BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 26/06/2019

REALIDAD VS DISCURSO

El presidente Andrés Manuel, en su discurso político, afirma que la economía va requetebién. La realidad, los datos duros y oficiales, lo contradicen: en campaña el presidente dijo que se crecería un 6 por ciento, ya en el poder bajó la vara a un 4 por ciento, y las instituciones bancarias y organismos financieros (Citibanamex, Banxico, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional) han rebajado la expectativa de crecimiento de un 2 por ciento hasta un 0.5 por ciento, de acuerdo a la última previsión de Barclays.

No se trata de discursos, opiniones, adjetivos, de lo que yo considero o creo, sino de datos duros, de estadísticas e indicadores basados en la realidad, en estudios de proyección que describen el comportamiento de la economía mexicana, y que también están influidos por las malas decisiones del presidente, como la de cancelar el aeropuerto de Texoco y emprender obras inviables, incluso violando la ley ambiental. 

Pero ante esa realidad tenemos el requetebién del presidente, discurso que choca con las cifras del IMSS en generación de empleo. Y son datos oficiales de la 4T: en mayo sólo se generaron 3 mil 983 empleos formales en el país, cifra que representa una caída de 88.7 por ciento frente al mismo mes del 2018, cuando se crearon 33 mil 966 puestos de trabajo formales.

Lo grave, lo preocupante de todo esto, es que el presidente en lugar de tomar en consideración estos datos y actuar con base a ellos, para mejorar las políticas públicas y replantear estrategias, opta por descalificar a las propias instituciones que él dirige y en el colmo de la intransigencia salga con la gracejada de que él tiene otros datos, mismos que contradicen, desacreditan la información oficial de su gobierno.

En lugar de corregir y rectificar para mejorar, el presidente decide mantener los yerros y seguir impulsando recortes presupuestales para dotar de techo financiero a programas clientelares que sólo encumbran la figura presidencial, sin resolver de fondo las causas de pobreza y la desigualdad social.

Por eso mantiene la estrategia de desmantelar instituciones para monetizarlas y distribuirlas en entregas directas de efectivo, por medio de programas asistencialistas –con la agravante de que carecen de reglas de operación—que no generaran empleo ni desarrollo económico. Y los datos duros de arriba corroboran la ausencia de políticas públicas efectivas que reviertan los indicadores negativos.

Sí, el presidente tiene razón al definir que las causas de la violencia derivan de la pobreza y la falta de oportunidades de los mexicanos. Por eso vemos que el sexenio de López Obrador se encamina a convertirse en el más violento de la historia de México: en mayo de 2018 se registraron en México 2 mil 890 homicidios dolosos. En el mismo mes de 2017 la cifra fue de 2 mil 194 y en mayo de 2016, el número de estos delitos fue de mil 736, según cifras oficiales.

Hablo de las tendencias, claro: hace dos años se batió el récord de asesinatos, el año pasado lo superó y las proyecciones para este 2019 es que será el año más violento, con mayor número de ejecuciones en la historia moderna de México. En esa inercia, provocada por la falta de resultados de dos sexenios y en lo que va de éste llevamos más 200 mil muertes relacionadas con la violencia delincuencial.

Las tendencias, pues, no se revierten. La violencia continúa siendo un flagelo, un infierno en nuestro país, pero ahora difuminado por otros problemas emergentes de la 4T, como la crisis de emigración y la amenaza de la recesión económica. Esos no son problemas heredados, sino provocados, surgidos en esta nueva etapa nacional por las malas decisiones del presidente. Y reitero: los datos duros, la información oficial, corroboran que la realidad contradice el discurso del presidente.

DOS PUNTOS

Una pregunta para los diputados que aprobaron la reforma a la ley de movilidad y habilitaron un descuento del 50 por ciento para todos los estudiantes en el transporte público: ¿quién o qué instancia será la que pague este subsidio, que de acuerdo a los mismos transportistas requiere de un apoyo superior a los 200 millones de pesos? ¿Quién o qué instancia, pues, pagará esta cantidad para llevar a la realidad, del papel a los hechos, este descuento universal?