BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 19/09/2019

¿Y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES DE LA 4T?

Un día y otro también, el presidente Andrés Manuel López Obrador condena los actos de corrupción del pasado. Pero todo queda en el discurso y no se aprecia acciones concretas, específicas, que permitan combatir la corrupción y prevenirla.

Es claro que no basta con el ejemplo presidencial y se requiere, ineluctablemente, una reforma estructural que permita garantizar el estado de derecho, el cumplimiento de las leyes y abatir, así, la impunidad, principal catalizador de la corrupción.

En México, de acuerdo a cifras del Índice Global de Impunidad en México, el 99.3 por ciento de los delitos quedan impunes. Solamente se denuncian de cinco a cuatro delitos por cada 100 que se cometen, y de esos cinco sólo un 12 por ciento llegan a un tipo de investigación con resolución favorable o en contra del denunciante.

Es una estadística terrorífica, que refleja de manera contundente la depauperización del estado de derecho en nuestro país, factor que favorece y propicia la corrupción en el sistema político y dentro de las instituciones de México. Es urgente, por lo tanto, una reforma estructural que permita garantizar, propiciar, a través de todo un andamiaje legal –controles y evaluaciones internas, mejores mecanismos de rendición de cuentas y transparencia--, la justicia en nuestro país.

A poco más de ocho meses del gobierno de Andrés Manuel, no se ha visto el impulso de las reformas estructurales, como en su momento se dio con el Pacto por México, que permitió impulsar reformas tan trascendentes como la energética, la de telecomunicaciones y la educativa (ésta última lamentablemente derogada por el pacto político entre el presidente y la CNTE).

Y me remito a los hechos: la gran mayoría de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Peña Nieto ahí están, siguen vigentes y le funcionan al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tan es así que no las ha derogado, como sí lo hizo con la reforma educativa.

Por un lado, la reforma de telecomunicaciones permitió eliminar las llamadas de larga distancia y acabó con el monopolio televisivo, diversificando la oferta de contenidos, lo que favoreció a la población que ahora cuenta con una televisión abierta de calidad, con una programación más variada y enriquecedora para nuestra democracia.

De igual forma, la reforma energética propició una derrama histórica en Inversión Extranjera Directa (IED). En los últimos cinco años de su gobierno, IED incrementó en aproximadamente 53% en comparación con lo registrado en el sexenio anterior, de Felipe Calderón, de acuerdo con datos gubernamentales. Es decir, durante el sexenio de Peña se registraron 193 mil millones de dólares y se colocó a México como el noveno país en el mundo más atractivo para invertir.

Y en eso tuvo que ver mucho la reforma energética. Por eso el gobierno de AMLO no la derogado, igual que la de comunicaciones y las demás. Sólo lo hizo con la reforma educativa porque desarticulaba a los grupos fácticos, cuyos intereses se acoplan con los de Morena y el presidente.

De ahí que el gobierno de Andrés Manuel no tenga reformas estructurales, propiamente hablando, sino más bien contrarreformas, como la misma derogación de la reforma educativa y la amnistía que busca impulsar desde el congreso. Es una incongruencia que en un país donde el 99.3 por ciento de los delitos quedan impunes, se impulse una amnistía para perdonar a quienes violaron la ley y, consecuentemente, se les castigó. Con esto, en lugar de fortalecer el estado de derecho, se le debilita.

DOS PUNTOS

No se ve un trabajo legislativo, en el congreso de la unión, que propicie los grandes acuerdos y el diálogo inteligente para construir las reformas que tanto se necesitan. Contrario a eso, impera el agandalle y la voluntad del grupo mayoritario. Por eso la división de Morena en el senado y la pelea estéril por la mesa directiva en el congreso de la unión.