Investigadores y académicos de las universidades de Colima y de Guadalajara realizaron el foro de análisis “Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” en la Facultad de Derecho, donde discutieron los pros y contras de esta nueva reglamentación promulgada el 17 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.
Para iniciar el análisis, el profesor investigador de la UdeC, Mario de la Madrid Andrade, señaló que la ley en cuestión tiene como finalidad prevenir operaciones en las que se encuentren involucrados recursos de procedencia ilícita, además de recabar información y documentación que ayude a detectar si realmente los recursos que se utilizan en las operaciones vulnerables que establece la ley tienen esa procedencia.
El jurista puntualizó que algunas de estas actividades vulnerables son las operaciones de transmisión de derechos reales o de inmuebles, una compra-venta o la concesión de una hipoteca, en la medida de que estas operaciones tengan un valor que exceda 8 mil 25 veces el valor del salario mínimo del DF, caso en el cual, añadió, habrá que dar el aviso correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“De lo que se trata es de darle seguimiento a las cantidades, desde dónde provienen y a dónde llegan, de tal manera que el pago tendrá que hacerse con cheque o mediante transferencia de fondos vía electrónica, pero no mediante efectivo”, dijo.
Por su parte, Martín Álvarez Ochoa director de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima, informó que la ley señala aquellas actividades que serán sujetas a revisión como los juegos de apuesta, concursos, la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicio, de crédito o de prepago que no sean emitidas por entidades financieras así como la emisión y la comercialización habitual o profesional de cheques de viajero.
Acto seguido, el profesor investigador de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, Agustín Díaz Torrejón, indicó que el objeto de esta nueva disposición es proteger al sistema financiero buscando recursos de procedencia ilícita y otros que estén asociados como es el caso de la defraudación fiscal: “Desde mi punto de vista, esta ley, más que penal en términos de investigar recursos de procedencia ilícita, viene a complicarnos la parte fiscal”, expresó.
El ponente agregó que con esta ley la SHCP ahora podrá apropiarse de información a la que antes no tenía acceso. “Esta ley dejará mayores recursos de recaudación fiscal que aquellos que tendrán en la cárcel por recursos ilícitos”, advirtió.
El investigador de la Universidad de Guadalajara, Antonio Jiménez Díaz, habló sobre los diversos instrumentos internacionales que regulan el lavado de dinero y los compromisos que en este sentido ha adquirido nuestro país: “Los compromisos internacionales que tiene celebrados nuestro país, lo obligaron a establecer una estructura jurídica que regule el ámbito penal y que establezca el lavado de dinero como un delito autónomo, cumpliendo parte de los tratados internacionales”, reseñó.
Jiménez Díaz indicó que la nueva ley se contrapone al principio constitucional de presunción de inocencia, que en el ámbito penal señala que el procesado tendrá siempre el derecho de ser considerado inocente hasta que no se demuestre por sentencia firme su culpabilidad.
“Tenemos que el artículo 17 de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dispone que todas las actividades que realicen los sujetos están incluidas, y prácticamente todos serían sujetos de responsabilidad por cometer delitos de lavado de dinero”, dedujo.
Añadió que es complicado juzgar de forma anticipada a un sujeto, teniendo que averiguar todo tipo de operaciones que se realizan con motivo de la compra-venta de inmuebles, vehículos, blindajes, entre otras, sin previamente tener la certidumbre de que el recurso proviene de una actividad ilícita. “Con esta ley se sancionarán actividades lícitas, no ilícitas”, concluyó.
Por otra parte, Camacho Murillo aseveró que la ley en cuestión no ocasiona problema desde el punto de vista de la economía formal, porque una persona legalmente establecida está sujeta al embate de toda la maquinaria administrativa para verificar de dónde vienen los recursos, cómo se aplican y sus obligaciones tributarias, el problema, añadió, son los que no están sujetos a la regulación tributaria.
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