Socios pertenecientes al Fondo Regional Náhuatl de Colima S.C., ubicada en Suchitlán, del municipio de Comala y encabezados por Marco Octavio Díaz Manzo y acompañados de integrantes del PRD en Villa de Álvarez, nuevamente denunciaron diversas irregularidades que de manera reiterada presuntamente comete la Directiva del Fondo Regional Náhuatl de Colima.
En este sentido, mencionó Marco Díaz que cerca de 80 indígenas de las comunidades de Suchitlán, Cofradía de Suchitlán, Zacualpan y La Lima se han visto afectados por estas irregularidades.
Y es que dijo, desde la conformación del Fondo, el cual sirve recursos federales para proyectos productivos como compra de ganado, talleres artesanales y otros negocios, la mayoría de los proyectos aprobados son en beneficio del consejo directivo del Fondo y no para los demás socios.
Explicó que el consejo directivo integrado por Pablo Alfredo Ceja Herrera, Aquileo Llerenas Macías, Adriana Lizeth Silva Preciado y María Eugenia Cruz Montes falseó documentación para beneficiar a sus familiares y amigos.
Además dijo, el dinero se ha desviado para enriquecimiento personal de los miembros de la directiva del fondo.
Ejemplificó que en el caso de uno de los socios de nombre Raymundo Ascencio Ochoa, quien integró un proyecto productivo, solicitó el recurso pero nunca se le fue entregado y ahora tiene requerimientos de pago y órdenes de embargo a sus bienes.
Dio a conocer además el caso de Francisca Velasco y María Velasco, dos jóvenes universitarias, quienes no integran el fondo pero denunciaron que documentación personal fue utilizada para la integración de otro proyecto productivo el cual fue autorizado por la Comisión de Desarrollo Indígena y ahora se les ha requerido el pago.
“Ellas ni por enteradas estaban de que tenían un proyecto, no saben quiénes ni de dónde obtuvieron sus documentos personales para obtener recursos federales”, dijo Díaz Manzo.
Existe también la condicionante por parte de la directiva que para la aprobación de los proyectos productivos deberán entregar una cierta cantidad de dinero; también mencionan que se cobra el dinero de los proyectos, en donde se les entrega un recibo hecho a mano sin que obre un documento oficial con el que el socio demuestre su pago respectivo.
Lamentó Marco Díaz que han acudido a diversas instancias tanto federales y estatales como la propia CDI, gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezado por su titular Rigoberto Salazar Velasco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Congreso del Estado, principalmente con el Diputado Manuel Palacios Rodríguez como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, pero hasta el momento no han realizado ninguna acción.
Es por ello, que exigen la remoción de todos los miembros de la actual directiva, además de que se haga una investigación al Fondo Regional Náhuatl de Colima para dar a conocer el estado que guarda actualmente en materia de recursos.
Finalmente que los denunciantes cuentan con 1 mil 500 firmas de la comunidad en donde apoyan el movimiento, pues no están de acuerdo con el manejo de los recursos.
Ante este contexto exhortan al gobierno estatal para que envié un mediador para resolver estas inconformidades y se dé a conocer el destino de los recursos enviados por la CDI.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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