RED POLÍTICA

Administrador Colimapm | Opinión | 21/01/2020

POR: Raúl Merced Lares

CÁTEDRA DE FERNANDO MORENO

Al diputado Vladimir Parra –que tiene sus días contados en la coordinación del grupo parlamentario de Morena- le molestó que Fernando Moreno Peña pusiera acentos sobre las íes en cuanto a la autonomía universitaria y en alerta a todos los universitarios ante las agresiones e intromisiones que ha realizado este diputado contra la Universidad de Colima, en complicidad con la ambiciosa y acelerada delegada del gobierno federal de López Obrador en Colima.

Al impartir el pasado viernes la conferencia “Autonomía y gratuidad”, como parte de los festejos por el 80 aniversario de la Universidad de Colima, el ex gobernador del estado y ex rector de nuestra Máxima Casa de Estudios estableció con claridad que la gratuidad en la educación superior es una obligación del Estado, no de las universidades, pues desde la inicial hasta la licenciatura es obligatoriedad del gobierno, no de las instituciones educativas, lo cual echa abajo las vanas intenciones del diputado de Morena de meterse a la UdeC y no deja ninguna duda de que este tema corresponde primordialmente al gobierno, a las universidades y a los universitarios.

De hecho, Fernando Moreno puntualizó que el tema de la gratuidad ya aparece en la Constitución, en el artículo tercero, pero “sólo falta el presupuesto, los recursos para poder llevarla a cabo; es un compromiso del Estado, no de la universidad, ya que ésta no tiene con qué solventarla”, agregó al momento de precisar que “es gratuita sólo para el estudiante, pero el estado tiene que pagarla”.

Ante un Paraninfo Universitario lleno a su máxima capacidad con alumnos, docentes y funcionarios, el ex rector de la UdeC citó el artículo tercero constitucional, en su fracción séptima, donde se establece que “las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas (…)” y de “determinar sus planes y programas, de fijar los términos de promoción y permanencia de su personal académico y de administrar su patrimonio”.

El estado otorga esta autonomía, agregó, para que las universidades puedan cumplir sus funciones sustantivas, “porque nadie, desde la ideología o la política, puede decidir cómo las universidades deben buscar la verdad científica”. La autonomía universitaria, dijo, “va ligada a las universidades públicas, ya que éstas fueron creadas por el Estado para que cumplan con la función de impartir educación de calidad y con responsabilidad social y para hacerlo sin interferencias externas”, tal como lo ha venido haciendo la UdeC.

Y fue más puntual: “El Congreso sí puede seguir legislando sobre la Universidad, pero únicamente a petición de los universitarios; hay muchas cosas que cambiar en la Ley Orgánica, pero eso debe hacerlo la propia comunidad. En la Universidad no hay minusvalía intelectual, no tienen por qué decirnos cómo hacer las cosas”.

Sin proponérselo, Fernando Moreno dio a los diputados que apoyan una iniciativa de reforma a la ley orgánica de la UdeC una cátedra sobre lo que es la Universidad de Colima, la vida universitaria, pero sobre todo les dio una lección en el conocimiento de la ley y la Constitución.

No obstante, en lo que se pudiera considerar la parte preocupante para los universitarios y la Universidad, el ex rector dejó entrever que esta embestida de Vladimir Parra, integrante del grupo político que forma la delegada del gobierno de López Obrador que se quiere apoderar de la candidatura de Morena a la gubernatura del estado, obedece a un plan político para desestabilizar a la UdeC, ya que recordó que primero se presentó una reforma a la Ley de Movilidad para borrar los logros realizados por la Federación de Estudiantes Colimenses; luego se negó la escrituración de varios terrenos donados a la institución; después, el Congreso solicitó una auditoría local, aunque cada año se audita a nivel federal; se presentó, por parte de varios diputados locales, la iniciativa para modificar la Ley Orgánica de esta Casa de Estudios y además, el Congreso del Estado “no autorizó el recurso que el gobierno federal asignó a la Universidad, y lo presupuestado aún no se lo ha dado”, todo lo cual vulnera en parte la fortaleza que tiene la Universidad en calidad y reconocimiento nacional e internacional.

En respuesta, el diputado morenista publicó una carta extensa en donde trata de explicar que en noviembre “ofrecieron” la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Colima –cuando una propuesta en este sentido debe provenir primero de los propios universitarios- “pensando en el mejoramiento de la comunidad universitaria”, aunque es claro que no es ese el fin y es un asunto que primero le corresponde legal y Constitucionalmente a los universitarios; a nadie más.

También se queja de que la universidad permite “declaraciones discriminatorias” y que dividen al facilitar a Fernando Moreno dar una charla en el espacio universitario, cuando es claro que el ex rector y ex gobernador lo puede hacer, tal como antes lo han realizado diversos actores políticos de diferentes partidos e ideologías políticas, incluyendo al diputado federal de Morena, Mario Delgado Carrillo, y al ex candidato presidencial y líder moral de la izquierda en México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Este es el pobre nivel de diputado que tiene Morena como “líder” en el Congreso del Estado, aunque para fortuna de los diputados de este partido en los próximos días terminarán con esta lacra resentida que los ha metido en problemas de división y en asuntos de interés personal y político.

REPESCA

FINALMENTE, la 4t que encabeza el gobierno federal de Morena ahorcó al gobierno priísta de José Ignacio Peralta Sánchez. Y para ello, en 2019 el gobierno de López Obrador recortó casi 1 mil 200 millones de pesos al de Nacho Peralta y lo puso en jaque en cuanto al pago del aguinaldo a los burócratas estatales. El gobernador tuvo que aceptar un “apoyo” de la Secretaría de Hacienda para cumplir con este compromiso de fin de año, pero a cambio de un recorte de cientos de trabajadores de confianza o de contrato. Todo esto pasó luego de un año de diferencias de opinión del gobernador con el gobierno federal e incluso con el propio AMLO. Ahora, por arte de magia ya no hay diferencias y sólo hay armonía….. EL DIRIGENTE del PRI estatal reaccionó y afirmó que el INSABI es una improvisación del gobierno de López Obrador que pone en riesgo la salud de millones de mexicanos, lo cual es una visión correcta. Sin embargo, me parece que más allá de la improvisación del Insabi, se trata de un fraude más del gobierno de López Obrador, ya que dice que la prometida gratuidad en los servicios y los medicamentos tardará un año en hacerse efectiva –y quién sabe- y que en tres años se hará una evaluación sobre el funcionamiento de este nuevo sistema de salud, para determinar si pudo funcionar o no. Desgraciadamente, es un tema que tiene que ver con la vida de las personas….. A PROPÓSITO, sabiendo que el Insabi tiene su lado político y electoral, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (excepto Nayarit) entregó una propuesta alternativa al Sistema de Salud que impulsa el Gobierno Federal desde la creación del INSABI, aunque también piden a López Obrador transparentar los 40 mil millones de pesos que se destinaban al Seguro Popular y que ahora los destinará a este nuevo sistema. En lugar de adhesión, piden que haya un convenio de colaboración con el INSABI y se instale una mesa técnica con representantes de las entidades para garantizar servicios gratuitos con calidad, médicos, medicinas y equipos suficientes. Y es que los gobernadores panistas saben que la población va a reclamar y a responsabilizar a los estados, a los gobernadores, a las secretarías de salud estatales, no al presidente López Obrador, por la falta de servicios y de medicamentos que se ha agravado por el Insabi, como de hecho viene sucediendo desde el primero de enero.