LECTURAS

NOE GUERRA PIMENTEL | Opinión | 04/08/2013

LA CASTA GOBERNANTE

De la edición del semanario Proceso que circula desde ayer domingo 3 de agosto, retomo partes del análisis de Juan Pablo Proal: “Políticos borrachos y drogadictos” tema nada frívolo en el que apunta que “No es un escenario irreal: su gobernador en estos momentos puede estar ahogado de borracho, ordenando la encarcelación de un líder social. En una alteración demoníaca debido a la sobredosis de metanfetaminas, su presidente municipal, aliado de algún grupo del crimen organizado, tomaría el teléfono para decretar un asesinato. El diputado que representa su distrito podría estar inhalando coca en el baño, mientras aguarda para votar una ley que seguramente no será favorable para el electorado.”

Afirma que “Ellos, los dueños del presupuesto, con un par de firmas pueden hacer que toda su descendencia viva en la opulencia. Con una llamada ponen fin a una vida o encarcelan otra. Pueden conducir borrachos sin que el agente de tránsito los detenga. Amos y señores del país, leyes, nuestros impuestos y pesadillas. ¿Cuántas decisiones estarán tomando o habrán tomado desde la inconsciencia, embriagados por alguna sustancia tóxica? Es bien sabido que los políticos, por regla, son por lo regular amigos del alcohol. En sus comidas, donde el abrazo hipócrita es la forma de saludar egos, no faltan las mejores botellas. Es ahí, embriagados de poder, donde no pocas veces toman sus decisiones. A quien desplazar, borrar, encumbrar.”

Y va al dato histórico “La historia ha brindado casos emblemáticos: Churchill, Bill Clinton, Yeltsin y Kim Jong-II. Menos representativos tenemos a los mexicanos Emilio González Márquez, piadoso hasta decir salud, al amante del coñac Mario Marín, al siempre enfiestado y jamás noqueado J. Kahwagi y al torturado hasta los testículos Félix Salgado Macedonio. Youtube ha regalado historias de políticos embriagados hasta la lengua, crudos de venganza. Muestra de que el tráfico de influencias no es sólo una práctica común, sino actividad necesaria para perpetuar los excesos que sus patologías para sobrevivir.”

Ejemplifica con medidas de combate como en Uruguay, donde “el pasado 6 de julio, el diputado José Carlos Cardoso propuso un análisis antidoping periódico para políticos. Son esos funcionarios, desde el púlpito de la moral dictada por Washington, quienes pretenden dar lecciones de buenas costumbres. Vive sin drogas, nos sermonea el establishment. No uses sustancias ilegales, al tiempo que se sientan a pactar con un cártel. El 10 de enero de 2009 fue publicado el nuevo Código Electoral del D.F., que obliga a candidatos de elección popular a someterse a pruebas antidoping. En Veracruz se tipificó por ley la aplicación de exámenes periódicos a los funcionarios públicos.”

Cierto, tal y como apunta Proal “El discurso oficial nos bombardea de publicidad contra el uso de sustancias tóxicas. En congruencia, los funcionarios deberían someterse de manera periódica y sin aviso, a exámenes que garanticen la consciente toma de decisiones, o sin la influencia de sustancias tóxicas y que no son juez y parte en ésta, su guerra contra la droga. El abuso de sustancias tóxicas es, además, un problema público ligado a una urgente discusión: la necesidad de que exista transparencia respecto a la salud de funcionarios públicos. Pierre Rentchnick y Pierre Accoce estudiaron a varios altos mandatarios; hallaron que Franklin D. Roosevelt padecía presión arterial alta, lo que afectó su lucidez en las negociaciones territoriales en la II Guerra Mundial. De este tamaño es la relevancia de conocer el estado de salud de quienes gobiernan.”

Juan Pablo cierra retomando que “En Estados Unidos, desde 1972 los líderes de partidos tienen obligación de informar sobre el estado de salud de funcionarios. Si bien existen restricciones para proteger la intimidad de servidores públicos, como la reserva del historial clínico, es imprescindible que sepamos si nuestros gobernantes, todos, están en condiciones intelectuales y físicas para ejercer su encargo. Los contribuyentes tenemos el derecho de saber si nuestros representantes padecen algún padecimiento intelectual, adicción o una alteración súbita que, en un momento de embriagues, aniquile millones de vidas.” ¿Usted qué opina?