AYOTZINAPOS EN COLIMA. Para desgracia de los familiares de los estudiantes guerrerenses asesinados, el término ayotzinapos está asociado con el vandalismo, los desmanes e impunidad que se han desatado en su nombre por toda la geografía del país. El estado de Colima no podría ser la excepción: llegan unos cuantos agitadores importados y, zas, a hacer el desmadre que hacía falta, como si no tuviéramos suficiente ya con la política.
Así, argumentando una “preocupación” que están muy lejos de sentir por los indígenas de la comunidad de Zacualpan, en el municipio de Comala, gente venida de fuera llegó a alborotar la gallada. Por supuesto, los activistas lo hacen de tal forma que amerite la detención de los participantes, a fin de poder tener el pretexto para que se criminalice el movimiento.
Las protestas comenzaron cuando los integrantes de un organismo denominado Misión Internacional de Observación, así como su correspondiente filial nacional, llegaron originalmente con la intención de protestar por la supuesta puesta en marcha de una mina de oro que contaminaría los mantos acuíferos de la zona, que es justamente la que abastece del vital líquido a más de la mitad de la población de la entidad.
Sin embargo, en cuanto se aclaró a los ayotzinapos –con sus infaltables aliados locales— que no existía ninguna intención (y, si la había, quedó desechada por ser el del agua un asunto que se encuentra por encima de cualquier otro) de contaminar el agua con alguna mina, los de la citada Misión se sacaron de la manga otros temas; específicamente, el de los derechos humanos, amén de inmiscuirse en la vida interna de los indígenas, que es lo que ha molestado a los locales.
A este respecto, el secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, ha fijado la posición del gobierno de Mario Anguiano Moreno: aseguró que se ha privilegiado el diálogo. Así, queda claro que los que pretenden criminalizar la protesta de los manifestantes de Zacualpan son gente ajena a la comunidad, que insiste en que se le consigne a los indígenas inconformes con su presencia por presuntos delitos.
El funcionario hizo notar lo que los colimenses saben: que no tenemos un gobierno represor, sino uno que opta siempre por el diálogo, antes que el uso de la fuerza. Asimismo, Rueda Sánchez dijo que encarcelar a la gente “no debe ser nuestra prioridad, sino lograr que ese diálogo se dé; y aunque nos tome más tiempo y más esfuerzo, recuperar la vida cotidiana y el orden de Zacualpan”.
Agregó que, cuando ha sido necesario legitimar el uso de la fuerza pública, se ha hecho, privilegiando siempre la protección de los derechos de los colimenses, como la protección de la salud, el derecho al agua y el desbloqueo de carreteras. En este sentido, el gobierno estatal respetará todos los puntos de vista sobre lo que ocurre en Zacualpan.
A todo esto, los ayotzinapos han señalado que se necesita la revocación del título de concesión, cosa en la que el gobierno estatal está de acuerdo, aunque se aclara que es un tema que se tiene que dirimir en el gobierno federal, que es el que administra los bienes de la nación; en este caso, el de los minerales.
PREMIO A LA “LEALTAD”. En política no es muy rara la lealtad: el problema está en localizarla. Esto viene a cuento porque la delegada del INAPAM, Imelda Lino, le anda jugando las contras a su partido (el PRI), al andar apoyando bajo cuerda la candidatura a la alcaldía (del PAN) de su sobrino Orlando Lino Castellanos, igual que en el pasado lo respaldó para obtener la diputación local.
No extraña las deslealtades en la política; al contrario, parece que están de moda (sobre todo en la política partidista, donde se amanece un día con una bandera, pero al otro ya se porta otra). Lo paradójico del caso es que a la delegada del INAPAM no hace mucho tiempo el PRI estatal le entregó a ella un reconocimiento nada menos que… por su “lealtad”. ¡Provecho!
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