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Entra en vigor Acuerdo de Austeridad del Gobierno Estatal

Administrador Colimapm | Colima | 28/04/2013

Este domingo entró en vigor el Acuerdo que establece las medidas de austeridad y disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto público estatal para 2013, que expidió el Gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno, con el objetivo de avanzar en el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos y consolidar entre los servidores públicos esta cultura.

Las medidas que estable de este acuerdo, que fue publicado el sábado 27 de abril en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, son obligatorias para todos los servidores públicos de la administración estatal, tanto de dependencias centralizadas, como descentralizadas, fideicomisos públicos y organismos desconcentrados.

Entre los aspectos que aborda este acuerdo destaca que los funcionarios dejarán de usar vehículos oficiales, excepto en áreas operativas y estratégicas; además de disminuciones en el gasto de materiales y suministros, servicios generales, mobiliario y equipo de administración, servicios personales, transferencias presupuestales, así como evaluación del cumplimiento de este acuerdo y sanciones.

En el apartado de Disposiciones Generales destaca que durante la vigencia de las presentes medidas no se realizarán ampliaciones de recursos a los presupuestos autorizados y las excepciones serán autorizadas por el titular del Poder Ejecutivo.

En cuanto a materiales y suministros, se establece que para este ejercicio fiscal deberá reducirse el gasto en este rubro en un 44%.

Se restringe el suministro de combustible a partir de límites de litros mensuales por unidades, los cuales serán fijos e inamovibles y no se destinará gasolina para personal administrativo, incluyendo Secretarios de Estado.

Se suprimen los gastos de representación, pago de notas de consumo en restaurantes, pago de viáticos, gasto en agua embotellada y artículos de cafetería; salvo excepciones en donde se justifique; además se debe utilizar el servicio de correo electrónico en comunicaciones internas y el uso de la firma electrónica avanzada en comunicados oficiales entre dependencias y entidades.

En el capítulo de Servicios Generales, el objetivo es reducir el gasto en un 31% durante este año y entre las medidas a implementar sobresale el retiro de vehículo oficial a los funcionarios cuyo trabajo sea eminentemente administrativo; dichos vehículos serán puestos a la venta.

El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración instrumentará un programa de desincorporación de activos que sean susceptibles de venta.

Se restringe también el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y vehículos, salvo necesidades especiales.

En cuanto al servicio telefónico, se restringe el uso de radios y teléfonos móviles, autorizándose sólo en ciertos casos; habrá control a través de una bitácora de las llamadas de larga distancia y a teléfonos no oficiales y los funcionarios que las realicen serán responsables solidarios. Además, se determina que no habrá nuevas autorizaciones para la contratación de equipos y líneas telefónicas.

También se cancela a todas las dependencias las partidas para la adquisición de equipo y mobiliario, permitiéndose únicamente en casos excepcionales y plenamente justificados la compra de bienes informáticos y de comunicaciones.

En el rubro de Servicios Personales, la reducción que se espera es del 5% y para lograrlo las dependencias se abstendrán de contratar personal adicional bajo cualquier modalidad, se reajustará el personal en donde se justifique plenamente, se revisará el tabulador de sueldos para ajustarlo a nueva realidad financiera y además se suspenden los pagos por conceptos de suplencias y tiempo extra, salvos algunas excepciones.

En el capítulo de transferencias, la reducción en el gasto que se espera es del 10% y una de las principales medidas a aplicar es la revisión periódica de padrones de beneficiarios y programas sociales, para tener un mayor control de los apoyos gubernamentales.

Finalmente, el acuerdo establece que los servidores públicos del Gobierno del Estado que contravengan las disposiciones del mismo, incurrirán en responsabilidad administrativa y serán sancionados conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Además, las Dependencias y Entidades están obligadas a entregar a la Secretaría de Finanzas y Administración, informes mensuales y los reportes necesarios sobre los resultados de la aplicación del presente Acuerdo.

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