El Congreso del Estado aprobó por unanimidad dos dictámenes que reforman el Código de Procedimientos Penales y el Código Civil para el Estado de Colima, con las que se evitará que se incauten las propiedades de arrendadores que de buena fe rentan sus inmuebles a inquilinos que usan los mismos para realizar actos ilícitos o vinculados a la delincuencia organizada.
Al dar lectura a los considerandos de ambos dictámenes, el diputado del PRI Arturo García Arias, explicó que en muchas ocasiones los arrendadores no pueden realizar una investigación completa sobre la solvencia económica y moral de quienes rentan sus propiedades.
Por esta razón el Congreso del Estado aprobó dos dictámenes, cuyas iniciativas fueron turnadas por el Ejecutivo Estatal con los que tienen efectos diversas reformas al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima y al Código Civil, a fin de proteger a los arrendadores ante posibles acusaciones de complicidad, así como a la incautación de las propiedades.
En los citados dictámenes se señala que de esta manera se da mayor certeza a los particulares a partir de la inscripción de los contratos de arrendamiento en el Instituto para el Registro del Territorio, esto, a más tardar en los quince días naturales siguientes a partir de la expedición de los mismos, lo que faculta a los jueces para que en la preparación de los procesos puedan “dictar medidas y providencias necesarias para proteger la vida y bienes de las víctimas y ofendidos, así como de familiares y testigos”.
Así, la autoridad correspondiente tendrá elementos para la realización de sus funciones con mayor eficiencia y podrán garantizar con mayor claridad los derechos de los ciudadanos que sin saberlo arrendan sus bienes muebles e inmuebles a personas que los usan para fines ilícitos, como delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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