Ante la resolución que emitiera el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo, respecto a detener la explotación de la mina “Peña Colorada”, el Gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno dijo desconocer el sentido de la resolución, por lo que “habría que revisar cuales son las razones por las que se les ordena suspender labores, para entonces emitir la postura de la administración estatal”, mencionó.
En este sentido, el mandatario estatal comentó que como gobierno estatal el campo de acción está muy reducido en lo que se relaciona con la minería, y carece de facultades para ingresar a estos negocios y realizar supervisiones, las cuales son facultades de la Semarnat y la Profepa.
Recalcó que existe buena coordinación con las diferentes dependencias, y recordó que han trabajado junto con la Semarnat y la Profepa, dependencias estatales como el Imades, para definir cuáles de las empresas, de las que estaban revisando, trabajaban de manera correcta y ratificó que Peña Colorada es una de las que se ha distinguido siempre por trabajar cumpliendo la normatividad establecida.
Ante ello dijo, “por eso habría (que analizar) cuáles son las observaciones (del fallo emitido para que suspenda sus trabajos) y conocer en que se sustenta esta instrucción de que suspendan actividades, para poder emitir una opinión bien sustentada”.
Además, resaltó que “desde su punto de vista la empresa Peña Colorada, tan solo por la cantidad de personas a las que le dan trabajo, las características del empleo que les ofrece, creo que si beneficia a la población, más que muchas otras empresas, incluso que otras mineras”.
Destacando que Peña Colorada, cuando ha tenido las posibilidades, es de las empresas que más se ha solidarizado con la población, en caso de emergencia facilita equipo, maquinaria y vehículos; con el ayuntamiento en obras y acciones; en materia educativa con la implementación del premio Peña Colorada; y generando aportaciones adicionales para seguir estimulando a los jóvenes, especialmente a los que pertenecen a los municipios donde tienen operaciones como Minatitlán y Manzanillo.
“Creo que es una empresa que se ha identificado, que ha sido solidaria con la población de Colima y es un factor importante en la materia”, concluyó.
El pasado 26 de septiembre, fue publicado en la página del Poder Judicial de la Federación, la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo, que otorgó al ejido nahua de Ayotitlán una “suspensión de plano” para efecto de que no se realicen actividades en las 1,200 hectáreas que se disputan los campesinos jaliscienses con el consorcio minero del grupo transnacional que conforman Ternium y Arcelor-Mittal.
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