Aprueban iniciativa que pone freno a despilfarro de gobierno

Administrador Colimapm | Colima | 21/07/2015

Con votación unánime, fue aprobada la iniciativa de Austeridad Gubernamental propuesta por el diputado Héctor Insúa García, y que tiene como objetivo que sean los principios de racionalidad y disciplina del gasto público, así como la eliminación de gastos innecesarios y ajenos al cumplimiento de la función pública, los criterios que guíen el gasto gubernamental.

Con las reformas y adiciones, a las leyes de Presupuesto y Gasto Público Del Estado y de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, se aprueba que:

Habrá un tope máximo a los gastos de comunicación social e institucional de todas las dependencias de gobierno, del 0.5%, del total de su presupuesto.

Se prohíbe el otorgamiento de bonos, gratificaciones y/o donaciones en forma discrecional.

Se restringe la remodelación de oficinas públicas, para que sean posibles solamente en casos estrictamente necesarios.

Se prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos y demás servicios de salud privada con cargo al erario.

Se prohíben los arrendamientos de inmuebles para oficinas públicas, a menos que se acredite y justifique plenamente, la falta de espacios propios.

Se limitan los viáticos, por lo que ya no estarán permitidas las comidas en restaurantes, ni cualquier otro uso del dinero público en viajes u hospedajes de beneficio personal.

Se obliga a las dependencias a adquirir solamente vehículos de gama media o baja, quedando prohibidos los autos de gama alta o llamados de lujo. A la par, se prohíbe también la asignación de estos para uso personal y/o exclusivo de algún funcionario público.

El diputado Héctor Insúa, destacó que con estas reformas, se pone en sintonía el marco legal estatal, con una de las exigencias más reiteradas de la población: poner un freno al despilfarro de los recursos públicos y que el gasto gubernamental se aplique en la obtención de bienes y servicios que beneficien directamente a la población.

La presente reforma, aplica para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como para los 10 ayuntamientos y demás organismos públicos en el estado.