BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 04/04/2019

LA REFORMA EDUCATIVA DE PEÑA Y DE AMLO

El siguiente texto pertenece a estratos de esta columna periodística que se difundieron entre 2015 y 2016, cuando el gobierno de Peña enfrentaba una crisis con el magisterio disidente, mismo que ahora tiene paralizada la reforma educativa de AMLO en el congreso de la unión:

“Los maestros y maestras, más que ir en contra de la Reforma Educativa, no están a favor de la Ley General del Servicio Profesional Docente, esencialmente en el capítulo VIII, que versa sobre la permanencia en el aula: importante la diferenciación para dejar de lado las consignas políticas, que proliferan en la desinformación.

Los docentes bien informados no pueden repudiar la Reforma Educativa, porque ésta implementa acciones operativas que los benefician tanto a ellos como al alumnado. Estos programas son el de Escuela Digna, cuya misión es canalizar más recursos para la mejora de infraestructura educativa.

También está el Escuela de Tiempo Completo que amplía dos horas más la jornada escolar, con su consecuente beneficio económico para el magisterio, además de que los estudiantes tienen más horas de clase, principalmente en materias como español y matemáticas.

La reforma educativa, asimismo, incluye el programa de Escuela de Calidad, en el cual se canalizan recursos a los planteles escolares, con la finalidad de que mejoren los procesos pedagógicos, así como la entrega de más apoyos económicos para el fortalecimiento de la autonomía escolar.

No se debe soslayar que la entrega de computadoras portátiles y Tablet a estudiantes de quinto de primaria se registró en el marco de la Reforma Educativa, que entre sus aspectos busca alcanzar un mayor grado de inclusión y alfabetización digital.

La Reforma Educativa es positiva: es la mejor reforma impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la Ley General del Servicio Profesional Docente debe ser susceptible a modificaciones.

Primero, aunque el magisterio en Colima es de calidad probada, se le debe dar más certidumbre a los docentes que apliquen el examen: debe haber total transparencia del proceso y que el maestro o maestra conozca, a detalle, cuáles fueron sus errores y aciertos en la evaluación; esto para una correcta regularización y capacitación posterior.

Es una verdad insoslayable que el hecho educativo se da en las aulas, en los salones de clase, por lo que la evaluación debe ser integral y dar un mayor peso al proceso pedagógico realizado en el salón, con los estudiantes, y que no sea determinante los que se responda en un examen, en el que pueden influir un sinnúmero de factores.

En su columna Indicador político, Carlos Ramírez difunde los datos de la encuesta nacional que la empresa Prospecta consulting aplicó sobre el problema magisterial y la reforma educativa. Los resultados son claridosos y reflejan el sentir de la ciudadanía.

Por ejemplo, el 90 por ciento de los encuestados apoya la reforma educativa y en el mismo porcentaje rechaza los paros, plantones y bloqueos de la CNTE. El 88.6 por ciento aceptan la aplicación de evaluaciones para la asignación de plazas y el 90.3 por ciento repudia la venta o herencia de plazas docentes.

Referente a la mesa de negociación vía gobernación, el 37.6 por ciento dijo que es una pérdida de tiempo, el 25.2 la calificó como una derrota del gobierno federal y el 20.4 por ciento consideró que el diálogo fortalece a la CNTE. El 82 por ciento no ve solución al conflicto con las mesas de negociación.

Ante esta tesitura, lo peor que puede hacer el gobierno es no hacer nada. Mantenerse pasivo ante la impunidad de quienes bloquean carreteras y dejan sin clase a miles de estudiantes –en Chiapas el 58 por ciento de las escuelas cerraron en y Oaxaca el 53 por ciento–.

Hasta el momento el gobierno federal ha concedido. Ha dejado libre a los dirigentes de la disidencia magisterial, a pesar de que existe un proceso penal en su contra, y a cambio ha recibido más paros en escuelas, bloqueos de carreteras y amenazas.

¿Hasta cuándo, pues, va actuar el gobierno federal a favor de los ciudadanos y va a proteger el derecho de la educación de la niñez? El tiempo corre”.

Dos puntos

Reitero lo escrito durante el 2015 y 2016: la reforma educativa, aprobada por la conjunción de fuerzas políticas convergentes en el Pacto por México, es necesaria. Es falso que buscara despedir a los docentes, pues en la misma ley, en lo parte de los transitivos, se establecía que ningún maestro era dado de baja del sistema por no aprobar la evaluación. Es cierto, por otro lado, que la reforma educativa del 2013 requiere mejorarse y perfeccionar aquellos detalles que generan temores al magisterio, pero la evaluación es indispensable para mejorar los procesos educativos.  Eso es una realidad, y ahora ese proceso está en riesgo por la intransigencia de la CNTE, que busca recuperar el control de la asignación de plazas y el dinero de la nómina educativa.