Improcedentes las sanciones para Rafael Gutiérrez y Blanca Isabel Avalos; logran amparo federal

Administrador Colimapm | Colima | 13/06/2019

*Sanciones quedan sin efecto por parte del Congreso del Estado

Un Juez de distrito otorgó a Blanca Isabel Avalos y Rafael Gutiérrez Villalobos, ex secretaria de Finanzas y ex secretario General de Gobierno, respectivamente, un amparo indirecto por medio del cual quedan sin efecto e improcedentes las sanciones aplicadas en su contra por los diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura Local.

Durante la sesión de este jueves, el Congreso del Estado dio lectura a la sentencia emitida por el Juez Segundo de Distrito (Poder Judicial Federal) en el Estado respecto a las sanciones aprobadas por la anterior legislatura en contra de ambos funcionarios de la administración de Mario Anguiano Moreno.

La Comisión de Responsabilidades de la actual Legislatura Local dio resolución correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, en el juicio de amparo indirecto 973/2018-II de su índice 974/2018-II promovidos por el entonces Secretario General de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, y por la ex secretaria de Finanzas, Blanca Isabel Ávalos Fernández, en la administración de Mario Anguiano, relativo al decreto 613, expedido por la Quincuagésima Octava Legislatura Local.

En ambos expedientes, el Juez de Distrito consideró “improcedentes” las sanciones emitidas por la Quincuagésima Octava Legislatura Local en contra de los funcionarios mencionados, debido a que “los señalamientos en su contra no fueron fundados ni motivados”.

Ante esta sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito, que fijaba como plazo para dar respuesta el 13 de junio del 2019, fue acatada por la actual Legislatura “dejando sin efecto las sanciones aplicadas en contra de Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel Avalos Fernández”.

En el decreto 613, de fecha 27 de Septiembre del 2018 y publicado en el Diario Oficial El Estado de Colima el 20 de Octubre del 2018, aprobado por la anterior Legislatura se imponía a Rafael Gutiérrez Villalobos, ex secretario general de Gobierno, una inhabilitación de cinco años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público municipal y estatal.

En tanto que en el mismo decreto se le imponía a Blanca Isabel Avalos Fernández, ex secretaria de Finanzas del Gobierno Estatal, una inhabilitación de cuatro años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público municipal y estatal.

Cabe mencionar que en el mismo decreto 613, la anterior legislativa incluye al ex gobernador Mario Anguiano Moreno, a quien se le inhabilitó por 14 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público municipal y estatal.

Además de que en el mismo se le fijo una sanción económica directa por 515 millones 174 mil 928 pesos, por los actos y omisiones en su gestión.

Ante ello, el presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso del Estado, Vladimir Parra Barragán, afirmó que la actual legislatura “buscará sancionar a los diputados de la anterior Legislatura por no hacer bien su y trabajo” y denunció que en este tema en particular “hubo complicidad entre ex diputados y ex funcionarios estatales” para no integrar bien el expediente, principalmente contra el que fuera el presidente de la Comisión de Responsabilidades, Riul Rivera.

Parra Barragán señaló que se cumplió la sentencia emitida por un Juez Federal, contra el ex secretario General de Gobierno Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel Ávalos Fernández, ex Secretaria de Finanzas, por el caso de la deuda que le dejó a los colimenses el ex Gobernador Mario Anguiano Moreno.

Afirmó que el trabajo del Osafig encabezado en ese entonces por Carlos Armando Zamora González estuvo plagado de inconsistencias, errores y deficiencias, pues por una parte no precisa la conducta imputable y el  motivo por el cual se pretende sancionar y no motiva los daños que se hicieron a la hacienda estatal y no especifica los montos no autorizados por la ley.

“La anterior legislatura hizo un juicio a modo, sin fundamentar, lo que les dio una ventana para ganar en un amparo, y deben ser responsables quienes hicieron deficientemente su trabajo y simularon que estaban sancionando, cuando en realidad lo hicieron en acuerdo para que pasara el tiempo y cuando se fueran en amparo lo pudieran ganar”, concluyó.