BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 01/10/2019

JIPS, A CUATRO AÑOS

Desde que asumió la gubernatura en el 2016, José Ignacio Peralta nada a contracorriente, enfrentando una situación política y económica sin precedentes, como ningún otro gobernador en la historia moderna de Colima. Y no es exageración; me remito a los hechos.

En el 2016 recibe un gobierno estatal financieramente inestable y con una capacidad de operación muy disminuida. En los últimos meses del gobierno de Mario Anguiano se dejaron de pagar nóminas en el poder judicial y a la sección 39 del SNTE, lo que nunca había pasado. Por esa situación, el magisterio estatal realizó paros en diversos planteles.

Aunado a esto, se degradó la calificación crediticia a un default financiero, lo que prácticamente indicaba que el gobierno no estaba pagando sus deudas y no tenía la capacidad financiera para hacerlo. Consecuentemente las tasas de interés de todos los financiamientos contratados aumentaron, mermando aún más la capacidad financiera del estado. Imposible, en ese tiempo, que un banco le prestara dinero al ejecutivo estatal.

El gobierno de transición de Ramón Pérez Díaz logró estabilizar la difícil situación, lo necesario para que a su arribo Ignacio Peralta pudiera enderezar el rumbo y fijar la ruta de su gobierno. Así ha vertebrado su gobierno en tres grandes directrices: disciplina financiera, estabilidad política y bienestar social.

Bajo esas premisas logró mejorar 11 niveles las calificaciones crediticias del estado, al pasar de C a triple B más. Lo anterior permitió la reestructuración de dos créditos a largo plazo, adquiridos durante el gobierno de Mario Anguiano, lo que permitirá un ahorro en concepto de intereses bancarios superior a los 200 millones de pesos, hasta la vigencia de estos dos créditos. De igual forma, se mejoraron los instrumentos de financiamientos, a tasas más benignas.

Paralelamente, se ha robustecido la hacienda pública del estado, al mejorar y hacer más eficiente los mecanismos de recaudación propios, sin la necesidad de crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes, como parte de una política fiscal sensible y empática al bolsillo del contribuyente.

El manejo político de su administración ha sido, también, crucial. No recuerdo, por lo menos desde 1997, con el 10-10 en el congreso local, un escenario más complejo para un gobernador: durante estos cuatro años ha gobernado con un congreso de oposición, altamente polarizado, ahora más que nunca cuando es controlado por Morena.

Si bien, en sus primeros tres años, tuvo el respaldo y apoyo unánime del gobierno de Enrique Peña Nieto, en esta segunda parte de su sexenio no se siente el respaldo del gobierno federal, ahora bajo el poder de Andrés Manuel López Obrador, quien ha aplicado recortes presupuestales a las entidades y centralizado todo el recurso, acotando la capacidad financiera de los estados. Esto obligará, en el segundo tramo de su gobierno, a replantear estrategias.

Sin embargo, a pesar de este escenario complejo, en el estado de Colima no hay crisis políticas como en Veracruz, Baja California, Tamaulipas o Guanajuato, donde las disputas partidistas pervirtieron el trabajo institucional, al grado de hacer uso faccioso de las instituciones y poderes, destituyendo a funcionarios y amenazando con la desaparición de poderes.

Aquí en Colima las instituciones funcionan como contrapesos, y hasta el momento no se aprecia estos juegos perversos de la clase política. Al contrario, con la coincidencia de todas las fuerzas partidistas, se ha impulsado grandes reformas estructurales, como la ley de pensiones del gobierno del estado, un tema necesario, urgente y que ningún gobernador le quiso entrar, por los costos políticos y el enfrentamiento que eso representaba con los grupos fácticos.

Era una reforma necesaria, impostergable, tan así que todas las fuerzas políticas la aprobaron y hasta el sindicato le entró, pues sabía que el tema de pensiones, como estaba, representaba una bomba de tiempo. La ley desactivó una contingencia financiera y le dio un futuro a las finanzas del estado, así como al sistema de pensiones.

Sin dejar la disciplinan financiera y el adecuado manejo político, ha impulsado una infraestructura de alto impacto, cuyos espacios serán aprovechados por las generaciones futuras. Y creo que en el fondo, cuando se habla de obra pública, lo fundamental es eso: construir instalaciones que serán hitos urbanos, puntos de convivencia para nuestros hijos y los hijos de sus hijos.

De ahí el mérito y el reconocimiento de haber comprado el espacio de la Campana y acondicionarlo para hacerlo un centro de recreación y sano esparcimiento, libre al público. La reconstrucción de la Unidad Deportiva Morelos, hoy sede de grandes eventos deportivos nacionales e internacionales y, en esa tesitura de grandes obras, el potencial que tiene la antigua zona militar.

Ya propiedad del gobierno y todos los colimenses, ese espacio será de un gran valor social, ubicado en un punto estratégico del desarrollo de la zona metropolitana del estado. O la construcción del C5, infraestructura sin parangón y que mejorará de manera significativa el trabajo de inteligencia contra los grupos delictivos.

Sí, vienen tiempos difíciles en estos próximos dos años, de gran incertidumbre por el nulo crecimiento económico, la falta de generación de empleos y la caída en los ingresos federales. Hoy, más que nunca, se requiere de un gobierno responsable y eficiente.

DOS PUNTOS

Urgente que los apoyos de la federación lleguen a Colima por las afectaciones de Narda y de Lorena, sendos fenómenos que causaron grandes daños a la entidad.