La irrupción del presidente Felipe Calderón en el tema del aborto es de carácter moral, individual y aislada, como consecuencia de lo que se discute ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar las reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción en los estados de Baja California y San Luis Potosí, y a manera de prevención para que no se dé en otra entidad una reforma similar como la que aplica en el Distrito Federal en este tema, sostuvo la abogada especialista en derechos humanos, Aurora de la Riva.
En relación a la solicitud que el Ejecutivo Federal remitió el lunes anterior al Senado de la República para eliminar la reserva que el Estado Mexicano hizo en el artículo 4, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José), referente a la obligatoriedad de mantener o adoptar medidas para la protección de la vida desde la concepción, la especialista indicó que el mandatario está tomando el asunto desde una óptica individualista y moral, que atenta contra los derechos humanos de las mujeres, y está dejando de lado una serie de convenciones y tratados internacionales que explícitamente protegen el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su embarazo.
PACTO DE SAN JOSÉ
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José), que fue adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, al que el Estado Mexicano se adhirió en 1981, establece en su artículo 4, primer párrafo, que los Estados van a proteger la vida desde el momento de la concepción, “pero todos los países al ratificar pueden establecer reservas a ciertos artículos y México, con respecto a este artículo, se reservó la expresión de la obligación de mantener o adoptar medidas para la protección de la vida, por pertenecer al dominio privado de los estados”, explicó Aurora de la Riva.
Ahora, el presidente Felipe Calderón pide que se retire esa reserva, para unificar un criterio federal que cumpla con esta convención. Sin embargo, aclara la abogada, esta convención está sometida a la interpretación de ciertos jueces, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Advierte que en caso de que el Senado aprobara la solicitud del Ejecutivo, tendría que enviarse a la Organización de Estados Americanos (OEA) para su revisión, donde deberán valorarse otros tratados, que prácticamente en su totalidad van en sentido de avanzada y ninguno habla de proteger la vida desde la concepción, sino al contrario, la constante es garantizar y fortalecer los derechos humanos de las mujeres, en todos los sentidos.
DERECHOS HUMANOS
Aurora de la Riva refiere que el artículo primero de la Constitución Federal establece el respeto a los derechos humanos de las mujeres bajo dos aspectos fundamentales: progresividad en los derechos y estándar de mayor protección. Esto quiere decir, sostuvo, en el caso de la progresividad, que se debe legislar para avanzar en la protección de los derechos. “No se puede caminar en contrario ni puedes estar legislando políticas públicas en retroceso de un derecho”.
En cuanto a los estándares de mayor protección, indicó que en casos como éste se deben tomar los parámetros internacionales, entre los cuales se encuentran la Convención Belém Do Pará (que protege los derechos de las mujeres) y la Convención para erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, ambas firmadas por México y donde se establece que la mujer tiene derecho a la interrupción del embarazo.
La abogada integrante del Grupo Ciudadano por la Vida de las Mujeres, que conforman diversas asociaciones civiles en la entidad, sostuvo que precisamente este 28 de septiembre en que se conmemora el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, es importante recordar que la Constitución Mexicana protege los derechos humanos de las mujeres, y todos los servidores públicos están obligados a observar y a garantizar la justa aplicación de este ordenamiento recientemente adherido a nuestra legislación federal.
Por último, recordó que en el 2007, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos resolvió que México violó los acuerdos establecidos al obligar a la menor de edad Paulina, a tener un hijo producto de una violación. En ese entonces la resolución fue amistosa entre Paulina y el
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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