobre cómo la detendrá y, con ello, nos devolverá de nuevo la tranquilidad a los colimenses.