En un claro retroceso a la reforma constitucional de 2015 que derivó en la nueva Ley General de Trasparencia e Información Pública, que los diputados del Congreso del Estado de Colima hayan resuelto reservar a la voluntad de los servidores públicos la publicación o no de su declaración patrimonial es insostenible en el nuevo andamiaje legal que se ha creado con esta reforma constitucional.
Así lo señaló la delegada especial del Partidos de la Revolución Democrática (PRD) en Colima, Martha Zepeda, quien indicó que la corrupción es uno de los principales problemas públicos en México. De acuerdo con el índice de percepción 2015 de Trasparencia Internacional, el país se ubica en el lugar 95 de 165, en un orden descendente de los menos a los más corruptos. El Banco de México y el Banco Mundial coinciden en que la corrupción equivale al 9% del PIB; el IINEGI calcula que alcanza un monto de 347 millones de pesos al año.
Ante el reto de revertir la situación descrita, la legislación debe evitar que sujetos que tienen una posición de poder y de decisión violen deberes tan incipientes como es el de hacer publica sus declaraciones patrimoniales.
Consideró que las declaraciones permitirían la revisión ciudadana de cambios sustanciales en la situación patrimonial de un funcionario y por ende, podríamos identificar enriquecimientos ilegítimos, conflictos de interés, fraudes fiscales, además que evitaríamos como sociedad la elegibilidad al servicio público de personas deshonestas o, en su caso, la honorabilidad de aquellos que se conduzcan con rectitud.
Por ello es imprescindible conocer públicamente las declaraciones patrimoniales de todos los sujetos obligados por la ley a presentarlas.
La postura de los Diputados del Congreso del Estado no es sino una mala excusa para no trasparentar de cara a la ciudadanía sus patrimonio, denunció la perredista.
Si bien la inseguridad en un problema real para todos los colimenses, como se ha sostenido de forma tan reiterada por las autoridades encargadas de la seguridad pública, el problema deriva de otras causas multifactoriales, “el delincuente no buscar a sus víctimas en internet” y en todo caso, aquel servidor que no quiera trasparentar su patrimonio, entonces que se dedique a otra cosa.
Además que es contraria al artículo 70 fracción XII de la Ley General de Trasparencia, por lo que solicitaremos al INAI promueva acciones de inconstitucionalidad contra la reforma del Congreso de Colima, como ya lo ha hecho en otros estados donde la homologación ordenada por la reforma constitucional resultara restrictiva de los principios de trasparencia.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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